El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para modificar el artículo 127 constitucional y otorgar certeza jurídica a las pensiones de jubilados de Banrural y otros organismos públicos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, refrendó el respaldo de su bancada a los jubilados y pensionados del extinto Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), al impulsar una reforma constitucional para otorgar certeza jurídica a sus pensiones y corregir las afectaciones derivadas de la modificación al artículo 127 de la Constitución.

Durante una conferencia de prensa, acompañado por representantes nacionales y estatales de jubilados de Banrural, el legislador sostuvo que diversos extrabajadores de instituciones públicas han visto afectados sus derechos pensionarios tras la reforma constitucional, pese a que sus beneficios fueron otorgados conforme a las condiciones laborales vigentes al momento de su retiro.

La propuesta también busca beneficiar a jubilados de organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) que enfrentan una situación similar.

PRI propone modificar el artículo 127 constitucional

Rubén Moreira Valdez explicó que el PRI ha promovido diversas iniciativas para corregir esta problemática, entre ellas las presentadas por la diputada Ana González, la senadora Carolina Viggiano, así como una propuesta elaborada junto con el diputado Noel Chávez.

El objetivo es modificar las fracciones III y IV del artículo 127 de la Constitución para proteger los derechos adquiridos de las personas pensionadas y eliminar la incertidumbre jurídica generada por la reforma publicada en abril de 2026.

El legislador señaló que la iniciativa parte del reconocimiento realizado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la cual identificó una contradicción normativa entre las disposiciones aplicables a las remuneraciones de los servidores públicos en activo y las relativas a jubilaciones y pensiones.

Buscan respetar derechos adquiridos

La iniciativa plantea que el límite para las jubilaciones y pensiones del servicio público corresponda al monto neto que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, actualmente de 134 mil 290 pesos.

Asimismo, propone que las pensiones cubiertas mediante fideicomisos derivados de procesos de liquidación, desincorporación o extinción de entidades públicas o bancas de desarrollo continúen rigiéndose por las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos que les dieron origen.

Entre estos mecanismos se encuentra el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), creado para cumplir con obligaciones pensionarias previamente adquiridas.

Jubilados piden corregir efectos de la reforma

La presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural, María del Socorro García Mora, afirmó que la principal preocupación del gremio es corregir la aplicación retroactiva del decreto, al considerar que continúa afectando a los pensionados.

Indicó que actualmente existen 5 mil 200 jubilados de Banrural, de los cuales 360 han resultado perjudicados por los cambios derivados de la reforma constitucional.

La representante reconoció el respaldo del diputado Rubén Moreira Valdez y de legisladores de distintas fuerzas políticas para impulsar modificaciones que otorguen seguridad jurídica a los extrabajadores.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI informó que la iniciativa busca armonizar el texto constitucional, eliminar contradicciones normativas y establecer reglas claras que respeten los derechos adquiridos de los jubilados, evitando interpretaciones divergentes en la aplicación del artículo 127. –sn–

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