Más de una década después del fallo de la SCJN sobre soya transgénica, apicultores mayas denuncian nuevas siembras en Campeche y la Península de Yucatán, mientras persisten disputas por miel, biodiversidad, consulta indígena y vigilancia gubernamental.

Por Óscar Pech | Corresponsal                                     

Más de 10 años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las comunidades indígenas afectadas por la siembra de soya genéticamente modificada debían ser consultadas, el conflicto vuelve a la Península de Yucatán por reportes de nuevas extensiones de cultivo y por la falta de claridad sobre su origen y situación legal.

El antecedente jurídico se remonta a 2012, cuando el entonces Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) otorgó a Monsanto Comercial un permiso para liberar comercialmente soya genéticamente modificada resistente al glifosato. El permiso contemplaba hasta 253 mil 500 hectáreas distribuidas en cinco polígonos de distintas regiones del país, incluida la Península de Yucatán.

La controversia llegó a la SCJN después de que apicultores y comunidades mayas de Campeche y Yucatán impugnaron la autorización. En noviembre de 2015, la Segunda Sala determinó que las comunidades indígenas tenían derecho a una consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe cuando un proyecto pudiera producir un impacto significativo en su territorio.

El origen de la disputa

La oposición a la soya GM no surgió únicamente en los tribunales.

En la Península de Yucatán confluyeron organizaciones de apicultores, comunidades mayas, productores de miel, académicos, investigadores y organizaciones civiles que advirtieron sobre posibles efectos de los cultivos sobre la apicultura y el territorio.

Uno de los puntos centrales fue la relación entre la producción de miel y los cultivos de soya.

Las abejas pueden desplazarse entre diferentes áreas de floración y, por ello, los productores de miel plantearon que la coexistencia de cultivos genéticamente modificados con zonas apícolas podía afectar la comercialización de miel destinada a mercados que exigían controles sobre la presencia de material transgénico.

El conflicto adquirió una dimensión económica porque la apicultura constituye una actividad relevante para numerosas comunidades rurales de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Qué resolvió realmente la Suprema Corte

La resolución de 2015 suele resumirse como una prohibición de la soya transgénica, pero jurídicamente el alcance fue más específico.

La Segunda Sala de la SCJN determinó que las autoridades habían vulnerado el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de autorizar la liberación comercial del organismo genéticamente modificado.

En el caso del amparo en revisión 499/2015, la Corte dejó sin efectos jurídicos el permiso respecto de los territorios de las comunidades indígenas involucradas hasta que se realizara la consulta correspondiente.

El criterio fue acompañado por otros asuntos relacionados con Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La Corte estableció que una consulta de esta naturaleza debe ser previa, culturalmente adecuada, informada y realizada de buena fe con la finalidad de alcanzar un acuerdo.

Ese criterio convirtió el caso de la soya en uno de los precedentes relevantes sobre derechos de los pueblos indígenas y proyectos con posibles impactos ambientales.

El permiso terminó siendo revocado

La historia no terminó con la sentencia de 2015.

En noviembre de 2017, SENASICA informó que había revocado el permiso para la liberación comercial de la soya GM resistente al glifosato, identificada como evento MON-0432-6.

La dependencia explicó que realizó muestreos y análisis de laboratorio y detectó que la semilla había sido sembrada durante el ciclo otoño-invierno de 2016 en algunos predios ubicados en zonas donde la SCJN había ordenado la suspensión del permiso.

SENASICA también informó que Monsanto Comercial impugnó la revocación.

El litigio se prolongó durante varios años. En agosto de 2021, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo promovido por la empresa, por lo que la autoridad reportó que la revocación había quedado firme.

Por ello, afirmar que el permiso de 2012 simplemente continúa vigente no corresponde al historial jurídico documentado por las autoridades.

Entonces, ¿de dónde salen las nuevas siembras?

Aquí aparece el principal punto que requiere explicación.

Diversos reportes de organizaciones de apicultores y documentos legislativos han señalado que la siembra de soya transgénica no desapareció completamente de Campeche.

Un documento de la Cámara de Diputados registra el señalamiento de productores y organizaciones que reportaron alrededor de 30 mil hectáreas de soya transgénica en Campeche, distribuidas en ocho de los 11 municipios del estado.

El dato no equivale a un padrón oficial nacional de cultivos transgénicos y requiere ser actualizado y corroborado mediante inspecciones de campo, trazabilidad de semillas y documentación de las autoridades competentes.

Esa diferencia es fundamental: una denuncia de presencia de cultivos no demuestra por sí misma que exista actualmente un programa comercial autorizado de soya GM.

Lo que sí demuestra es que el conflicto continúa siendo denunciado por organizaciones productoras y que existe una disputa pendiente sobre vigilancia, identificación de semillas y cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales.

Campeche, el centro de la controversia

Dentro de la Península, Campeche concentra buena parte de la historia jurídica y productiva del conflicto.

El municipio de Hopelchén se convirtió en uno de los principales escenarios de la disputa. Allí comunidades mayas y organizaciones de apicultores cuestionaron la expansión de la agricultura industrial y su convivencia con la producción de miel.

El territorio también se convirtió en escenario de controversias por el uso de agroquímicos, cambio de uso de suelo y expansión de la frontera agrícola.

Para los productores de miel, el problema no se limita a la semilla.

La discusión abarca el modelo de producción agrícola, la conservación de la selva, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, los derechos de las comunidades y la permanencia de la apicultura como actividad económica y cultural. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.