Un juez vinculó a proceso a un odontólogo acusado de presunto abuso sexual equiparado agravado contra una paciente durante una consulta en la alcaldía Venustiano Carranza. Permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Por Fausto Hernández | Reportero
Un odontólogo identificado como Fernando “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual equiparado agravado, luego de que presuntamente agrediera a una paciente durante una consulta en un consultorio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la ciudad de México.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó los datos de prueba reunidos durante la investigación, los cuales fueron considerados suficientes por el juez de control para iniciar el proceso penal en contra del imputado.
Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la representación social podrá fortalecer la carpeta de investigación antes de una eventual etapa de juicio.
Investigación continúa
De acuerdo con la indagatoria, los hechos habrían ocurrido cuando la víctima acudió a una consulta odontológica y, presuntamente, el profesionista aprovechó la atención médica para cometer el abuso sexual.
La investigación fue integrada por la FGJCDMX, que presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial para solicitar la vinculación a proceso del imputado, quien enfrentará el procedimiento penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Presunción de inocencia
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, sino la determinación judicial de que existen indicios suficientes para continuar el proceso penal.
Conforme al principio de presunción de inocencia previsto en el sistema de justicia penal mexicano, Fernando “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por la autoridad competente que determine su responsabilidad penal. –sn–
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