Documentos y declaraciones sobre AMIGO GNL presentan diferencias en las fechas de su autorización ambiental, mientras una suspensión judicial mantiene frenado el permiso para el proyecto en Guaymas, Sonora.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

Las fechas y documentos relacionados con la autorización ambiental de AMIGO GNL, proyecto de gas natural licuado previsto frente a Guaymas, Sonora, presentan una contradicción que coloca bajo escrutinio el procedimiento seguido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El punto central es una autorización que la empresa habría identificado ante el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) como emitida por la ASEA el 13 de abril de 2026, pese a que el 20 de mayo la propia agencia informó ante un juez federal que hasta ese momento no había otorgado permisos ambientales al proyecto. La discrepancia adquiere mayor relevancia porque el 27 de mayo un juzgado ordenó suspender la emisión de autorizaciones ambientales mientras se resuelve el juicio de amparo.

¿Qué se sabe sobre la autorización de AMIGO GNL?

La controversia fue expuesta por la coalición ¿Ballenas o Gas?, que señaló que AMIGO GNL habría presentado ante autoridades estadounidenses documentación para solicitar una ampliación de los plazos relacionados con la exportación de gas.

En esa documentación, según la coalición, aparece una aprobación ambiental atribuida a la ASEA y fechada el 13 de abril de 2026. La organización advierte, sin embargo, que dicho documento no ha sido conocido íntegramente por quienes participan en el litigio y que su situación jurídica no estaría firme.

El señalamiento contrasta con la información difundida durante el juicio de amparo. El 20 de mayo, de acuerdo con la coalición, la ASEA manifestó ante el juez, bajo protesta de decir verdad, que no había otorgado ningún permiso ambiental a AMIGO GNL.

La suspensión judicial complicó aún más el escenario

El 27 de mayo, un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro del juicio promovido por Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19, con la instrucción de que la ASEA se abstuviera de emitir autorizaciones en materia de impacto ambiental para AMIGO GNL mientras se resuelve el fondo del litigio.

El proceso judicial cuestiona, entre otros aspectos, el acceso a información ambiental y las condiciones en que se desarrolló la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Durante esa consulta, realizada en marzo de 2026, se registraron más de 4,800 observaciones y comentarios de ciudadanos y organizaciones. Los señalamientos incluyeron posibles omisiones de información sobre impactos acumulativos y riesgos para especies marinas del Golfo de California.

Información difundida posteriormente por Nuestro Futuro A.C. sostiene que el procedimiento ambiental de AMIGO GNL continúa sin una autorización firme y que la presentación de una MIA no equivale, por sí misma, a contar con un permiso para construir u operar.

¿Qué contradicción debe aclararse?

La principal interrogante es temporal y documental: ¿cómo puede existir una autorización ambiental fechada el 13 de abril si el 20 de mayo la ASEA informó al juez que no había otorgado ningún permiso al proyecto?

A partir de esa diferencia surgen otras preguntas que deberán ser aclaradas documentalmente: cuándo fue emitida realmente la resolución, qué documento presentó AMIGO GNL ante las autoridades estadounidenses, si la fecha corresponde a su emisión efectiva y por qué esa autorización no aparece claramente dentro del expediente judicial.

Hasta ahora, las fuentes consultadas no permiten establecer que haya existido una alteración deliberada de documentos o que algún funcionario haya faltado a la verdad. Esas son hipótesis planteadas por las organizaciones y no hechos acreditados. –sn–

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