Hacienda publicó nuevas reglas antilavado para Actividades Vulnerables. El esquema incorpora un Enfoque Basado en Riesgo y establece una aplicación gradual desde noviembre de 2026.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó nuevas Reglas de Carácter General vinculadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con las que se amplían y precisan las obligaciones para quienes realizan Actividades Vulnerables y se incorpora el Enfoque Basado en Riesgo como eje del cumplimiento. Las disposiciones tendrán una entrada en vigor gradual, con una primera fecha general prevista para el 30 de noviembre de 2026.

El nuevo esquema obliga a los sujetos regulados a fortalecer la identificación y evaluación de los riesgos asociados con clientes, usuarios, operaciones, productos, servicios, canales y zonas geográficas. El propósito es que los controles se ajusten al nivel de exposición de cada actividad y permitan detectar con mayor precisión posibles operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Las reglas forman parte de la actualización del régimen antilavado derivada de las reformas legales y reglamentarias realizadas en 2025 y 2026. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene entre sus funciones la supervisión de diversas obligaciones relacionadas con las Actividades Vulnerables, entre ellas el registro, la identificación de clientes y usuarios y la presentación de avisos.

Enfoque Basado en Riesgo cambia el cumplimiento

Uno de los principales ajustes consiste en que quienes realizan Actividades Vulnerables deberán contar con mecanismos para identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos derivados de sus relaciones comerciales y operaciones.

El modelo busca sustituir una aplicación uniforme de controles por medidas proporcionales al riesgo. De esta manera, los sujetos obligados tendrán que considerar las características de sus clientes o usuarios, los servicios que prestan, los canales utilizados y las zonas geográficas relacionadas con sus operaciones.

El enfoque también alcanzará las labores de supervisión y verificación de las autoridades, que podrán orientar sus acciones hacia actividades y sectores con mayor exposición al lavado de dinero.

Refuerzan identificación de clientes y beneficiarios

Las nuevas disposiciones también fortalecen las obligaciones relacionadas con el conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y la atención de casos que involucren a Personas Políticamente Expuestas.

El SAT establece actualmente que quienes realizan Actividades Vulnerables deben integrar y conservar expedientes de identificación, verificar información y atender las obligaciones previstas en la LFPIORPI. La autoridad también puede requerir documentación durante visitas de verificación, incluida evidencia del resguardo de información y de la presentación de avisos.

La conservación de información y documentación constituye otro componente del esquema de cumplimiento. El SAT señala que la documentación relacionada con las operaciones debe mantenerse durante los plazos establecidos por la legislación, mientras que los sujetos obligados deben contar con los elementos que acrediten sus procesos de identificación y reporte.

Aplicación será gradual

La entrada en vigor no implicará que todas las obligaciones comiencen a exigirse de manera simultánea. El nuevo régimen contempla un periodo de adaptación para que las personas y empresas inscritas como sujetos obligados actualicen procesos, controles, sistemas y documentación.

De acuerdo con información publicada tras la emisión de las reglas, la fecha general de entrada en vigor será el 30 de noviembre de 2026, mientras que obligaciones relacionadas con la evaluación de riesgos, manuales, clasificación y conocimiento de clientes y beneficiarios controladores tendrán aplicación posterior. Los primeros ejercicios de auditoría están previstos para 2028.

La gradualidad busca permitir que los sujetos obligados adapten sus procedimientos al nuevo modelo antes de que comiencen las etapas de supervisión y auditoría correspondientes.

¿A quiénes afectan las nuevas reglas?

Las disposiciones alcanzan a personas físicas y morales que realizan las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la LFPIORPI. El SAT incluye, entre otros sectores, operaciones relacionadas con juegos con apuesta, determinados servicios financieros no bancarios, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, metales y piedras preciosas y activos virtuales.

Para estos sujetos, las obligaciones pueden comprender el alta y registro, identificación de clientes y usuarios, integración de expedientes, presentación de avisos, conservación de información y atención de visitas de verificación.

La actualización busca fortalecer el sistema preventivo mexicano frente al lavado de dinero y aproximar los controles nacionales a los estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). –sn–

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