Un tribunal colegiado determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional incumplió con la entrega de archivos de la llamada “Guerra Sucia” y estableció la necesidad de crear una comisión imparcial que supervise la identificación, transparencia y transferencia de la documentación histórica.
Por Martín García | Reportero
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá enfrentar un mecanismo de supervisión para hacer efectiva la entrega de archivos relacionados con la llamada “Guerra Sucia”, luego de que un tribunal colegiado reconoció el incumplimiento de la dependencia en la transferencia de documentación histórica vinculada con graves violaciones a derechos humanos.
La resolución fue emitida el 6 de agosto de 2026 dentro del amparo en revisión 43/2025, promovido por Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en 1978. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con esos archivos se requiere la creación de una comisión imparcial de transparencia documental.
El fallo representa un nuevo capítulo de un litigio iniciado en 2023 y coloca nuevamente bajo escrutinio la negativa del Ejército a entregar al Archivo General de la Nación (AGN) documentación correspondiente al periodo de 1965 a 1990, cuando ocurrieron graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas contra movimientos sociales y políticos.
Para Alicia de los Ríos Merino, el acceso a esos documentos tiene una dimensión personal y colectiva: busca información que pueda contribuir a conocer el paradero y destino de su madre, pero el litigio también involucra el derecho de otras víctimas y familiares a conocer qué ocurrió durante uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de México.
Una resolución que cambia el escenario
El expediente judicial se originó después de que la hija de Alicia de los Ríos Merino, acompañada por ARTICLE 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), promoviera un juicio de amparo contra la falta de acceso y transferencia de los archivos militares.
El objetivo no era obtener un documento específico cuyo contenido ya fuera conocido, sino conseguir que se identificara y entregara la documentación histórica que permanece bajo resguardo de la Sedena.
Ese punto fue relevante durante el proceso judicial. Una primera propuesta de resolución planteaba negar el amparo porque la solicitante debía identificar individualmente los documentos que pretendía obtener. Las organizaciones acompañantes argumentaron que esa exigencia resultaba problemática porque precisamente se desconoce qué documentos existen debido a que permanecen fuera del acceso público.
El proyecto fue discutido inicialmente en febrero de 2026 y posteriormente el asunto continuó su trámite hasta llegar a la resolución del 6 de agosto.
La decisión ahora reconoce que la obligación de transparentar y transferir los archivos no puede quedar limitada a que las víctimas conozcan previamente la existencia y ubicación exacta de documentos que permanecen bajo custodia militar.
¿Qué archivos están en disputa?
La controversia se refiere a documentos relacionados con la llamada “Guerra Sucia”, periodo comprendido aproximadamente entre 1965 y 1990, caracterizado por la persecución de movimientos políticos y sociales y por graves violaciones a derechos humanos.
Entre los archivos que pueden contener información relevante se encuentran documentos generados por instituciones de seguridad e inteligencia y por las propias Fuerzas Armadas.
Su importancia no es únicamente histórica.
Durante los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) se tuvo acceso a archivos históricos de la Sedena que contenían documentación que no había sido conocida previamente y que podía aportar elementos para esclarecer violaciones a derechos humanos y establecer líneas de búsqueda de personas desaparecidas.
Esto convirtió a los archivos militares en una pieza relevante para las investigaciones sobre desapariciones ocurridas durante ese periodo.
La desaparición de Alicia de los Ríos Merino
El caso que dio origen al amparo tiene como eje la desaparición de Alicia de los Ríos Merino, quien fue desaparecida en 1978.
La información recopilada durante los últimos años señala que la mujer fue integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y que existen testimonios y documentos que la ubican bajo custodia de instituciones militares durante los primeros meses de 1978.
Una carta pública de apoyo al amparo refiere que Alicia de los Ríos Merino permaneció entre enero y mayo de 1978 en el Campo Militar número 1 y que posteriormente fue trasladada a la Base Aérea Militar número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero, donde fue vista por última vez a principios de junio de ese año.
La búsqueda de su paradero ha continuado durante décadas.
Por ello, para su hija, los archivos militares no representan únicamente un acervo histórico: pueden contener información sobre personas, operaciones, traslados, centros de detención y decisiones tomadas por autoridades durante el periodo en que ocurrió la desaparición.
Una obligación establecida desde 2019
El litigio también tiene como antecedente una disposición presidencial emitida en 2019.
Ese año se estableció la obligación de transferir al Archivo General de la Nación los documentos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas cometidas contra movimientos políticos y sociales del pasado, además de garantizar el acceso público a la información transferida.
La exigencia alcanzaba a distintas dependencias federales, incluida la Sedena.
Sin embargo, organizaciones que acompañan a las víctimas sostienen que el Ejército no ha cumplido de manera integral con esa obligación y que ha mantenido bajo su control documentos que deberían encontrarse disponibles en el AGN.
La disputa judicial se concentró precisamente en determinar qué debe hacer el Estado cuando una dependencia obligada a entregar documentos históricos no realiza la transferencia de manera completa.
El papel del Archivo General de la Nación
El Archivo General de la Nación (AGN) es fundamental para el acceso público a la documentación histórica del Estado mexicano.
La transferencia de los archivos de la “Guerra Sucia” permitiría que investigadores, víctimas, familiares y sociedad en general pudieran consultar documentos bajo reglas archivísticas y de acceso público.
El problema identificado por las organizaciones que acompañan el litigio es que mientras los documentos permanezcan bajo control de la institución que estuvo involucrada en los hechos investigados, el acceso puede depender de decisiones administrativas de esa misma autoridad.
De ahí la relevancia de una instancia independiente que supervise la identificación y transferencia de los documentos.
¿Qué significa la comisión especial?
La resolución establece la necesidad de crear una comisión imparcial de transparencia de archivos como mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la documentación.
La importancia de esta medida radica en que la identificación de los archivos no quedaría exclusivamente en manos de la institución que actualmente los resguarda.
El objetivo es establecer un mecanismo que permita determinar qué documentación existe, cuál debe ser transferida y cómo debe garantizarse su preservación y acceso.
La resolución, de acuerdo con la información difundida por ARTICLE 19, reconoce que la Sedena ha sido omisa en su obligación de transparentar y entregar los expedientes militares de la llamada “Guerra Sucia”.
El alcance concreto de la comisión y las medidas necesarias para su integración deberán establecerse conforme a los términos de la sentencia y las actuaciones posteriores de las autoridades involucradas.
El antecedente del Mecanismo para la Verdad
La discusión sobre los archivos militares tomó fuerza durante los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
El mecanismo, creado para investigar las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, tuvo acceso a documentación de la Sedena y reportó hallazgos que podían aportar nuevas líneas de investigación.
De acuerdo con organizaciones que participaron en el litigio, durante esos trabajos se detectaron documentos hasta entonces desconocidos y elementos que podían contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas.
También se documentaron cuestionamientos sobre el acceso a los archivos militares, incluyendo señalamientos relacionados con cajas y documentos que no habrían estado disponibles en las condiciones esperadas.
Esos antecedentes reforzaron la exigencia de establecer controles externos sobre el manejo del acervo.
El litigio que comenzó en 2023
Alicia de los Ríos Merino promovió el juicio de amparo en noviembre de 2023, acompañada por ARTICLE 19 y el Centro Prodh.
El expediente inicial fue el amparo 1894/2023, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa.
Durante la primera etapa del proceso se concedió una suspensión definitiva para impedir que las autoridades destruyeran, depuraran, eliminaran, escondieran u ocultaran documentos históricos relacionados con las investigaciones de la “Guerra Sucia”. Posteriormente, el juzgado negó el amparo, decisión que fue impugnada.
El asunto llegó así al amparo en revisión 43/2025.
La primera propuesta discutida en 2026 planteaba negar la protección solicitada, pero las magistradas del tribunal cuestionaron ese enfoque y el asunto continuó hasta la resolución que ahora reconoce la necesidad de un mecanismo de supervisión.
Una deuda de casi medio siglo
La disputa por los archivos militares tiene una dimensión que trasciende el caso particular de Alicia de los Ríos Merino.
Durante décadas, familiares de personas desaparecidas durante la “Guerra Sucia” han buscado información sobre el destino de sus seres queridos.
En muchos casos, los documentos oficiales constituyen una de las pocas posibilidades para reconstruir qué ocurrió con personas detenidas, perseguidas o desaparecidas por organismos de seguridad del Estado.
La falta de acceso a esos archivos prolonga la incertidumbre y dificulta establecer responsabilidades.
Por ello, el acceso a la información histórica también está relacionado con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
¿Qué sigue después del fallo?
La resolución del tribunal no significa que todos los archivos serán entregados de manera inmediata.
El siguiente paso consiste en hacer efectivo el mecanismo ordenado por el órgano jurisdiccional y determinar las condiciones bajo las cuales deberá realizarse la identificación, transparencia y transferencia de los documentos.
También será necesario precisar qué instituciones participarán en la comisión, cuáles serán sus facultades y cómo se garantizará que el proceso sea independiente de la autoridad que actualmente conserva los archivos.
La implementación será tan importante como la sentencia.
El objetivo final no es solamente trasladar cajas o expedientes de una institución a otra, sino garantizar que la documentación permanezca íntegra, pueda ser localizada y sea accesible para quienes tienen derecho a conocerla.
Los archivos como herramienta para encontrar desaparecidos
El caso de Alicia de los Ríos Merino permite dimensionar la importancia concreta de los documentos.
Un archivo militar puede contener nombres, fechas, informes, órdenes, registros de operaciones, movimientos de personal, comunicaciones o referencias a personas detenidas.
Cada dato puede convertirse en una pieza para reconstruir una historia que durante décadas permaneció incompleta.
Por eso, para las familias de las víctimas, la apertura de los archivos no constituye solamente un ejercicio de memoria histórica.
Puede ser una herramienta para buscar a personas desaparecidas, identificar responsabilidades y conocer qué ocurrió con quienes fueron perseguidos por el Estado.
Un nuevo límite al control militar de la información histórica
La resolución del Tribunal Colegiado establece un precedente relevante sobre el manejo de documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
El mensaje central del fallo es que el cumplimiento de una obligación de transparencia histórica no puede depender exclusivamente de la voluntad de la institución que conserva los archivos.
En este caso, la creación de una comisión imparcial busca precisamente generar una instancia de supervisión que permita avanzar en la identificación y entrega de documentación.
Para Alicia de los Ríos Merino, el proceso representa una nueva posibilidad de encontrar información sobre su madre.
Para las demás familias de personas desaparecidas durante la “Guerra Sucia”, la resolución puede abrir una vía para acceder a documentos que durante décadas permanecieron fuera del alcance público.
El desafío ahora será convertir la sentencia en documentos disponibles, preservar los archivos y garantizar que la información pueda utilizarse para reconstruir los hechos.
Después de casi medio siglo, la disputa ya no se limita a si esos documentos existen o deben ser entregados. El nuevo punto de discusión será cómo se abrirán, quién supervisará el proceso y qué información podrán aportar para conocer el destino de las personas desaparecidas durante la “Guerra Sucia”. –sn–
¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.
Sociedad Noticias 