La Universidad Nacional Rosario Castellanos enfrenta un conflicto sindical tras el despido de dos dirigentes docentes. Profesores denuncian obstáculos para registrar su organización y posibles represalias; la Rectoría rechaza que exista persecución sindical y sostiene que las decisiones responden a criterios institucionales.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El conflicto laboral en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) se profundizó con el despido de dos dirigentes de la organización que busca representar sindicalmente a los trabajadores académicos, mientras profesores denuncian obstáculos para obtener el registro de su agrupación y posibles represalias por sus actividades sindicales.
El caso más reciente corresponde a Javier Gámez Chávez, profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y secretario de Finanzas de la Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (ASUTEUNRC), quien fue separado de su puesto el 18 de agosto, de acuerdo con testimonios. Un mes antes, el 17 de julio, había sido despedida Samantha Fouilloux Alfaro, secretaria general de la organización.
Los hechos colocan en el centro del conflicto la situación laboral de los profesores y el proceso de reconocimiento de ASUTEUNRC, organización que comenzó a formarse en 2023. Sus integrantes sostienen que han enfrentado dificultades ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para obtener la llamada toma de nota y que han recurrido a recursos judiciales para continuar con el procedimiento.
Dos dirigentes fuera de la universidad
El primer despido que detonó la actual escalada ocurrió en julio. Fouilloux Alfaro recibió un oficio de terminación de la relación laboral después de haber sido convocada, según su versión, para recibir la renovación de su plaza de tiempo completo.
De acuerdo con la información publicada por Revista Espejo, el documento argumentó, entre otros aspectos, una supuesta pérdida de confianza, falta de lealtad institucional y cuestionamientos relacionados con actuaciones de la profesora. Los docentes vinculados a ASUTEUNRC interpretaron esos argumentos como represalias relacionadas con su participación sindical y con denuncias que habían presentado ante autoridades universitarias.
El segundo caso ocurrió el 18 de agosto. Gámez Chávez señaló que fue citado para recibir información sobre su asignación de horario, pero que durante la reunión se le comunicó verbalmente su separación por “cuestiones administrativas”. El profesor sostuvo que esperaba el cese debido a su participación en la organización sindical.
La coincidencia temporal de ambos casos es uno de los elementos que alimentan la controversia: los dos profesores ocupaban cargos directivos dentro de la organización que intenta obtener reconocimiento formal como sindicato.
El registro sindical, otro frente del conflicto
La disputa no comenzó con los despidos. Los integrantes de ASUTEUNRC afirman que desde 2023 buscan formalizar su organización y que el proceso ante el TFCA ha enfrentado distintos obstáculos.
Un boletín oficial del Tribunal registra que en febrero de 2026 fue rechazada una solicitud presentada por Samantha Fouilloux Alfaro, Javier Gámez Chávez y José Velino Galeana Rodríguez como grupo promotor de la organización sindical, bajo el argumento de que carecían de personalidad para realizar la petición, aunque quedaron a salvo sus derechos para acudir ante la autoridad competente.
La organización sostiene que ha promovido amparos para continuar el proceso. De acuerdo con testimonios difundidos en agosto, los profesores obtuvieron un primer amparo en noviembre de 2025, pero posteriormente volvieron a enfrentar una negativa para avanzar en el registro.
El conflicto llegó también al ámbito internacional. Integrantes de ASUTEUNRC informaron que el 6 de agosto presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por lo que consideran posibles afectaciones a sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
Profesores denuncian precariedad laboral
Las diferencias entre docentes y autoridades también abarcan las condiciones en que se desarrolla el trabajo académico.
Integrantes de ASUTEUNRC han señalado problemas relacionados con la asignación de materias, horarios fragmentados entre distintos planteles, reducción de cargas académicas y acceso a recursos necesarios para impartir clases. Para los profesores, esas condiciones tienen efectos directos sobre sus ingresos y forman parte de un problema más amplio de precarización laboral.
La organización también plantea demandas relacionadas con estabilidad laboral, criterios transparentes para la asignación de plazas y materias, respeto a la antigüedad, reconocimiento salarial conforme al grado académico e infraestructura adecuada.
Rectoría rechaza persecución sindical
La versión de los profesores contrasta con la postura de la Rectoría. Alma Herrera Márquez, rectora de la UNRC, ha rechazado que exista persecución sindical y sostiene que la universidad respeta la libertad de asociación.
Herrera señaló que ASUTEUNRC no cuenta con registro sindical y que, por esa razón, la institución no reconoce a la organización como sindicato formal. La Rectoría también ha sostenido que las decisiones laborales obedecen a criterios institucionales y de desempeño, no a una política de represalias.
El caso, por tanto, mantiene dos versiones enfrentadas: mientras los profesores relacionan los despidos con la actividad sindical y con sus reclamos laborales, la institución rechaza que exista una persecución contra los trabajadores.
La controversia adquiere mayor relevancia por el proceso de expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La institución tenía una matrícula de 77 mil 25 estudiantes y mil 721 docentes en nueve planteles, según información difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en noviembre de 2025, con una proyección de crecimiento a más de 202 mil espacios educativos para 2030.
En ese contexto, el conflicto laboral trasciende los casos individuales de Fouilloux Alfaro y Gámez Chávez: pone bajo escrutinio las condiciones de trabajo del personal académico y el ejercicio del derecho de asociación dentro de una universidad que forma parte de la estrategia nacional de expansión de la educación superior. –sn–
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