Ingenieros mexicanos contratados con visas TN para trabajar en Georgia obtuvieron un acuerdo colectivo por 11.5 millones de dólares contra Hyundai Mobis, Kia Georgia y reclutadoras, tras acusar fraude, incumplimientos salariales y uso indebido de sus permisos laborales.

Por Martín García | Reportero                                      

Un grupo de ingenieros mexicanos contratados mediante visas TN para trabajar en la cadena automotriz de Georgia obtuvo un acuerdo colectivo por 11.5 millones de dólares tras demandar a Hyundai Mobis, Kia Georgia y empresas de reclutamiento por presuntas irregularidades en su contratación y pago de salarios.

El acuerdo corresponde al caso Martinez v. Mobis Alabama LLC et al., tramitado ante un tribunal federal del Distrito Norte de Georgia. Los trabajadores sostuvieron que fueron reclutados en México bajo la promesa de desempeñar empleos profesionales, pero posteriormente fueron asignados a labores de producción y recibieron salarios inferiores a los esperados.

El caso involucra a trabajadores mexicanos titulares de visas TN que fueron reclutados por Total Employee Solution Support (TESS), SPJ Connect o Allswell, y asignados a instalaciones de Hyundai Mobis o Kia Georgia en West Point, Georgia. El periodo considerado para el acuerdo comienza el 11 de agosto de 2018.

¿Qué denunciaron los ingenieros mexicanos?

El Centro de los Derechos del Migrante (CDM) informó que los trabajadores fueron contratados como ingenieros y técnicos científicos bajo el programa de visas TN, destinado a profesionistas mexicanos y canadienses que realizan actividades profesionales en Estados Unidos.

Según la demanda, algunos trabajadores descubrieron después de llegar a Georgia que las funciones que desempeñaban correspondían a puestos de nivel inicial en líneas de producción, y no a los trabajos profesionales que les habían ofrecido durante el reclutamiento.

Las acusaciones también incluyeron presuntas violaciones salariales y discriminación. El CDM señaló que los trabajadores afirmaron haber recibido remuneraciones inferiores a las de compañeros nacidos en Estados Unidos que realizaban labores similares.

Las empresas demandadas negaron las acusaciones y el acuerdo permite resolver el litigio sin que el pago implique una determinación judicial de responsabilidad sobre los hechos alegados.

¿Quiénes recibirán parte de los 11.5 millones?

El acuerdo establece un fondo de 11 millones 500 mil dólares, del cual se cubrirán los pagos correspondientes a los trabajadores que formen parte de la clase, además de honorarios y costos legales.

Una orden judicial estableció 3.45 millones de dólares para honorarios y gastos de los abogados que representaron a los trabajadores. El resto del fondo se distribuirá entre los integrantes elegibles conforme a los términos aprobados por el tribunal.

La clase incluye a personas que, desde el 11 de agosto de 2018, fueron reclutadas por TESS, SPJ o Allswell, asignadas por Allswell a trabajar en las instalaciones de Kia Georgia o Hyundai Mobis en West Point y recibieron salarios de Allswell mientras contaban con una visa TN.

El caso pone bajo escrutinio las visas TN

La visa TN permite a determinados profesionistas de México y Canadá ingresar temporalmente a Estados Unidos para desempeñar actividades profesionales contempladas por el acuerdo comercial de América del Norte.

El CDM sostiene que el litigio exhibió vulnerabilidades en el sistema de contratación de trabajadores mexicanos mediante este tipo de permisos. La organización ha documentado otros casos en los que ingenieros y técnicos mexicanos denunciaron haber sido reclutados para empleos profesionales y posteriormente enviados a realizar trabajos manuales en plantas de la industria automotriz.

El antecedente resulta relevante para trabajadores mexicanos que consideran emigrar a Estados Unidos mediante una visa TN, porque muestra la importancia de verificar las funciones ofrecidas, el empleador que aparece en la documentación migratoria, las condiciones salariales y las responsabilidades que deberán desempeñarse una vez que el trabajador llegue al país.

El acuerdo de 11.5 millones de dólares cierra el litigio colectivo contra las empresas incluidas en el caso, pero no constituye por sí mismo una sentencia que determine que las acusaciones formuladas por los trabajadores sean verdaderas. –sn–

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