La Constitución mexicana acumula 370 reformas desde 2011, según el académico de la UNAM Francisco Burgoa Perea. Solo 17 de sus 136 artículos conservan el texto original, mientras 119 han sido modificados.

Por Martín García | Reportero                                      

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha experimentado 370 reformas en los últimos 15 años, una cantidad que el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Javier Burgoa Perea, calificó como una “gran avalancha” de cambios al texto constitucional.

Durante la conferencia “15 años de reformas constitucionales: derechos humanos y Poder Judicial. Panorama histórico y actual”, organizada por el Museo de las Constituciones, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM explicó que entre 1917 y 2010 se contabilizaron 503 reformas, mientras que desde 2011 hasta las modificaciones publicadas el 2 de junio de 2026 se registraron 370.

El académico señaló que la diferencia entre ambos periodos evidencia un ritmo de modificación constitucional considerablemente mayor durante los últimos tres lustros. La UNAM había reportado que, hasta 2024, la Carta Magna acumulaba 769 reformas publicadas mediante 255 decretos en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Solo 17 artículos mantienen el texto original

De acuerdo con Burgoa Perea, únicamente 17 de los 136 artículos que integran actualmente la Constitución mantienen su texto original, equivalente a 12.5 por ciento.

En contraste, 119 artículos, que representan 87.5 por ciento del total, han sido modificados desde la promulgación de la Carta Magna el 5 de febrero de 1917.

El especialista consideró que el número de modificaciones realizadas en los últimos 15 años resulta amplio frente al periodo comprendido entre 1917 y 2010, aunque las reformas también han permitido incorporar nuevos derechos y adaptar el orden constitucional a las transformaciones sociales.

El Museo de las Constituciones de la UNAM mantiene un registro histórico de las modificaciones de cada artículo. Por ejemplo, el artículo 41 acumula 16 reformas, incluida una publicada el 2 de junio de 2026, mientras que el artículo 116 registra 21 modificaciones.

Reforma judicial mantiene abierto el debate

Durante su exposición, Burgoa Perea abordó la reforma constitucional del Poder Judicial, cuyo propósito central fue establecer la elección mediante voto popular directo de jueces, magistrados y ministros.

El académico planteó que continúa el debate sobre si este mecanismo permitirá mejorar el sistema de justicia y garantizar de manera automática un mayor acceso a ella.

Desde su perspectiva, un juzgador no debe responder a favores políticos ni a criterios de popularidad, sino a la Constitución, las garantías fundamentales y las leyes.

La reforma judicial modificó diversos artículos constitucionales y estableció un nuevo esquema para la integración y elección de integrantes del Poder Judicial. El Museo de las Constituciones registra, por ejemplo, modificaciones al artículo 98 publicadas el 15 de septiembre de 2024 y el 2 de junio de 2026, relacionadas con la nueva estructura judicial.

2011 marcó un cambio en derechos humanos

Burgoa Perea también ubicó las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011 como un punto de inflexión en materia de derechos humanos y juicio de amparo.

La primera modificación estuvo relacionada con el juicio de amparo, mientras que la segunda transformó el régimen constitucional de los derechos humanos e incorporó principios como el principio pro persona, el control de convencionalidad y el denominado bloque de constitucionalidad.

A partir de esos cambios, el juicio de amparo protege derechos reconocidos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

El jurista consideró que esas modificaciones representaron un cambio de paradigma para el sistema jurídico mexicano, al ampliar el marco de protección de los derechos humanos y fortalecer su reconocimiento constitucional.

Más derechos, pero también mayores exigencias

El académico señaló que las reformas constitucionales de las últimas décadas permitieron incorporar derechos sociales dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos personas adultas mayores, personas con discapacidad y jóvenes.

Sin embargo, advirtió que contar con un catálogo amplio de derechos no garantiza por sí mismo su cumplimiento.

Para que los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales tengan efectividad, sostuvo, es necesario contar con mecanismos capaces de hacerlos exigibles frente a las autoridades.

En ese contexto, consideró necesario revisar el funcionamiento del juicio de amparo para hacerlo más accesible a la ciudadanía. –sn–

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