SN Redacción
Autoridades federales de Estados Unidos desarticularon en Arizona una red de 21 personas acusadas de abastecer armas a compradores en México mediante prestanombres, compras divididas y enlaces de contrabando. El expediente reúne 158 cargos y concentra cuatro pesquisas que durante dos años rastrearon operaciones en Phoenix relacionadas con más de 100 armas y 125 mil cartuchos.
Autoridades federales desmantelaron cuatro centros presuntamente dedicados al procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde aseguraron más de un millón de litros de hidrocarburos, petrolíferos y sustancias químicas —entre ellos 456 mil 300 litros localizados en un inmueble de Tizayuca, Hidalgo—, además de decenas de tanques industriales, líneas de producción e infraestructura utilizada para estas actividades.
Controlado por integrantes del Grupo Tabasco, el Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado tiene como subdirector de Enlace con el Cuerpo Diplomático a José Antonio Álvarez Macías, quien entre 2020 y 2024 fue el responsable de certificar a los policías que trabajaron bajo las órdenes de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo delincuencial La Barredora.
Veracruz se mantiene como «el estado más letal» para quienes ejercen el periodismo en el país, al tener el mayor número de asesinatos de comunicadores en los recientes años, advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
México recuperó 500 mil dólares de un prestanombres del extitular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna (2006-2012), lo que representa el 0.067 por ciento de los recursos que reclama el gobierno. En la conferencia matutina, la presidente Claudia Sheinbaum explicó que los recursos tienen que ver con el caso Weinberg. Integrantes de la familia Weinberg son considerados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La audiencia contra Ramón N, El R1, por el homicidio de Carlos Manzo se aplazó otra vez luego de que la defensa se acogiera a la duplicidad del término constitucional por 144 horas, mientras que un juez rechazó cambiar la pena de cárcel impuesta al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva. Será este viernes a las 9 de la mañana cuando se reanude la comparecencia donde El R1 se enlazará por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social número 10, conocido como El Altiplano.
El Chapo Guzmán insiste en solicitar su extradición a México. Su abogado interpuso un nuevo juicio de amparo contra la negativa del Gobierno Federal de tramitar su repatriación. La demanda se promovió el 7 de julio pasado ante el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, pero la jueza Rosa María Cervantes Mejía no le concedió la suspensión, ya que requirió a la defensa que señale de manera precisa los actos que reclama.
Después de las condenas a México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por considerar que la prisión preventiva oficiosa contraviene estándares internacionales y de varios intentos desde el Poder Judicial para acotar su aplicación, la figura pervivió en México. La prisión preventiva oficiosa fue incorporada a la Constitución en 2008, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), como parte de la reforma que transformó el sistema de justicia penal. A diferencia de la prisión preventiva justificada, que requiere que el Ministerio Público argumente ante un juez por qué la medida es necesaria, la modalidad oficiosa establece que el juez debe imponerla cuando la persona es acusada de alguno de los delitos incluidos en el artículo 19 constitucional.
Tras horas de ser tundido por estudiantes paristas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con reclamos por la “recuperación”, el pasado domingo 2, de las instalaciones del Canal Once que ellos tenían tomado, el secretario general, Ismael Jaidar Monter, se levantó de la tercera mesa de diálogo sin llegar a ningún acuerdo y sin nueva fecha de reunión para intentar resolver el conflicto que lleva poco más de dos meses.
La empresa Territorium Life, la cual estuvo a cargo del fallido examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM, también tomó el control de las evaluaciones en línea del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al asegurar que el software con inteligencia artificial que utiliza «inhibía» actos deshonestos. Entre 2024 y 2025, la compañía recibió al menos tres contratos con el Poder Judicial por un monto total de 50.5 millones de pesos para la supervisión de exámenes a distancia en concursos de oposición
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pagó a la empresa Territorium Life alrededor de 68 millones 192 mil pesos por el uso de una plataforma para aplicar este año el examen de admisión en línea para bachillerato y licenciatura. A raíz de las fallas en la vigilancia durante el examen aplicado a finales de mayo, que derivaron en puntajes atípicos vinculados con trampas tanto individuales como colectivas, la UNAM analiza sanción de hasta 20 millones de pesos a Territorium Life.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el examen de control se aplicará del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes del país, debido a que este año se registró un mayor número de aspirantes foráneos. Cuatro días después de que la comisión técnica de personas expertas informó que lo más viable era repetir de manera presencial el examen a quienes obtuvieron puntajes iguales o superiores al mínimo requerido en ediciones anteriores.
En los últimos seis meses, en México, decenas de miles de personas ingresaron a prisión, lo que contribuyó a que la sobrepoblación carcelaria alcanzara cifras históricas. En las prisiones del país, en estos momentos, 41 mil 918 mujeres y hombres integran una sobrepoblación que se concentra en 140 de los 275 centros penitenciarios. En la última década, jamás se había llegado a ese número. Solo en 2026 el crecimiento del exceso de internos en la capacidad instalada de cárceles fue de 30.2 por ciento.
Este reporte de prensa aborda la visita del Secretario de Estado del Vaticano a territorio mexicano. En él se explica que el representante religioso sostendrá encuentros con el gobierno y la jerarquía católica local para expresar el deseo de una futura visita del Sumo Pontífice al país.
Publicaciones difundidas en redes sociales acusan a Sergio Enrique Orpinel García, secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Chihuahua del Poder Judicial de la Federación (PJF), de solicitar licencias médicas recurrentes por presunta depresión para ausentarse de sus obligaciones oficiales.
Un juez de control vinculó a proceso por el delito de despojo agravado a Virgina N y su hija Diana N, quienes se apoderaron ilegalmente de un inmueble en la colonia Del Valle, lo que derivó en protestas de vecinos y víctimas de este delito. A pesar de que las mujeres señalaron no haber cometido ningún delito, el juez encontró elementos para abrirles proceso por los hechos ocurridos el pasado 21 de julio en la cerrada de Matías Romero, en dicha colonia.
El Congreso capitalino mantiene congeladas al menos cuatro propuestas para combatir el delito de despojo. La diputada de Morena Elizabeth Mateos promovió cambios al Código Penal local para que, cuando la víctima de un despojo sea una persona con discapacidad, mujer y/o persona adulta mayor, en cuanto el Ministerio Público tenga conocimiento del hecho tendrá la obligación de solicitar ante el juez de Control, como medida provisional, la restitución del inmueble materia del hecho delictuoso, siempre que existan datos de prueba suficientes.
La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz determinó que existen elementos suficientes para proceder con el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano (MC). La presidente de la mesa directiva del Congreso estatal, Naomi Edith Gómez Santos, explicó que no se trata de determinar si los presidentes municipales son o no culpables, sino de permitir que continúen los procesos legales que existen en su contra. «Lo único que decidimos es que, al ser servidores públicos, si al final existen elementos suficientes para que se lleve a cabo un procedimiento penal y que un juez decida, entonces que se haga», refirió.
La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, mencionó que desde el inicio de su administración – en octubre de 2024– se han efectuado más de 2 mil mediaciones en las que se invita a las personas que tengan algún conflicto de carácter civil, familiar o mercantil a llegar a algún acuerdo antes de iniciar un conflicto judicial. “Lamentablemente, si hay un problema en cuanto al patrimonio, no se acuerda, no se dialoga qué va a pasar con el bien de la familia y por eso se llega a esas resoluciones judiciales que posibilitan los despojos”, explicó.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con dirigentes de los sindicatos que conforman la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), donde reconoció la generosidad y empatía del líder finado de esta central, Joel Ayala Almeida.
La madre de la joven, Jaqueline Palmeros, coloca un memorial frente al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas; exige que sigan las indagatorias sobre el caso. La foto de Jael Monserrat Uribe Palmeros, junto a la de su madre y otras personas buscadoras, permanece ya frente al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP). Es el memorial que su mamá colocó ayer, a seis años de su desaparición, lapso en el cual, afirmó, aún no ha habido justicia.
Provenientes de 29 ciudades de 22 estados del país, los adultos mayores pidieron ser escuchados por los ministros, en especial por el presidente Hugo Aguilar Ortiz, ponente del asunto, para exponerle argumentos jurídicos con los que buscan que modifique su proyecto, presentado el 1º de julio pasado, que propone mantener la jurisprudencia 185/2008 de la extinta segunda sala de la Corte, la cual les niega el acceso a esos recursos.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa aseguró que los mecanismos alternativos de solución de controversias representan una herramienta fundamental para construir una cultura de paz, al privilegiar el diálogo, el respeto y la resolución pacífica de conflictos, además de ofrecer una vía más ágil y eficaz para acceder a la justicia. Durante la prestación de ese mecanismo en el Poder Judicial de la Federación, la ministra señaló que este modelo de justicia alternativa permite que las personas resuelvan sus diferencias mediante procesos expeditos, equitativos y flexibles, con la intervención de terceros imparciales, evitando que todos los conflictos lleguen a los tribunales. Durante el arranque de este servicio dentro del Poder Judicial también participaron el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz (el de los zapatos lustrados); la ministra Loretta Ortiz Ahlf, y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto de Guzmán Bátiz García
Al inaugurar el Segundo Periodo de Sesiones 2026 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel afirmó que la seguridad jurídica está garantizada en los tribunales y reiteró el compromiso del máximo tribunal con la imparcialidad y la defensa de los derechos humanos. Durante la sesión solemne, Esquivel hizo un balance de los primeros diez meses de la nueva integración, destacando que el pleno ha resuelto más de mil 900 asuntos en más de 140 sesiones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer el decreto 164 del Congreso de Guanajuato que autoriza a la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo a contratar deuda pública por 4 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, destinada a proyectos de inversión pública productiva. Por unanimidad y sin discusión, el pleno de la Suprema Corte aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 12 diputados locales de Morena y del Partido del Trabajo (PT), que alegaban que el Congreso autorizó un endeudamiento sin precisar los proyectos de inversión pública productiva, lo cual –a su juicio– violaba el artículo 117, fracción 8 de la Constitución mexicana y favorecía un manejo discrecional y opaco de los recursos públicos.
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) mantiene bajo escrutinio las actividades corporativas de El Puerto de Liverpool y otras empresas en el sector de bienes raíces, tras imponerles una multa superior a los 500 millones de pesos en conjunto con empresas como Gicsa, Grupo Danhos, Grupo Comercial Chedraui y Acosta Verde. Los grupos sancionados alistan recursos de impugnación, previendo un proceso extendido en los tribunales, ya que «tras conocer la resolución, las compañías sancionadas tienen la posibilidad de impugnar ante los dos juzgados especializados en competencia económica, en un litigio que podría extenderse por varios años e incluso llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)».
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) subastará los próximos 11 y 18 de agosto las acciones de la filial mexicana de Codere, para recuperar un adeudo fiscal de mil 900 millones de pesos. La dependencia federal ejecutará un remate comercial debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a su favor en mayo de 2025, con lo que confirmó de forma definitiva los créditos fiscales originados contra la matriz española tras una auditoría en 2008.
El Máximo Tribunal invalidó partes de la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Santa Clara, Durango, que contemplaba cobros en materia de telecomunicaciones, los cuales corresponden exclusivamente a las autoridades federales.No es la primera vez que se ha dado un fallo como este por el mismo tema. Ya lo ha hecho en San Marcos y General Canuto A. Neri, en Guerrero. Así como en Apan, Yahualica y San Felipe Orizatlán, en Hidalgo.
El Congreso potosino recibió las dos primeras notificaciones de parte del Máximo Tribunal respecto de las reformas aprobadas por el Pleno a la Ley Electoral local a una iniciativa presentada por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la cual posteriormente fue modificada con el veto del gobernador Gallardo al apartado que obligaba a que, en el 2027, los partidos políticos postularán a la Gubernatura únicamente mujeres, lo que se le llamó “Ley Esposa”, confirmó la presidente de la Directiva, diputada Sara Rocha Medina, quien precisó que tienen hasta el viernes para darle contestación a la SCJN.
Ministros de la Corte y magistrados electos «por el pueblo», serán juez y parte al revisar un amparo que descalifica la reforma de 2024 que, con acordeones, los llevó a sus cargos. Un juez federal resolvió que la reforma de 2024 al Poder Judicial fue inconstitucional por ser contraria a la Carta Magna original de 1917, por violar derechos humanos y por vicios de procedimiento en su aprobación. Agustín Archundia Ortiz, juez en Materia Administrativa en Jalisco, concedió el primer amparo contra la reforma Constitucional por la cual se impuso la elección por voto popular de todos los jueces del país, entre otros cambios que transformaron radicalmente al Poder Judicial Federal (PJF) y los tribunales estatales.
Legisladores de oposición ironizaron respecto del decreto presidencial para ampliar la transparencia, pues fue este mismo gobierno el que quitó derechos ganados en la materia, como la desaparición de, entre otros órganos autónomos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Datos Personales (Inai).
La consulta pública sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias ha escalado más allá de una discusión técnica. En apenas unos días se ha transformado en una controversia político en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum, el partido gobernante, Morena, la oposición y los medios de comunicación disputan algo más profundo que un conjunto de reglas para radio y televisión: la definición de los límites entre el derecho a recibir información veraz y la libertad de expresión.
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias (LGPDA) tienen visos de inconstitucionalidad, argumenta la especialista Irene Levy, presidente del Observatorio de las Telecomunicaciones de México. “Y recordemos que, además, la comisión reguladora no admite la suspensión en el amparo, o sea, que ni siquiera hay posibilidad de irte al amparo y pedir la suspensión, porque la Constitución establece que no procede ningún recurso administrativo ni la suspensión contra actos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones”.
De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por FactoMétrica se reveló el nuevo panorama electoral que se vive en Nuevo León rumbo al cambio de gubernatura en 2027. El ejercicio detalló que Morena encabeza la lista de preferencias en la intención del voto al obtener el 27.2 por ciento, mientras que Movimiento Ciudadano alcanzó el 23.4 por ciento; seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 14.2 por ciento; el Partido Acción Nacional (PAN), con el 13.9 por ciento; el Verde Ecologista de México, con el 2.5 por ciento, y el Partido del Trabajo, con el
México registró un nuevo récord en su superávit comercial con Estados Unidos: durante el primer semestre de este 2026, el saldo positivo ascendió a 102,581 millones de dólares, un avance de 6.6% en comparación con la primera mitad de 2025, informó este martes la Oficina del Censo.
El Grupo Ollamani, propietario del Estadio Banorte (el histórico Azteca) y de la editorial Televisa, ha reportado una pérdida neta de 557,2 millones de pesos en sus resultados financieros del segundo trimestre, principalmente asociada al pago de la factura del Mundial de Fútbol de 2026, un evento anticipado como multiplicador de valor económico para México que se ha quedado corto frente a las expectativas.
El pasado mes de junio, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más importante del país por la afluencia de pasajeros, recibió a 274 mil turistas menos en comparación con el mismo mes del año pasado, esto debido en parte a la presencia de sargazo en las playas del Caribe.
El crédito de la banca comercial tomó fuerza al cierre del primer semestre de 2026, con un crecimiento real anual de 3.2% en junio, su mayor avance en lo que va del año, aunque el dinamismo del financiamiento al consumo comienza a generar señales de alerta ante el aumento de la morosidad y el menor crecimiento de la economía nacional.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, concluirá este viernes 7 de agosto su mandato de cuatro años en medio de escándalos de corrupción que involucran a jóvenes funcionarias de tercer nivel muy cercanas a él y que acabaron por empañar en los últimos días de su gobierno sus buenos resultados en materia social y de inclusión política. El primer gobernante de izquierda en la historia de Colombia mostró con frecuencia su impericia para la gestión pública y un estilo personal de gobernar muy desprolijo –eran frecuentes sus impuntualidades o ausencias de actos públicos, en medio de rumores de excesos que él mismo desmintió varias veces–, pero nadie discute la poderosa dimensión de su liderazgo social en un país con un sistema político tradicionalmente excluyente y conservador.
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