El diputado Rubén Moreira advirtió que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias podrían generar censura y afectar la libertad de expresión, el derecho a la información y la difusión de ideas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado federal Rubén Moreira Valdez acusó a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de impulsar mecanismos que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, podrían derivar en restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información.
Durante su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, en el que participó junto con Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub Caamal, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias que se encuentran en consulta pública.
Moreira sostuvo que la regulación podría permitir que una autoridad determine qué contenidos son verdaderos, falsos o descontextualizados. Afirmó que el riesgo no se limita a periodistas y medios, sino que puede involucrar el derecho de la población a recibir información por televisión, radio y otros medios.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió el 27 de julio una consulta pública sobre el anteproyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, proceso que permanecerá abierto hasta el 21 de agosto de 2026. El proyecto plantea mecanismos para que las audiencias puedan ejercer sus derechos frente a los concesionarios de radio y televisión.
Moreira cuestiona alcance de los derechos de las audiencias
El diputado priista sostuvo que el problema se encuentra en quién tendría la facultad de determinar cuándo una información es verdadera, falsa o descontextualizada.
Como ejemplo, planteó el debate surgido alrededor del asesinato de Héctor Cuén en Culiacán y cuestionó cómo podría resolverse una controversia cuando existen versiones diferentes y documentos que pueden contradecirse.
Moreira también cuestionó el seguimiento a publicaciones en redes sociales que, según expuso, habría realizado la Consejería Jurídica del gobierno federal, particularmente respecto de contenidos críticos que alcanzan una amplia difusión.
El legislador vinculó este asunto con expresiones de integrantes de gobiernos emanados de Morena relacionadas con periodistas y medios de comunicación. Mencionó los casos de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche para argumentar que existen antecedentes de propuestas o señalamientos que, desde su perspectiva, pueden generar presión sobre el ejercicio periodístico.
Abogado advierte riesgos para tres derechos
Miguel Ángel Sulub Caamal sostuvo que el derecho de las audiencias no corresponde únicamente a los medios de comunicación, sino que involucra directamente a la ciudadanía porque se relaciona con la información que recibe a través de radio, televisión, periódicos, plataformas digitales y redes sociales.
El abogado consideró que una regulación utilizada de manera restrictiva podría afectar tres derechos: el derecho a la información, la libertad de expresión y la libre difusión de las ideas.
Sulub cuestionó además que las publicaciones de personas en redes sociales sean objeto de seguimiento por parte de autoridades cuando se trate del ejercicio de la libertad de expresión.
La controversia ocurre mientras la CRT sostiene que el anteproyecto busca establecer mecanismos para garantizar que las audiencias reciban contenidos e información veraz, plural, clara y respetuosa. El organismo también plantea que los concesionarios cuenten con códigos de ética y defensores de las audiencias.
Gobierno rechaza que exista intención de censura
La postura de Moreira y sus acompañantes contrasta con la explicación del gobierno federal y de la CRT, que han rechazado que los lineamientos tengan como propósito censurar contenidos.
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no habrá censura y explicó que el proyecto se encuentra todavía en consulta pública. La consejera jurídica Luisa María Alcalde también sostuvo que las disposiciones buscan establecer obligaciones relacionadas con códigos de ética y defensores de las audiencias, no determinar qué contenidos pueden difundirse.
El anteproyecto establece que los concesionarios deberán registrar y difundir su código de ética y contar con un defensor de las audiencias para atender las inconformidades de los radioescuchas y televidentes. La CRT plantea intervenir cuando una persona no esté conforme con la respuesta del defensor o cuando el medio no atienda la recomendación correspondiente.
La consulta sobre derechos de las audiencias sigue abierta
La discusión se mantiene abierta mientras transcurre el periodo de consulta pública, que concluirá el 21 de agosto de 2026. Durante este periodo, ciudadanos, académicos, organizaciones civiles y concesionarios pueden presentar comentarios y propuestas sobre el anteproyecto.
En este contexto, Moreira afirmó que México no debe avanzar hacia un modelo de control sobre la información y concluyó su intervención con una acusación directa contra Morena, al sostener que el partido estaría llevando al país hacia un régimen similar al de Nicaragua.
Las afirmaciones corresponden a la postura política del diputado y forman parte del debate en torno a una regulación que todavía se encuentra en proceso de consulta pública y que no constituye, por ahora, un ordenamiento definitivo. –sn–


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