Diputados de Morena acusaron una estrategia legal concertada para frenar la Línea 5 del Cablebús, luego de un amparo contra la estación Santa Lucía. Los legisladores señalaron al despacho Artículo 27 y pidieron al PAN deslindarse.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Diputados federales y locales de Morena acusaron una presunta estrategia legal concertada para frenar la construcción de la Línea 5 del Cablebús, proyecto que conectará zonas de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras con el Cetram Mixcoac mediante una ruta de 15.4 kilómetros y 12 estaciones.

El señalamiento surgió después de que un grupo de vecinos de Colinas del Sur promoviera un juicio de amparo contra la construcción de la estación Santa Lucía. Los legisladores sostuvieron que detrás del litigio está el despacho Artículo 27, al que vincularon con actividades de litigio estratégico y con personajes relacionados con el Partido Acción Nacional (PAN).

Hasta ahora, las acusaciones sobre una coordinación política entre los promoventes del amparo, el despacho y dirigentes panistas forman parte del posicionamiento de Morena y no constituyen una resolución judicial que acredite esos vínculos. El proceso de amparo, además, no ha conseguido suspender las obras.

¿Qué está en disputa por la Línea 5?

El proyecto contempla 12 estaciones y dos ramales que confluirán en El Tanque para continuar hacia Mixcoac. La ruta llegará a Oyamel y San Bartolo Ameyalco y tendrá conexión con la red de transporte de la zona poniente de la capital.

De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas, la Línea 5 tendrá una longitud de 15.4 kilómetros y una capacidad estimada para atender a más de 146 mil habitantes. El recorrido completo hacia las zonas altas se estima en alrededor de 45 minutos, frente a traslados actuales que pueden alcanzar entre hora y media y dos horas.

La obra forma parte del programa de expansión del Cablebús impulsado por el gobierno de Clara Brugada Molina, junto con las líneas 4 y 6. Las autoridades capitalinas han señalado que las tres nuevas rutas beneficiarán a cientos de miles de habitantes de zonas periféricas y con dificultades de conectividad.

El amparo contra la estación Santa Lucía

El conflicto jurídico comenzó, según la reconstrucción presentada por Morena, el 24 de marzo, cuando vecinos de Colinas del Sur promovieron un amparo para solicitar la suspensión definitiva de la construcción de la estación Santa Lucía.

La suspensión provisional fue negada al día siguiente y el 13 de abril el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México tampoco concedió la suspensión definitiva. Los promoventes impugnaron posteriormente esa determinación y sostuvieron que habían presentado más de 20 pruebas y recursos relacionados con su inconformidad.

El expediente judicial se relaciona con una controversia que también ha involucrado a habitantes de las zonas por donde pasará la infraestructura. En San Bartolo Ameyalco, por ejemplo, pobladores habían expresado preocupación por la certeza jurídica de los predios necesarios para instalar infraestructura, además de solicitar información sobre el trazo y los estudios técnicos.

Morena señala al despacho Artículo 27

El vocero de los diputados locales de Morena, Paulo García, afirmó que el despacho Artículo 27 participa en la representación legal relacionada con el litigio y lo describió como una organización dedicada al litigio estratégico y al activismo judicial.

Los legisladores también señalaron antecedentes de integrantes del despacho que, según su versión, muestran vínculos con actores políticos de oposición. Entre los elementos citados está un libro sobre los retos culturales del PAN publicado en 2018 por uno de los fundadores de la organización.

Morena pidió al PAN de la Ciudad de México deslindarse públicamente del despacho y sostuvo que los amparos forman parte de una estrategia que, a juicio de los legisladores, busca obstaculizar obras de infraestructura promovidas por gobiernos de ese partido.

La acusación también alcanzó a Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, y a Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del partido en la Ciudad de México. Sin embargo, las fuentes consultadas no muestran una resolución judicial que establezca que ambos dirigentes hayan participado en la promoción del amparo.

Vecinos también han cuestionado el proyecto

La controversia no se limita a la disputa entre Morena y el PAN. Habitantes de comunidades por donde pasará la Línea 5 han expresado dudas sobre el trazo, los predios, las estaciones y la información técnica disponible.

En junio, habitantes de San Bartolo Ameyalco señalaron que persistía falta de certeza jurídica sobre terrenos requeridos para instalar torres y una base de la infraestructura. También reclamaron mayor información sobre mapas, estudios técnicos y alcances del proyecto.

Al mismo tiempo, autoridades capitalinas han reportado consultas con pueblos y barrios originarios vinculados con las nuevas líneas del Cablebús. En el caso de San Bartolo Ameyalco y Tetelpan, las asambleas comunitarias citadas por autoridades registraron respaldo a la construcción.

Una obra con impacto en la movilidad

La Línea 5 representa uno de los proyectos de movilidad de mayor escala actualmente en construcción en la capital. El sistema tendrá más de 90 postes y alrededor de 450 cabinas, además de conexiones con otros medios de transporte en Mixcoac.

El gobierno capitalino estima que el nuevo sistema permitirá reducir sustancialmente los tiempos de traslado en las zonas altas de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras. Información difundida por legisladores de Morena calcula un ahorro de hasta ocho horas semanales para algunas familias usuarias, aunque ese beneficio depende de los recorridos específicos y de las condiciones actuales de movilidad de cada usuario.

La construcción de la Línea 5 ya comenzó. En julio, la Secretaría de Obras y Servicios informó el inicio de trabajos relacionados con el CETRAM Mixcoac y confirmó las 12 estaciones contempladas para el proyecto.

La disputa jurídica, por tanto, se desarrolla mientras la obra avanza y mientras persisten cuestionamientos vecinales sobre algunos puntos del proyecto. El desenlace de los amparos corresponderá a los tribunales, mientras que las acusaciones partidistas deberán distinguirse de las decisiones que adopte el Poder Judicial. –sn–

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