La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a Eliana Díaz Magaña con una multa de 138 mil 911 pesos y dos años de inhabilitación por proporcionar información falsa sobre 120 piezas de tacrolimus.
Por Martín García | Reportero
Eliana Díaz Magaña fue sancionada con una multa de 138 mil 911 pesos y una inhabilitación de dos años para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, luego de que se acreditara que proporcionó información falsa relacionada con 120 piezas de un medicamento adquirido durante contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La resolución fue emitida por el Órgano Interno de Control en el IMSS, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y está relacionada con el medicamento Limustin (tacrolimus), lote I20J0121.
El caso tiene además un antecedente sanitario: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó en 2022 que el lote I20J0121 de Limustin de 1 miligramo no era reconocido por el fabricante y correspondía a un producto falsificado.
¿Por qué fue sancionada la proveedora del IMSS?
De acuerdo con la resolución administrativa, durante la vigencia de tres órdenes de compra suscritas en agosto de 2021, Díaz Magaña proporcionó información que no correspondía con el medicamento entregado.
Se trató de 120 piezas identificadas como Limustin Tacrolimus, lote I20J0121, que fueron presentadas y etiquetadas como tacrolimus de 1 miligramo, aunque el contenido no correspondía con el medicamento señalado en los envases primarios y empaques secundarios.
El antecedente sanitario confirma que el lote I20J0121 fue identificado por las autoridades como parte de una falsificación de Limustin. Landsteiner Scientific, titular del producto, informó que ese lote no había sido fabricado ni distribuido por la empresa.
Cofepris también recomendó en octubre de 2022 suspender el uso del producto Limustin de 1 miligramo correspondiente a los lotes I20J0121 y 129B0219, además de solicitar su inmovilización en establecimientos del Sistema Nacional de Salud, distribuidores y farmacias.
Inhabilitación impide nuevas contrataciones federales
La sanción administrativa contempla que Díaz Magaña no podrá participar, por sí misma o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante dos años.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que la sanción fue notificada el 31 de julio de 2026 y posteriormente se incorporó a la persona sancionada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
La medida tiene efectos sobre nuevas contrataciones federales mientras permanezca vigente la inhabilitación.
El monto económico de la sanción se suma a las consecuencias administrativas derivadas de la conducta acreditada por el Órgano Interno de Control.
Un lote de tacrolimus ya había sido identificado como falsificado
El caso adquiere relevancia por tratarse de tacrolimus, un medicamento inmunosupresor utilizado, entre otros fines, para evitar el rechazo de órganos trasplantados.
En noviembre de 2021, Landsteiner Scientific informó que el producto Limustin cápsula de tacrolimus de 1 miligramo correspondiente al lote I20J0121 había sido falsificado y que no tenía relación comercial ni de producción con la empresa.
Posteriormente, Cofepris actualizó su alerta sanitaria y reiteró que el fabricante no reconocía dicho lote. La autoridad sanitaria pidió al Sistema Nacional de Salud, distribuidores y farmacias no adquirirlo y, en caso de contar con existencias, inmovilizarlo y presentar la denuncia correspondiente.
El antecedente permite dimensionar el riesgo asociado con la adquisición y suministro de medicamentos cuya identidad, composición o procedencia no corresponda con la información de sus envases.
La resolución puede ser impugnada
La resolución administrativa contempla el derecho de la persona sancionada a impugnarla mediante los medios legales correspondientes.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que las medidas fueron determinadas conforme a la legislación aplicable y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.
Mientras no exista una resolución que modifique o deje sin efectos la sanción, la inhabilitación impide a Díaz Magaña participar en nuevas contrataciones con la Administración Pública Federal durante el periodo establecido.
El caso muestra además la relevancia de los controles sobre la adquisición de medicamentos mediante contratos públicos, particularmente cuando existen antecedentes de falsificación o irregularidades en lotes específicos. –sn–
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