Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables en Texas por narcotráfico, tráfico de armas y personas, así como por brindar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por Martín García | Reportero                                      

Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y personas, así como por brindar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que el gobierno estadunidense designó como organización terrorista extranjera.

Se trata de María del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, y Gustavo Castro-Medina, de 29, quienes enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Las sentencias todavía no tienen fecha.

El caso involucra la negociación para adquirir 20 fusiles tipo AK-47 y dos rifles calibre .50 por 66 mil dólares, además del tráfico de 36.36 kilogramos de metanfetamina y operaciones para introducir personas de manera ilegal a Estados Unidos.

Navarro-Sánchez admitió apoyo al CJNG

De acuerdo con documentos judiciales, Navarro-Sánchez se declaró culpable de cuatro cargos: posesión de metanfetamina con intención de distribuirla, conspiración para traficar armas de fuego, conspiración para introducir extranjeros ilegalmente a Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

La acusada reconoció que conspiró con otras personas para proporcionar armas al CJNG y que conocía la participación de la organización en actividades que las autoridades estadunidenses califican como terroristas, entre ellas toma de rehenes, asesinatos y uso de explosivos y armas de fuego.

El expediente también señala que Navarro-Sánchez contrató a traficantes de personas para introducir ilegalmente a individuos procedentes de México a Estados Unidos. Al menos uno de ellos habría administrado casas de seguridad en El Paso, Texas, donde se almacenaban armas y narcóticos.

La acusación contra Navarro-Sánchez fue presentada inicialmente en 2025 y constituyó la primera imputación en Estados Unidos contra una ciudadana mexicana por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera con base en sus vínculos con el CJNG.

Negociaron la compra de 22 armas

A principios de agosto de 2023, Navarro-Sánchez negoció con agentes encubiertos la adquisición de 20 fusiles tipo AK-47 y dos rifles calibre .50 por 66 mil dólares.

Castro-Medina intervino como intermediario para transferir 3 mil dólares mediante una operación bancaria como pago inicial. El resto, 63 mil dólares, debía entregarse en efectivo el 21 de agosto de 2023 en El Paso.

Dos cómplices llegaron al punto acordado para entregar el dinero y recibir las armas. Después del intercambio, los agentes encubiertos entregaron el armamento y detuvieron a los participantes que acudieron al lugar.

Castro-Medina admitió posesión de 36 kilos de metanfetamina

En otro episodio incluido en el expediente, Castro-Medina reconoció que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo detuvo en noviembre de 2020 mientras conducía un Nissan Sentra en Sierra Blanca, Texas.

Durante una inspección secundaria, agentes localizaron varios paquetes ocultos debajo de una modificación del vehículo. El contenido dio positivo a metanfetamina cristalina, con un peso total de 36.36 kilogramos.

Castro-Medina se declaró culpable de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla y conspiración para traficar armas de fuego.

México transfirió a los acusados a Estados Unidos

Navarro-Sánchez y Castro-Medina fueron acusados formalmente en abril de 2025. Posteriormente, el gobierno federal mexicano los transfirió a Estados Unidos al amparo de su legislación de seguridad nacional.

Navarro-Sánchez fue incluida entre los 37 ciudadanos mexicanos transferidos a custodia estadunidense en enero de 2026. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló entonces que era la primera ciudadana mexicana acusada de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por su relación con el CJNG.

La designación estadunidense del CJNG como organización terrorista extranjera ocurrió en febrero de 2025 y abrió la posibilidad de utilizar cargos relacionados con apoyo material al terrorismo contra personas vinculadas con la organización.

Investigación binacional

La investigación estuvo a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en El Paso, con apoyo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

También participaron los agregados legales de la ATF en México y la Fiscalía General de la República (FGR), además de unidades especializadas estadunidenses contra el tráfico y la trata de personas.

El caso fue procesado por fiscales del Distrito Oeste de Texas y abogados de la División Penal del Departamento de Justicia. Forma parte del trabajo del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), iniciativa binacional enfocada en investigar y procesar redes de tráfico y trata de personas vinculadas con cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

La sentencia de ambos acusados será determinada posteriormente por un juez federal, quien deberá considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y los demás factores previstos por la legislación estadunidense. –sn–

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