Fachada de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Sancionan con 10 años de inhabilitación a exfuncionario del OIC del IPICYT

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a dos exservidores públicos del OIC del IPICYT por faltas administrativas graves relacionadas con vales de despensa y reembolsos de gastos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Dos exservidores públicos del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT) fueron sancionados por faltas administrativas graves relacionadas con la solicitud indebida de vales de despensa y el reembolso de gastos que incluyeron bebidas alcohólicas.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó las sanciones a partir de las pruebas recabadas por el OIC de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que acreditaron conductas cometidas entre 2018 y 2019.

Diez años de inhabilitación para el titular del OIC

Juan José R., quien se desempeñaba como titular del OIC, recibió una inhabilitación temporal por 10 años y deberá cubrir una indemnización de 100 mil pesos por el daño patrimonial ocasionado.

En el mismo procedimiento, Víctor Hugo A., entonces titular del Área de Responsabilidades, fue inhabilitado durante un año y deberá pagar una indemnización de 13 mil 630 pesos.

De acuerdo con la autoridad, las conductas acreditadas fueron clasificadas como faltas administrativas graves por actos de cohecho. Las sanciones fueron impuestas por el TFJA después del procedimiento correspondiente y con base en las pruebas presentadas.

Las personas sancionadas pueden impugnar

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las personas sancionadas conservan su derecho a impugnar las resoluciones ante las instancias correspondientes.

La dependencia señaló que, en caso de que se presenten recursos, defenderá las resoluciones emitidas con base en las pruebas recabadas y en las disposiciones legales aplicables.

El caso se relaciona con hechos ocurridos entre 2018 y 2019, cuando los entonces servidores públicos solicitaron vales de despensa sin contar con derecho a esa prestación y tramitaron reembolsos de gastos que incluyeron bebidas alcohólicas. –sn–

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