La diputada Claudia Susana Pérez Romero propuso modificar la legislación ambiental federal para que las Manifestaciones de Impacto Ambiental evalúen efectos territoriales, culturales y sociales en pueblos y comunidades.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que las obras y actividades que puedan afectar a pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y afroamexicanas incorporen una evaluación de sus posibles repercusiones territoriales y socioculturales.

La propuesta de la diputada Claudia Susana Pérez Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), plantea adicionar un párrafo al artículo 30 de la legislación para que la Manifestación de Impacto Ambiental identifique la presencia de estas comunidades dentro del área de influencia de un proyecto y valore posibles efectos sobre su territorio, patrimonio cultural, identidad, sistemas normativos y formas de organización social.

¿Qué cambiaría en la evaluación ambiental?

Actualmente, el artículo 30 establece que la Manifestación de Impacto Ambiental debe describir los posibles efectos de una obra o actividad sobre los ecosistemas y contemplar medidas preventivas, de mitigación y otras acciones para reducir sus efectos negativos.

La iniciativa busca ampliar ese análisis cuando exista una relación directa o indirecta entre el proyecto y territorios o comunidades reconocidos por la legislación aplicable. La modificación incorporaría expresamente la valoración de posibles afectaciones a derechos colectivos.

Pérez Romero sostuvo durante la sesión ordinaria del jueves que la evaluación ambiental no debe limitarse a los efectos sobre los ecosistemas, sino considerar también las condiciones territoriales, culturales y sociales de las comunidades que pudieran resultar involucradas.

La legisladora señaló que incorporar esta información desde las primeras etapas permitiría a las autoridades disponer de mayores elementos técnicos antes de determinar la viabilidad ambiental de una obra o actividad.

La propuesta no sustituiría la consulta indígena

La iniciativa establece que la modificación no pretende reemplazar los procedimientos de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que correspondan a los pueblos y comunidades.

El planteamiento busca que la autoridad ambiental cuente con información adicional para realizar una evaluación integral cuando un proyecto pueda incidir sobre territorio, patrimonio cultural, identidad, sistemas normativos o formas de organización social.

Pérez Romero argumentó que el enfoque preventivo permitiría reducir riesgos y otorgar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a quienes pretendan desarrollar proyectos. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.