Juristas de México y España plantearon una regulación específica para la inteligencia artificial que garantice supervisión humana, seguridad, responsabilidad ambiental y respeto a la propiedad intelectual.
Por Martín García | Reportero
Los parlamentos deben establecer reglas específicas para la inteligencia artificial (IA) que garanticen sistemas seguros, supervisión humana, responsabilidad ambiental y respeto a los derechos de propiedad intelectual, planteó Ignacio García Vitoria, vicedecano de Investigación y Transferencia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La regulación también debe considerar los riesgos que la IA representa para los sistemas democráticos, los derechos humanos y el ejercicio del poder público, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia “Parlamento e Inteligencia Artificial”, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El encuentro permitió analizar los primeros usos de esta tecnología en los parlamentos europeos y el debate que existe en México sobre las reglas aplicables a su desarrollo y utilización. Entre las aplicaciones mencionadas se encuentran la traducción de documentos y los asistentes virtuales.
IA y función parlamentaria
García Vitoria sostuvo que la inteligencia artificial puede contribuir al fortalecimiento de los sistemas democráticos, aunque también puede generar riesgos si las instituciones no responden de manera adecuada a sus posibles efectos.
El académico español señaló que actualmente existen directrices parlamentarias orientadas a principios como privacidad, transparencia y responsabilidad, pero planteó la necesidad de avanzar hacia una disciplina regulatoria que considere las características particulares de esta tecnología.
La conferencia inaugural formó parte del Seminario Permanente Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, organizado por el IIJ-UNAM. El programa académico tuvo como propósito analizar las implicaciones de la IA en la función legislativa, la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos.
En España, el debate regulatorio también se encuentra en curso. El Congreso de los Diputados tramita el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, presentado en mayo de 2026 y actualmente en etapa de enmiendas en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Debate en México
Durante el diálogo con especialistas mexicanos, Diego Valadés Ríos, investigador emérito del IIJ-UNAM, señaló que el desarrollo de proveedores de servicios de IA durante la última década ha acompañado un debate internacional sobre la necesidad de establecer reglas para esta tecnología.
Valadés planteó que la discusión regulatoria debe considerar los riesgos asociados con sistemas capaces de intervenir en actividades estratégicas. Entre los ejemplos mencionados estuvieron la navegación, los servicios bancarios y el suministro de alimentos.
Por su parte, Ruth Zavaleta Salgado, profesora de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, señaló que en México se han presentado iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial y reformas vinculadas con distintas materias, entre ellas el Código Penal Federal, la legislación sobre violencia contra las mujeres, derechos de autor, educación y derechos de menores.
El planteamiento expuesto durante el encuentro apunta a que el debate mexicano no se limita a regular a las empresas que desarrollan IA, sino también a establecer reglas para su utilización en ámbitos que ya forman parte de la agenda legislativa.
Control del gobierno
El investigador del IIJ Daniel Armando Barceló Rojas planteó que la inteligencia artificial podría utilizarse como herramienta de apoyo para el control parlamentario del gobierno y para revisar información relacionada con organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Según el especialista, el volumen y la complejidad técnica de las cuentas públicas pueden dificultar su revisión, por lo que sistemas de IA podrían facilitar el análisis de grandes cantidades de información para apoyar las labores de fiscalización.
La investigadora del IIJ María Elisa Franco Martín del Campo, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señaló que el uso de inteligencia artificial también debe analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos.
En ese contexto, recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llamado a establecer mecanismos de regulación frente a los desafíos que plantea el desarrollo y utilización de esta tecnología. –sn–
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