Defensoras de derechos humanos y víctimas denunciaron ante la CIDH que miles de mujeres y menores enfrentan violencia vicaria en México sin una ley nacional específica ni mecanismos efectivos de seguimiento.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La ausencia de una legislación nacional específica para sancionar la violencia vicaria y la falta de mecanismos institucionales de seguimiento fueron expuestas por defensoras de derechos humanos y víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al advertir que esta forma de violencia continúa afectando a miles de familias en México.

Durante la audiencia, las organizaciones señalaron que al menos 5 mil 286 mujeres y 11 mil 100 niñas, niños y adolescentes viven situaciones de violencia vicaria en el país, fenómeno que, afirmaron, requiere una respuesta integral de las autoridades para garantizar la protección de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia.

Las participantes expusieron que la ausencia de un marco jurídico homogéneo y de mecanismos nacionales de supervisión dificulta la prevención, investigación y sanción de estos casos, además de generar diferencias en la atención que reciben las víctimas entre las distintas entidades federativas.

Solicitan fortalecer la protección a víctimas

Las defensoras solicitaron a la CIDH dar seguimiento a la situación de la violencia vicaria en México y promover acciones que contribuyan a fortalecer las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia.

También plantearon la necesidad de contar con políticas públicas que incorporen la perspectiva de derechos humanos, género e interés superior de la niñez para atender este tipo de violencia.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es una modalidad de violencia de género en la que una persona utiliza a las hijas, hijos u otros seres queridos para causar daño emocional, psicológico o patrimonial a la madre o persona cuidadora.

Especialistas consideran que esta forma de violencia puede manifestarse mediante la retención de menores, la obstaculización de la convivencia, amenazas, manipulación o cualquier conducta encaminada a ejercer control o provocar sufrimiento a través de terceros.

Piden armonizar la legislación

Las organizaciones participantes señalaron que, aunque diversas entidades federativas han incorporado la violencia vicaria en su legislación, persisten diferencias en su reconocimiento, tipificación y mecanismos de atención.

Por ello, solicitaron avanzar hacia una respuesta coordinada entre los distintos órdenes de gobierno que permita fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como garantizar el acceso a la justicia en todo el país. –sn–

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