El PAN propuso sancionar con 80 a 140 años de prisión a servidores públicos que colaboren o faciliten acciones del crimen organizado contra instituciones democráticas o procesos electorales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El Partido Acción Nacional (PAN) propuso sancionar con penas de 80 a 140 años de prisión a servidores públicos que participen, colaboren o faciliten actividades del crimen organizado destinadas a influir en decisiones de autoridades, instituciones democráticas o procesos electorales.

La iniciativa también plantea multas de 12 mil a 24 mil días y que las sanciones sean imprescriptibles. El proyecto busca modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para castigar la colusión entre integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos.

La propuesta forma parte de la agenda del PAN contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones. En marzo de 2025, la bancada ya había anunciado una iniciativa para establecer penas de hasta 140 años por este tipo de colusión.

¿Qué propone la iniciativa contra los llamados narcopolíticos?

El proyecto establece un nuevo artículo 123 Bis en el Código Penal Federal para imponer de 80 a 140 años de prisión a integrantes de la delincuencia organizada que atenten contra las instituciones democráticas y la división de poderes mediante acciones destinadas a influir en autoridades o procesos electorales.

La misma pena se propone para titulares del Ejecutivo federal o estatal, secretarías de Estado, fiscalías y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que participen, colaboren o faciliten esas conductas, o que incumplan deliberadamente sus atribuciones para permitirlas.

El proyecto también plantea incorporar estas conductas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con lo que serían investigadas y procesadas bajo ese ordenamiento.

PAN busca sanciones imprescriptibles

La iniciativa establece que las sanciones previstas para estas conductas sean imprescriptibles. Además, plantea ampliar el límite ordinario de 60 años de prisión previsto en el Código Penal Federal para el nuevo delito.

El documento legislativo señala que el propósito es equiparar estas alianzas con una conducta de máxima gravedad y cerrar espacios de impunidad cuando estructuras criminales busquen intervenir en decisiones públicas o procesos electorales.

El antecedente legislativo

La propuesta quedó registrada en la Cámara de Diputados como una iniciativa en materia de colusión de servidores públicos con integrantes del crimen organizado. La Gaceta Parlamentaria señala que fue presentada el 1 de octubre de 2025 y turnada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.

El documento oficial identifica como promoventes a los diputados José Alfonso Rubalcava Jiménez y José Elías Lixa Abimerhi, ambos del PAN. Esta precisión es relevante porque el material original atribuye la iniciativa al diputado José Manuel Hinojosa Pérez, pero los registros oficiales de la Cámara de Diputados consultados no respaldan esa atribución.

El coordinador parlamentario José Elías Lixa Abimerhi ha planteado que el objetivo de la propuesta es impedir que integrantes del poder público colaboren con organizaciones criminales y proteger las instituciones democráticas frente a su eventual infiltración.

La iniciativa permanece como propuesta legislativa; su presentación no significa que las penas planteadas se encuentren vigentes. El proyecto debe seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse, en su caso, en una reforma aplicable. –sn–

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