La FGR habría desplegado un operativo en Paraíso, Tabasco, contra funcionarios municipales por presuntas irregularidades en recursos federales; un director de Obras Públicas habría sido detenido y el alcalde tendría una orden de aprehensión.
Por Enoc Gutiérrez | Corresponsal
La Fiscalía General de la República (FGR) habría desplegado este miércoles un operativo en Paraíso, Tabasco, para ejecutar órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales, entre ellos el presidente municipal Alfonso Jesús Baca Sevilla, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos federales.
De acuerdo con los reportes disponibles, durante las diligencias fue detenido Edison García Wilson, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, quien habría sido localizado en su domicilio y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
La información conocida hasta ahora señala que Baca Sevilla habría abandonado el inmueble antes de la llegada de los agentes federales, acompañado por integrantes de su familia, por lo que permanecería vigente una orden de aprehensión en su contra.
¿Qué funcionarios están involucrados?
Como parte del operativo también se habrían realizado cateos en distintos inmuebles relacionados con servidores públicos municipales. Entre ellos se encuentra una propiedad vinculada con Ronny Magaña, funcionario del Ayuntamiento, la cual habría quedado bajo resguardo de las autoridades.
De acuerdo con información pública previa, Edison García Wilzon ocupaba la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Paraíso, mientras que Alfonso Baca Sevilla encabeza la administración municipal 2024-2027.
La situación jurídica reportada hasta este momento sería distinta para cada uno de los funcionarios señalados: García Wilson permanecería detenido y a disposición de la autoridad judicial; Baca Sevilla tendría una orden de aprehensión vigente, mientras otros servidores públicos serían objeto de investigación.
Investigan presunto uso irregular de recursos federales
Las indagatorias estarían relacionadas con el supuesto manejo irregular de recursos provenientes del Ramo 33, además de posibles hechos que podrían constituir delitos como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
El Ramo 33 comprende recursos federales que se transfieren a estados y municipios para atender distintos servicios y necesidades públicas. Por ello, cualquier investigación sobre su aplicación debe determinar, con base en pruebas y resoluciones judiciales, si existieron conductas ilícitas y quiénes serían responsables.
La FGR tiene entre sus atribuciones investigar delitos federales y esclarecer los hechos, bajo principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad.
La investigación continúa
Hasta el momento, la información disponible no permite establecer una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los funcionarios señalados. Una orden de aprehensión o una investigación ministerial no equivale a una sentencia condenatoria.
La Fiscalía deberá presentar ante la autoridad judicial los elementos que sustenten las imputaciones, mientras que las personas investigadas conservan sus derechos procesales y la presunción de inocencia.
La información sobre el operativo deberá ser corroborada y actualizada conforme la Fiscalía General de la República y las autoridades judiciales proporcionen datos oficiales sobre las órdenes de aprehensión, los cateos, los bienes asegurados y la situación jurídica de los involucrados. –sn–


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