Los sismos de 1985 y 2017 marcaron a México: miles de víctimas, ciudades destruidas, reconstrucción, cambios políticos y una nueva cultura de protección civil.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El 19 de septiembre quedó marcado en la historia de México por dos terremotos separados por 32 años que transformaron la Ciudad de México y modificaron la relación entre sociedad, gobierno, construcción, protección civil y respuesta ante emergencias.
El primero ocurrió a las 7:19 horas de 1985 y tuvo una magnitud de 8.1. El segundo, el 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas, alcanzó magnitud 7.1. Aunque el terremoto de 1985 liberó mucha más energía, el de 2017 tuvo su epicentro mucho más cerca de la capital y volvió a poner a prueba la capacidad de las autoridades para responder ante una emergencia.
La coincidencia de fechas alimentó durante años todo tipo de interpretaciones, pero especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) han señalado que no existe una relación científica entre las fechas y la ocurrencia de los terremotos. Los sismos no pueden predecirse por calendario y septiembre no constituye una temporada sísmica.
1985: la mañana que quebró a la capital
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 tuvo su epicentro frente a las costas de Michoacán, a cientos de kilómetros de la Ciudad de México, y alcanzó magnitud 8.1. La combinación de la energía liberada, las características del subsuelo de la capital y las condiciones estructurales de numerosos inmuebles produjo una de las mayores tragedias urbanas de la historia mexicana.
El movimiento derribó edificios habitacionales, hospitales, hoteles, instalaciones públicas, fábricas y oficinas. Entre los inmuebles destruidos estuvieron el Hotel Regis, el edificio Nuevo León de Tlatelolco, instalaciones del Centro Médico Nacional, el Hospital Juárez, el Hospital General, parte del Multifamiliar Juárez y edificios relacionados con la industria de la televisión y la comunicación.
La destrucción también golpeó zonas populares como Tepito, Morelos, Guerrero, La Lagunilla y Valle Gómez. Las fallas en servicios básicos agravaron la emergencia: hubo interrupciones de electricidad, agua y telefonía, además de daños en vialidades y transporte.
El terremoto tuvo además una réplica de gran intensidad al día siguiente. El 20 de septiembre de 1985, otro movimiento de magnitud 7.6 ocurrió frente a las costas de Guerrero y provocó nuevos daños en estructuras que ya habían quedado debilitadas. Cenapred estima que la secuencia sísmica de septiembre de aquel año produjo miles de víctimas, más de 30 mil heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.
¿Cuántas personas murieron en 1985?
Una de las preguntas que permanecen abiertas desde aquel desastre es precisamente el número de víctimas.
La cifra oficial ha variado según el momento y la fuente. UNAM Global documenta una cifra oficial de 3 mil 192 muertos, mientras que el Archivo General de la Nación (AGN) señala que en los primeros balances gubernamentales se habló de entre seis y siete mil fallecidos. La misma fuente recoge estimaciones posteriores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de 26 mil víctimas, y de organizaciones de damnificados que calcularon hasta 35 mil.
Por ello, una nota responsable sobre el terremoto debe evitar presentar una cifra única como si existiera consenso histórico. Lo que sí está documentado es que el número de muertos fue muy elevado y que el saldo nunca quedó completamente esclarecido.
La dimensión de la tragedia también quedó reflejada en la pérdida de infraestructura hospitalaria, viviendas y empleos. El desastre expuso, además, problemas relacionados con la calidad de algunas construcciones y el cumplimiento de normas.
Miguel de la Madrid y Ramón Aguirre
El presidente de México en 1985 era Miguel de la Madrid Hurtado, mientras que el encargado de la administración del entonces Distrito Federal era Ramón Aguirre Velázquez, jefe del Departamento del Distrito Federal.
Es importante hacer una precisión histórica: en 1985 todavía no existía la figura del jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Esa figura surgiría más de una década después, con la reforma política que permitió la elección directa del titular del gobierno capitalino a partir de 1997.
La respuesta inicial del gobierno de Miguel de la Madrid se convirtió en uno de los aspectos políticos más discutidos de la tragedia. La percepción de una reacción insuficiente durante las primeras horas contrastó con la movilización espontánea de miles de ciudadanos que comenzaron a retirar escombros, buscar sobrevivientes, organizar centros de acopio y habilitar refugios. El propio AGN documenta que la emergencia produjo una intensa organización ciudadana y el surgimiento de grupos de rescate como Los Topos.
La discusión sobre la respuesta oficial también alcanzó la ayuda internacional. Sin embargo, los registros posteriores muestran que México terminó recibiendo asistencia considerable del exterior. En su informe presidencial, Miguel de la Madrid señaló que brigadas y apoyos materiales llegaron desde 43 países.
La tragedia que cambió la política urbana
El terremoto también abrió un debate sobre la responsabilidad pública y privada en la construcción de edificios.
Los daños pusieron bajo escrutinio las condiciones de hospitales, escuelas, hoteles, viviendas y edificios construidos bajo normas que posteriormente fueron consideradas insuficientes o incumplidas en algunos casos. La tragedia alimentó una discusión sobre supervisión, corrupción, permisos, materiales, responsabilidad de constructores y vigilancia gubernamental.
La reacción institucional derivó en cambios que terminarían transformando la protección civil mexicana.
El Diario Oficial de la Federación registró en octubre de 1985 la creación de la Comisión de Reconstrucción del Distrito Federal y la aprobación del Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular.
¿Cómo se reconstruyó la ciudad de México?
La reconstrucción no consistió solamente en levantar edificios derrumbados.
El gobierno puso en marcha programas de vivienda, expropiación de predios, reparación de infraestructura y renovación urbana. El Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular buscó reconstruir zonas afectadas y conservar el arraigo de las familias damnificadas.
Un informe de la Cámara de Diputados señala que el programa atendió 44 mil 437 viviendas dañadas en predios expropiados. Las obras comenzaron en 1986 y, de acuerdo con el balance legislativo, en aproximadamente 13 meses se demolieron y construyeron cerca de 40 mil viviendas nuevas, además de viviendas prefabricadas y trabajos de rehabilitación.
El proceso también modificó las reglas de construcción y la manera en que el Estado entendía los desastres.
En 1986 se establecieron las bases del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Dos años después, en 1988, México creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) con apoyo de la UNAM y del gobierno de Japón. Posteriormente, la Ley General de Protección Civil consolidó la coordinación entre Federación, entidades y municipios.
La fecha del 19 de septiembre terminaría convirtiéndose también en una jornada nacional para recordar la tragedia y practicar simulacros.
El impacto internacional de 1985
La tragedia convirtió a México en un escenario internacional de solidaridad.
De acuerdo con documentación de protección civil, llegaron brigadas de rescate y asistencia de 43 países. También hubo donaciones, equipo médico y apoyo especializado. Un documento sobre la respuesta internacional registra donativos por aproximadamente 105 millones de dólares y créditos ofrecidos por organismos financieros internacionales para apoyar la reconstrucción.
La experiencia de los rescatistas mexicanos también trascendió las fronteras. Los grupos ciudadanos surgidos después de 1985, particularmente Los Topos, desarrollaron con el paso de los años capacidades de búsqueda y rescate que posteriormente serían utilizadas en emergencias dentro y fuera de México.
2017: el terremoto que volvió a sacudir la memoria
Treinta y dos años después, el 19 de septiembre volvió a convertirse en una jornada de tragedia.
A las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017 se produjo un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y Morelos. A diferencia del terremoto de 1985, se trató de un sismo intraplaca, originado dentro de la placa de Cocos, a una profundidad intermedia. Su epicentro estaba mucho más cerca de la capital.
La coincidencia fue todavía más impactante porque ese mismo día se había realizado un simulacro nacional para recordar el terremoto de 1985.
El movimiento provocó daños importantes en Ciudad de México, Morelos, Puebla, estado de México, Guerrero y Oaxaca.
La cifra oficial consolidada fue de 369 personas fallecidas: 228 en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca.
En la capital se registraron decenas de estructuras colapsadas. La UNAM ha explicado que la violencia de las ondas estuvo relacionada con la cercanía del epicentro y con la amplificación sísmica producida por los suelos blandos de la cuenca.
Peña Nieto, Mancera y Sheinbaum
En 2017, el presidente de México era Enrique Peña Nieto y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La respuesta federal incluyó la activación del Plan MX, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha el Plan DN-III-E y la Secretaría de Marina participó en las labores de rescate. La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó posteriormente la movilización de fuerzas federales y equipos especializados.
En la entonces delegación Tlalpan gobernaba Claudia Sheinbaum Pardo, quien posteriormente se convertiría en jefa de Gobierno de la capital y, en 2024, en presidente de México.
La tragedia del 19S también tendría consecuencias políticas posteriores, particularmente por la reconstrucción, los dictámenes estructurales, la entrega de recursos y la investigación de edificios colapsados.
Rébsamen: la tragedia que se convirtió en caso político y judicial
Uno de los episodios más emblemáticos fue el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron menores y trabajadores.
Después del desastre se abrió una investigación sobre permisos, modificaciones estructurales y responsabilidades administrativas. La discusión adquirió dimensión política porque Claudia Sheinbaum era entonces delegada de Tlalpan.
La propia investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina concluyó posteriormente que Sheinbaum no tenía responsabilidad penal por las construcciones irregulares que se investigaron. Años después, autoridades capitalinas y federales reconocieron públicamente que propietarios del inmueble, directores responsables de obra, responsables de seguridad estructural y servidores públicos incurrieron en conductas ilícitas relacionadas con permisos y autorizaciones.
El caso derivó en procesos judiciales y sanciones para personas relacionadas con el inmueble. En 2023, durante la presentación del Memorial Colegio Rébsamen-19S, el gobierno capitalino ofreció una disculpa pública a las familias de las víctimas.
El episodio convirtió la seguridad estructural de escuelas, la supervisión de construcciones y la responsabilidad de autoridades y particulares en uno de los principales debates posteriores al terremoto.
La reconstrucción después de 2017
La reconstrucción de 2017 volvió a colocar en el centro la relación entre damnificados y autoridades.
El gobierno federal activó recursos del Fondo de Desastres Naturales y las autoridades capitalinas establecieron mecanismos para evaluar inmuebles y atender a las personas que habían perdido sus viviendas.
Pero el proceso fue mucho más prolongado que la emergencia inicial.
Organizaciones de damnificados denunciaron retrasos, problemas administrativos y deficiencias en algunas obras. Investigaciones periodísticas documentaron que años después del terremoto todavía había familias que no habían recuperado plenamente sus viviendas.
La reconstrucción se convirtió así en un problema de política pública que rebasó la emergencia: involucró vivienda, presupuesto, seguridad estructural, derechos de los damnificados, transparencia, responsabilidades administrativas y seguimiento gubernamental.
Dos terremotos, una transformación nacional
La diferencia entre 1985 y 2017 no puede medirse únicamente por el número de víctimas.
En 1985, México carecía del sistema de protección civil que hoy articula la respuesta ante desastres. La tragedia obligó a construir instituciones, modificar reglamentos, fortalecer la investigación sísmica y reconocer la participación ciudadana como parte fundamental de la respuesta.
En 2017 existía una estructura institucional mucho más desarrollada. Había protocolos, sistemas de alerta, simulacros, equipos especializados, cuerpos de rescate y una experiencia acumulada durante tres décadas. Aun así, el terremoto demostró que las normas y las instituciones no eliminan el riesgo.
La investigación científica de la UNAM ha señalado que en 2017 buena parte de los daños se concentró en zonas donde las características del subsuelo amplificaron las ondas sísmicas y que también existían problemas de cumplimiento de las normas de construcción.
Ese punto explica una de las principales lecciones de ambos terremotos: el riesgo no depende únicamente de la fuerza de un sismo. También depende de dónde se construye, cómo se construye, quién supervisa, qué tan preparada está la población y cómo reaccionan las instituciones.
El 19 de septiembre como memoria nacional
El 19 de septiembre dejó de ser solamente una fecha del calendario.
Es el día en que México recuerda a quienes murieron en 1985 y 2017, pero también la organización ciudadana que surgió entre los escombros, el desarrollo de la protección civil, la transformación de las normas de construcción y los debates políticos que siguieron a cada tragedia.
La historia también obliga a distinguir entre memoria y mito.
México ha registrado otros grandes terremotos en septiembre, incluido el del 7 de septiembre de 2017 y el del 7 de septiembre de 2021, pero los especialistas han descartado que exista una relación científica entre las fechas. La coincidencia del 19 de septiembre es histórica, no una regla de la naturaleza.
A cuatro décadas de 1985 y casi una década de 2017, la principal herencia de aquellos terremotos no está únicamente en los edificios reconstruidos. Está en las instituciones creadas, en los reglamentos modificados, en los sistemas de prevención y, sobre todo, en una sociedad que aprendió que frente a un desastre la respuesta no puede depender solamente de la autoridad.
La memoria del 19 de septiembre permanece, finalmente, como una advertencia: un terremoto no puede evitarse, pero sus consecuencias pueden reducirse con prevención, conocimiento, construcciones seguras, instituciones eficaces y una ciudadanía preparada. –sn–
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