Comunidades indígenas y afromexicanas residentes en Cdmx plantearon fortalecer sus derechos en la futura legislación general, con propuestas sobre vivienda, justicia, trabajo, derechos lingüísticos, intérpretes y protección para mujeres.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
A casi 30 años de distancia de que la capital del país fuera gobernado por políticos de izquierda, el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que viven en contextos urbanos continúa como una de las principales demandas, así se planteó durante la asamblea del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México, donde 229 participantes propusieron medidas específicas sobre vivienda, justicia, trabajo, derechos lingüísticos y protección para mujeres.
Las propuestas buscan que la eventual legislación general no se concentre únicamente en comunidades asentadas en territorios rurales, sino que considere las condiciones particulares que enfrentan quienes migraron o residen en ciudades y mantienen vínculos con sus pueblos, lenguas, tradiciones y formas de organización.
Durante el encuentro se instalaron seis mesas de trabajo para discutir vivienda, acceso a la justicia, derechos laborales, derechos de las mujeres, derechos lingüísticos y disponibilidad de intérpretes en instituciones públicas.
Vivienda digna y sin discriminación
Uno de los principales planteamientos fue garantizar el acceso a una vivienda digna sin discriminación para las comunidades indígenas y afromexicanas que habitan en la capital.
La demanda parte de una realidad urbana en la que pertenecer a una comunidad indígena no desaparece por vivir en una ciudad. Las políticas públicas, por tanto, deben considerar las condiciones culturales y sociales de esta población al diseñar programas de vivienda, servicios y desarrollo urbano.
En la ciudad de México (Cdmx), la Constitución local reconoce a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes como sujetos de derechos, incluidos la libre determinación, participación política, comunicación, cultura, educación, salud, acceso a la justicia, tierra, territorio y trabajo.
El desafío consiste en que ese reconocimiento jurídico se traduzca en políticas públicas accesibles para quienes viven en zonas urbanas.
Justicia con intérpretes y defensa especializada
La segunda demanda central se relacionó con el acceso a la justicia. Los participantes plantearon que las personas indígenas deben contar con intérpretes y defensores con conocimientos de su lengua y cultura cuando intervengan ante instituciones de procuración o impartición de justicia.
No se trata solamente de traducir palabras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el acceso a la justicia de las personas indígenas debe considerar sus costumbres y especificidades culturales, además de garantizar asistencia de intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura.
La Corte también ha sostenido que, cuando una persona indígena participa en un procedimiento, las autoridades tienen la obligación de garantizar efectivamente ese derecho. Incluso, cuando existen indicios fundados de pertenencia a una comunidad indígena, las autoridades deben adoptar una actitud activa para determinar si corresponden las garantías constitucionales específicas.
Por ello, la disponibilidad de intérpretes no es sólo una demanda administrativa: forma parte de las garantías para ejercer una defensa adecuada.
Derechos lingüísticos llegan al centro del debate
Los derechos lingüísticos ocuparon otra de las mesas de trabajo. La preocupación tiene una dimensión práctica: una persona que no domina suficientemente el español puede enfrentar obstáculos para realizar trámites, presentar denuncias, comprender resoluciones o defender sus derechos ante una autoridad.
La SCJN ha señalado que las instituciones públicas deben garantizar los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas y que no basta con establecer que una solicitud en una lengua indígena será atendida “preferentemente” en esa lengua cuando la protección constitucional exige mecanismos efectivos de traducción.
La demanda planteada en la asamblea busca llevar ese principio a la operación cotidiana de las instituciones públicas, particularmente en una ciudad donde conviven personas provenientes de distintos pueblos y regiones del país.
Trabajo y reconocimiento de actividades económicas
Los participantes también propusieron reconocer las actividades laborales y económicas desarrolladas por integrantes de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en distintos sectores.
El planteamiento pretende evitar que las formas de trabajo vinculadas con prácticas culturales, comercio, producción artesanal u otras actividades queden fuera de las políticas de protección laboral y desarrollo económico.
La Constitución de Cdmx reconoce el derecho al trabajo y establece derechos específicos para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Entre ellos se encuentra la protección de condiciones laborales dignas.
El reto planteado por las comunidades consiste en que ese reconocimiento sea efectivo también para quienes desarrollan actividades económicas en mercados, espacios públicos, establecimientos, servicios y otros sectores de la economía urbana.
Mujeres indígenas piden una vida libre de violencia
La situación de las mujeres indígenas también fue incorporada como uno de los ejes de discusión.
La propuesta busca garantizar una vida libre de violencia y una participación plena de las mujeres en las decisiones que afectan a sus comunidades.
El planteamiento incorpora dos dimensiones: la protección frente a la violencia y el reconocimiento de su capacidad para participar en procesos de organización y toma de decisiones.
La discusión resulta particularmente relevante porque las mujeres indígenas pueden enfrentar simultáneamente obstáculos relacionados con género, discriminación, origen étnico, lengua y condiciones socioeconómicas.
El objetivo planteado durante la asamblea es que esas circunstancias sean consideradas de manera integral en las políticas públicas y en la legislación.
Seis mesas para construir propuestas
La asamblea organizó seis espacios de discusión para ordenar las demandas de los participantes.
Los temas fueron:
- Vivienda.
- Justicia.
- Trabajo.
- Derechos de las mujeres.
- Derechos lingüísticos.
- Intérpretes en instituciones públicas.
La estructura permitió concentrar las propuestas en áreas donde las comunidades identifican mayores obstáculos para ejercer sus derechos en contextos urbanos.
El ejercicio se inscribe además en una discusión nacional más amplia sobre la legislación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
¿Qué se discute en la nueva legislación general?
La discusión nacional busca establecer un marco jurídico para reconocer y proteger derechos individuales y colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados plantea que la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tenga como finalidad garantizar derechos individuales y colectivos y reconocer a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.
Entre sus objetivos aparecen la libre determinación, la autonomía, la participación en la vida pública, la protección de la identidad cultural y el establecimiento de una relación entre el Estado y las comunidades basada en justicia, democracia, interculturalidad, respeto de los derechos humanos y no discriminación.
En febrero de 2026 también se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta orientada a fortalecer el reconocimiento jurídico, político y cultural de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos colectivos de derecho.
Por ello, las demandas formuladas desde Cdmx forman parte de una discusión legislativa más amplia sobre cómo garantizar derechos en condiciones de igualdad.
El desafío de llevar derechos a las ciudades
Uno de los principales retos es superar la idea de que los derechos indígenas corresponden únicamente a comunidades rurales o territorios tradicionales.
Las comunidades indígenas residentes en las ciudades mantienen identidades, lenguas, vínculos comunitarios y prácticas culturales que requieren reconocimiento institucional.
La propia Constitución de Cdmx distingue entre pueblos y barrios originarios históricamente asentados en el territorio y comunidades indígenas residentes provenientes de otras regiones del país que se han establecido en la capital y reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.
Esta distinción resulta relevante para diseñar políticas públicas que atiendan tanto a quienes forman parte de pueblos originarios de la capital como a quienes llegaron desde otras regiones del país.
La justicia intercultural como obligación institucional
La discusión sobre intérpretes y defensores especializados se relaciona con un concepto más amplio: la justicia intercultural.
La SCJN ha desarrollado criterios que obligan a las autoridades judiciales a considerar las particularidades culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para garantizar un acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.
La Corte también ha señalado que la perspectiva intercultural requiere comprender las formas de vida y sistemas normativos de los pueblos cuando éstos intervienen en controversias judiciales.
Esto implica que el acceso a la justicia no puede medirse únicamente por la existencia de tribunales. También debe evaluarse si las personas pueden comprender el procedimiento, comunicarse con las autoridades y ejercer una defensa adecuada.
Cdmx ya tiene un marco de derechos
Las propuestas de la asamblea no parten de cero. La Constitución capitalina reconoce derechos específicos para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, mientras que la legislación local establece obligaciones relacionadas con participación, cultura, educación, salud, justicia, territorio y trabajo.
Además, durante 2026 se han realizado ejercicios de participación de pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas para incorporar sus propuestas en instrumentos de planeación de largo plazo de la ciudad. En uno de estos foros se plantearon demandas sobre visibilización de personas afromexicanas, presupuesto para proyectos indígenas, estadísticas demográficas y reconocimiento de pueblos originarios.
El debate actual, por tanto, combina dos niveles: el cumplimiento de los derechos ya reconocidos y la construcción de nuevas reglas en el ámbito federal.
Una agenda que busca pasar del reconocimiento a la aplicación
Las 229 personas participantes plantearon una agenda que va más allá del reconocimiento formal de derechos.
Vivienda, trabajo, justicia, lengua, participación de las mujeres e intérpretes son ámbitos cotidianos en los que una norma puede tener efectos concretos sobre la vida de las comunidades.
El desafío para las autoridades será convertir las propuestas en mecanismos verificables, presupuesto, personal capacitado, servicios accesibles y procedimientos que permitan reclamar derechos cuando éstos sean vulnerados.
La discusión sobre la futura legislación general también deberá considerar las diferencias entre pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y población afromexicana, así como las condiciones particulares que enfrentan en las ciudades. –sn–
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