La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz determinó que existen elementos para continuar el procedimiento de desafuero contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, ambos de Movimiento Regeneración Nacional (MC), a fin de que enfrenten los procesos legales correspondientes.

Por Roberto Córdova | Corresponsal                                     

La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz determinó que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento de desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano (MC), con el propósito de que puedan enfrentar los procesos judiciales iniciados en su contra.

La decisión no implica una declaración de culpabilidad, sino que busca retirar la inmunidad procesal de los servidores públicos para que las autoridades judiciales puedan continuar con las investigaciones y, en su caso, desarrollar los procedimientos penales correspondientes.

La presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, explicó que el análisis realizado por los legisladores se limitó a determinar si existen condiciones jurídicas para permitir que la justicia continúe su curso, sin prejuzgar sobre la responsabilidad penal de los alcaldes.

Congreso aclara alcance del desafuero

Naomi Edith Gómez Santos precisó que el procedimiento de desafuero no constituye una sentencia ni una resolución sobre la culpabilidad de los presidentes municipales.

«Lo único que decidimos es que, al ser servidores públicos, si al final existen elementos suficientes para que se lleve a cabo un procedimiento penal y que un juez decida, entonces que se haga», señaló la legisladora al explicar el alcance de la determinación adoptada por la Comisión Instructora.

Con ello, el Congreso estatal busca garantizar que las investigaciones puedan desarrollarse bajo las mismas condiciones jurídicas que las aplicables a cualquier ciudadano, una vez retirado el fuero constitucional.

El proceso continúa en el Congreso

Tras el dictamen de la Comisión Instructora, el procedimiento deberá seguir las etapas previstas por la legislación local antes de que el pleno del Congreso determine si procede retirar el fuero constitucional a ambos alcaldes.

En caso de aprobarse el desafuero, corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales continuar con los procesos penales conforme a derecho, mientras los funcionarios conservarán la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

Fuero y responsabilidad penal

El fuero constitucional constituye una protección procesal para determinados servidores públicos durante el ejercicio de su cargo; sin embargo, su retiro permite que las autoridades competentes ejerzan acciones penales cuando consideran que existen elementos suficientes para ello.

La determinación adoptada por la Comisión Instructora representa una etapa del procedimiento legislativo y no modifica, por sí misma, la situación jurídica de los alcaldes hasta que concluya el proceso previsto por la legislación de Veracruz. –sn–

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