SN Redacción
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la suspensión temporal de las actividades de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en la entidad responde a una medida preventiva derivada de las recientes detenciones realizadas por el gobierno federal contra presuntos responsables del delito de extorsión. Cabe recordar que el pasado sábado se anunció la detención de presuntos extorsionadores en la región aguacatera de Michoacán, entre ellos el líder del Cártel de los Reyes, identificado como Alfonso Fernández Magallón, alias La Quiringa, quien cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.
Estados Unidos reforzó su ofensiva contra el nuevo liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con recompensas por más de 100 millones de dólares y la restricción de visa a 65 personas, entre ellos familiares y socios personales o comerciales cercanos de personas vinculadas a la organización criminal. Así lo explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien subrayó que EU «está persiguiendo, desmantelando y destruyendo al cártel». El objetivo principal es Juan Carlos Valencia, alias Pelón —nuevo líder tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera El Mencho—, por quien se ofrecen 25 millones de dólares. El director de la DEA, Terrance Cole, subrayó que la estrategia «incluye a miembros del gobierno mexicano, quienes protegen al CJNG y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia». En tanto, agentes de la Policía Nacional de España, en coordinación con la Oficina Antiestupefacientes de Francia, desarticularon una rama del CJNG dedicada al tráfico internacional de metanfetamina.
El gobierno de Estados Unidos escaló la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al presentar cinco nuevas acusaciones y un aumento de las recompensas hasta por 102 millones de dólares contra ocho de sus cabecillas. La mayor compensación, de hasta 25 millones de dólares, fue fijada para Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, identificado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como un «objetivo prioritario». El procurador interino de Justicia, Todd Blanche, anunció las medidas y aseguró que la administración de Donald Trump utilizará «todas sus herramientas» para llevar ante los tribunales a los integrantes de esa organización criminal.
Para la campaña en Estados Unidos de «avocados from Mexico, always good (siempre bueno)», el panorama se tornó complicado. El gobierno de Donald Trump canceló temporalmente los envíos de aguacate del estado de Michoacán hacia su territorio por la inseguridad que padecen sus inspectores de sanidad fitosanitaria en esa zona. El Departamento de Agricultura de EU (US-DA, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión de actividades por la violencia de los últimos días provocada por la captura de lideres criminales que controlan la zona con el cobro de piso y la extorsión.
El exembajador de EU en México Ken Salazar sugirió la necesidad de establecer reglas claras en materia de cooperación y actuación de las agencias de seguridad de ambas naciones con un acuerdo bilateral similar al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Fue enfático en que las soluciones migratorias y de seguridad no pueden limitarse a la frontera norte e insistió en poner especial atención en la frontera chica. «No se pueden solucionarlos problemas de seguridad o migración nomás por esta frontera, se tiene que ver al sur y si no lo hacemos, va a seguir esta crisis humanitaria que hemos tenido por décadas», aseguró.
El gabinete de Seguridad federal confirmó el homicidio del tiktoker de 25 años, César Gastélum, en un ataque directo, mientras realizaba una transmisión en vivo, afuera de un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. Informó, en un breve comunicado publicado en redes sociales, que, en coordinación con la Fiscalía estatal, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Detalló que «entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo». Precisó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables.
El exmilitante morenista Roldán Álvarez Ayala es investigado por el Gabinete de Seguridad como líder de Los Erres y está incluido en las indagatorias junto a su hermano Ramón Ángel, El R1, por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Roldán fue contemporáneo de una bancada histórica: ahí figuraban los priistas Humberto Roque Villanueva y Dulce María Sauri, también del panista Antonio Lozano Gracia y Manuel Espino —hoy morenista con largo pasado panista— entre otros.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación auditar el proceso de contratación de la empresa Territorium Life para la aplicación en línea del examen de ingreso a licenciatura 2026. Además de esta revisión, la Universidad anunció el día de ayer otras dos auditorías a la compañía realizadas por la Contraloría de la institución У una empresa especializada que aún no ha sido definida. La institución informó la terminación anticipada del contrato con Territorium Life para proceder con el deslinde de responsabilidades.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que la cancelación de alrededor de 3 mil 200 exámenes de ingreso a licenciatura por irregularidades no se sustentó en sospechas, sino en expedientes individuales integrados con evidencia digital, que incluyen la grabación completa de las tres horas de aplicación de cada prueba, además del registro de las alertas generadas por la plataforma. Respecto a los juicios de amparo promovidos por algunos aspirantes, Concha Cantú detalló que hasta el martes pasado, la UNAM tenía conocimiento de cerca de diez demandas, aunque ninguna había sido notificada formalmente a la institución y, según la información disponible, algunos jueces habían requerido a los promoventes precisar el acto reclamado antes de decidir sobre su admisión.
El secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez, reveló que los gobiernos de esa entidad, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas aceptaron revisar la denominación, los planes y programas de estudio de sus bachilleratos militarizados con el propósito de armonizarlos con los criterios establecidos por la SEP. La decisión fue tomada tras una reunión encabezada por el titular de la dependencia federal, Mario Delgado, con la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas. Como parte de los acuerdos, la Federación y los estados convinieron en trabajar de manera coordinada para adecuarlos modelos educativos que correspondan, garantizando la continuidad del servicio para los estudiantes.
La Secretaría de Marina concluyó su participación en el ejercicio multinacional Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026, considerado el mayor ejercicio naval del mundo, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas, la interoperabilidad, la cooperación internacional y la seguridad marítima. Del 24 de junio al 31 de julio, el ejercicio organizado por la Flota del Pacífico de los Estados Unidos reunió a las armadas de 30 países, entre ellas las de Canadá, México, Estados Unidos, Colombia y Chile para reforzar operaciones conjuntas frente a amenazas regionales en el mar. La edición 2026 marca la primera vez que Chile, una armada latinoamericana está al mando de la Fuerza de Tarea Anfibia.
Giovanni “N”, alias “El Chícharo”, y Sara “N”, presuntos integrantes de La Unión Tepito, fueron detenidos durante un cateo en un domicilio ubicado en el Municipio de Nezahualcóyotl por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía mexiquense. Los datos de prueba obtenidos sobre la posible utilización de la propiedad usada para almacenar droga fueron entregados al Ministerio Público para que, a su vez, solicitara una orden de cateo a un Juez de Control, la cual concedió.
González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero —ambos del partido Movimiento Ciudadano (MC)—, de tal modo que podrán ser procesados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos que se les imputan en Veracruz. Antes de la votación, los abogados de ambos alcaldes acudieron al Congreso y adelantaron que analizaban promover amparos para evitar posibles detenciones una vez retirada la protección constitucional. “La fiscalía está en condiciones de solicitar una orden de aprehensión; estamos trabajando en un amparo”, señaló Izaskún Moreno, representante legal de Raúl González, quien calificó las acusaciones contra su defendido de un asunto político.
Vecinos del Edificio Isabel, en la Colonia Tacubaya, denunciaron un nuevo caso de hostigamiento para desalojar del inmueble a un histórico comercio. Un local con más de 30 años de historia en la venta y mantenimiento de electrodomésticos fue orillado a dejar el Edificio Isabel por no poder cubrir el incremento de 18 por ciento en la renta. «Para cualquiera es inviable cumplir con un incremento de esa magnitud, era obvio que el objetivo era obligarlos a entregar el local», consideró uno de los residentes. Aunque en febrero de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un tope al incremento de rentas en la Cdmx (no puede ser superior a la inflación del año anterior), la medida sólo aplica para inmuebles destinados a casa habitación.
Miles de comercios que dependían de un espacio dentro de los centros comerciales sufrieron un duro impacto económico durante la emergencia sanitaria, luego de que las principales empresas desarrolladoras y operadoras del país articularan un pacto ilegal para congelar apoyos financieros. La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) destapó este esquema y determinó que las prácticas anticompetitivas cometidas por los gigantes del sector «provocaron daños estimados por 404 millones de pesos», castigando directamente la viabilidad operativa de pequeños y medianos establecimientos en plena crisis del covid-19. El litigio comercial escalará ahora a los tribunales del Poder Judicial de la Federación para determinar si la multa se mantiene firme.
El Congreso de la Ciudad de México exhortó a los titulares de las 16 alcaldías capitalinas a difundir información clara, accesible y oportuna, y coadyuven con las autoridades competentes en la orientación, canalización y atención de las denuncias relacionadas con posibles casos de despojo de inmuebles, privilegiando en todo momento la protección de las personas afectadas, el acceso a la justicia y la prevención de la impunidad.
Con el fin de combatir el analfabetismo y reducir el rezago educativo en México al mínimo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Procuraduría Agraria (PA) firmaron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto, difundir y promover los servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria entre las comunidades agrarias y ejidatarias del país. El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, reafirmó su compromiso con la tarea del INEA para contribuir a cerrar las brechas de desigualdad en materia educativa y brindar una justicia agraria plena a través del acceso al derecho a la educación para las personas titulares de los derechos agrarios, sus familias y para los pobladores de los núcleos agrarios de México.
Como parte de las investigaciones contra el despojo en la capital, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México (Cdmx) aseguró un inmueble perteneciente a la familia del reconocido muralista Jorge González Camarena, ubicado en la calle Martín Mendalde, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que existen elementos para establecer que se trató de un despojo. Explicó que, tras entrevistas, inspecciones y consultas en el Registro Público de la Propiedad, un juez de control autorizó el aseguramiento para preservar la propiedad mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables.
La jefe de gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, presentó un decálogo de acciones para reforzar el combate al delito de despojo, entre las que destacan el aumento a 22 años de cárcel, un protocolo de actuación de la policía, la creación de una defensoría jurídica de la propiedad y nuevos plazos de 15 días para la restitución de inmuebles. En conferencia, la mandataria capitalina estuvo acompañada por su gabinete de Seguridad, la fiscal Bertha Alcalde y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de ciudad de México, Rafael Guerra, quienes detallaron la estrategia para combatir este delito que, aseguraron, no ha aumentado significativamente.
Entre enero de 2016 y junio de 2026, la Fiscalía de la ciudad de México registró 39 mil 436 despojos a inmuebles, concentrados en diez colonias, la mitad se ubican en la alcaldía Cuauhtémoc de acuerdo con datos oficiales. Datos de la FGJ-Cdmx señalan que al menos 30 despojos cometidos entre 2019 y 2025 se han investigado por la presunta participación de servidores públicos. Según el portal de datos abiertos de la dependencia, entre 2016 y 2026 se identifican 30 carpetas de investigación por despojo adscritas a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Se trata de casos por despojo que se denunciaron ante el Ministerio Público porque los presuntos responsables son servidores públicos. La autoridad acreditó que existían elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación en esta fiscalía especializada.
La ciudad de México acelerará la respuesta institucional contra el despojo con una nueva estrategia que fija un plazo máximo de hasta 15 días para asegurar restituir inmuebles invadidos y de 30 días para judicializar los casos en los que exista evidencia suficiente del delito, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Al presentar el reforzamiento de la estrategia contra este delito, la mandataria informó que la meta es impedir que las redes criminales los llamados cárteles inmobiliarios lucren con el patrimonio de las familias. Esto con la coordinación del gobierno, la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Poder Judicial.
Gabriel Alejandro Zapata, padre de la joven Dafne, fue vinculado a proceso en 2019 por el presunto delito de violación equiparada en agravio de la menor. La madre, Alejandra Quintos, reveló que este viernes ambas partes deberán comparecer ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial, en El Mante, para el inicio del juicio oral correspondiente a la carpeta de investigación 254/2019. La madre recordó que la batalla judicial contra Gabriel Alejandro comenzó en 2019.
Profesores despedidos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) denunciaron que, tras cinco años de litigio y amparos ganados que reconocen su relación laboral con la institución, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 11 ha retrasado el proceso de ejecución de las sentencias para lograr su reinstalación y el pago de salarios caídos. En conferencia, Gerardo Reyes, Rubén Osorio, Patricia Lache y Mario Juárez recordaron que el caso comenzó en 2021, cuando decenas de académicos fueron separados de sus funciones sin indemnización, pues el Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (OCUBBJ) sólo los consideró “beneficiarios de un programa social”. Los tribunales determinaron que sí existe relación laboral, conforme al artículo 123 constitucional. Sin embargo, acusaron que la JFCA no notificó los laudos al OCUBBJ, lo que permitió promover un amparo y retrasar su cumplimiento.
A puerta cerrada y sin acceso a la prensa, el Congreso de Veracruz ha retirado este miércoles, por mayoría de 40 votos a favor de los 50 diputados que forman el pleno— una mayoría superior a los dos tercios que exige la ley—, el blindaje constitucional al presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. La resolución del Legislativo no determina su culpabilidad, pero despeja el camino para que la Fiscalía General del Estado lo someta a proceso penal por su presunta responsabilidad intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, sacada por la fuerza de su casa en junio y cuyo caso volvió a colocar a Veracruz como una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México.
Luego de que un grupo de aproximadamente 120 trabajadores y la directora del Canal Once, Renata Turrent, retomaron el control de las instalaciones del medio público ubicado en el Casco de Santo Tomás, el domingo pasado, Turrent confirmó que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República «contra quien resulte responsable» por daños a los bienes del Canal, es decir, a la videoteca del medio, la cual resguarda material histórico de sus emisiones.
Iván Martín N, supuesto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, fue vinculado a proceso por un juez de control que le impuso como medida cautelar un año de prisión preventiva oficiosa en el penal de Puente Grande. El 13 de mayo de 2025 Valeria fue asesinada cuando transmitía en vivo desde su salón de belleza en el municipio de Zapopan. El juez vigésimo de Control y Juicio Oral, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Partido Judicial, Miguel Ángel Galván Esparza, además impuso a Iván N un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) analizan presentar una denuncia contra la sindicatura de la quiebra debido a presuntas irregularidades en la contratación de servicios legales y administrativos que, consideran, podrían afectar el patrimonio que esperan recuperar de la siderúrgica, ubicada en Monclova, Coahuila. Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores, indicó que aunque consideran positivo que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó la publicación de la convocatoria para la subasta de AHMSA, persiste la inconformidad por la conducción del proceso por parte del síndico.
México obtuvo una resolución favorable en un arbitraje internacional promovido por fondos estadounidenses vinculados con acreedores de TV Azteca, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó que no tenía jurisdicción para atender la reclamación contra el Estado mexicano. El laudo internacional fue iniciado en 2023 por Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, fondos que reclamaban una indemnización superior a 219 millones de dólares, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ante el CIADI, organismo del Banco Mundial (BM) encargado de resolver controversias entre inversionistas y estados.
Los asesores estadounidenses encargados de liquidar a The Dolphin Company, operador mexicano de parques temáticos acuáticos, solicitaron a una juez de Delaware autorización para vender algunos de sus parques junto con los animales que albergan. La empresa se declaró en bancarrota el año pasado, después de que los acreedores destituyeran a su director ejecutivo, Eduardo Albor… Los parques mexicanos han sido el centro de una disputa entre acreedores… Rodrigo Constandse Córdova, director ejecutivo de Delphinus, acordó pagar 20 millones de dólares por los complejos… La venta a Delphinus Blue Planet requiere la aprobación de la juea Laurie Selber Silverstein. La juez resolverá la petición de Albor para desechar el proceso, lo que podría permitirle regresar. Afirma que la Suprema Corte de México falló a su favor mediante un amparo y que deben anularse las decisiones favorables a acreedores y asesores estadounidenses. Estos sostienen que han perdido sus casos en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la obligación de los patrones de garantizar a los trabajadores del campo habitación digna y gratuita, alimentación sana, atención médica, guarderías y capacitación, entre otros derechos, al declarar constitucionales las reformas de enero de 2024 a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social. El titular de la Corte, Hugo Aguilar, (el de los zapatos lustrados) apuntó que el tema es de gran impacto, pues afecta a miles de personas, sobre todo indígenas.
La ministro Yasmín Esquivel Mossa impulsó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el fortalecimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, al presentar tres proyectos de resolución que fueron aprobados por unanimidad. Durante la sesión, la Corte resolvió los Amparos en Revisión 587/2025, 199/2026 y 230/2026, en los que determinó que es constitucional exigir a las personas empleadoras proporcionar alojamiento gratuito y digno a los jornaleros agrícolas.
Al resolver el Amparo Directo en Revisión 5422/2024, el Pleno concedió a una mujer el amparo ante una demanda por el cobro de un pagaré por 5 mdp, firmado el mismo día en que contrajo matrimonio con su entonces esposo. Aunque la SCJN validó los artículos 177 y 1167, fracción II, del Código Civil Federal, que establecen que entre cónyuges no corre la prescripción mientras subsista el matrimonio, concluyó que las autoridades omitieron juzgar el asunto con perspectiva de género, pese a los señalamientos de violencia, presión psicológica y control formulados por la quejosa.
Los nueve ministros de la Suprema Corte resolvieron una contradicción de criterios que impacta directamente a miles de personas propietarias de vehículos en México. Determinaron que el plazo para promover un juicio de amparo indirecto no comienza cuando la infracción se entrega al conductor, sino cuando la persona propietaria tiene conocimiento de la multa de tránsito.
Por segundo día consecutivo, un numeroso grupo de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestó ayer frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir un fallo que les permita recuperar sus ahorros de cesantía y vejez. Afirman que la resolución beneficiaría a más de 130 mil ex trabajadores y podría extenderse a otros 100 mil que están por jubilarse. Un grupo de manifestantes fue recibido por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, así como por los ministros Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinosa Mejía y Sara Irene Herrerías Guerra.
Políticos de distintos partidos, principalmente de oposición, académicos y activistas integraron el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo para exigir que el exgobernador de Baja California continúe en libertad o bajo prisión domiciliaria el proceso penal iniciado en su contra por huachicoleo.
En el primer semestre del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) recuperó a los más de 370 mil ciudadanos que habían sido dados de baja del Padrón y Lista Nominal de Electores en el estado, por vencer la vigencia de la credencial. Además, ya ha expedido cerca de 160 mil credenciales con el nuevo modelo. En la primera elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025, la lista nominal quedó en 13 millones 203 mil 452.
¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.
Sociedad Noticias 