La diputada María José Osorio Rosas propone adicionar el artículo 400 Bis a la ley electoral de Quintana Roo para sancionar el uso de programas sociales con fines de promoción política.
Mauricio Ortega | Corresponsal
La diputada María José Osorio Rosas impulsa una reforma a la legislación electoral de Quintana Roo para impedir que programas sociales, bienes, servicios y apoyos financiados con recursos públicos sean utilizados para promover la imagen de funcionarios o generar posicionamiento político y electoral.
La propuesta plantea adicionar el artículo 400 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, para considerar como infracción el uso de programas o apoyos sociales que incorporen nombres, imágenes, voces, colores, logotipos u otros elementos destinados a la promoción personalizada de servidores públicos.
El proyecto fue presentado el 2 de junio de 2026 y actualmente se encuentra turnado a las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, así como de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria del Congreso estatal. Por ahora, la reforma continúa en proceso legislativo y todavía no constituye una disposición vigente.
¿Qué plantea la reforma electoral?
La iniciativa establece que los programas y apoyos gubernamentales deben comunicarse como acciones institucionales y no como beneficios asociados con la imagen personal de un funcionario.
También plantea que la difusión de las acciones gubernamentales se realice mediante los canales oficiales de los entes públicos y tenga propósitos exclusivamente informativos, educativos o de orientación social.
El planteamiento parte de que los apoyos sociales son financiados con recursos públicos y que su comunicación debe sujetarse a principios de imparcialidad y neutralidad. La propuesta busca establecer una separación más clara entre la operación de los programas gubernamentales y la promoción personalizada de quienes ejercen un cargo público.
La iniciativa también se relaciona con el artículo 166 Bis de la Constitución de Quintana Roo, que establece criterios para el uso imparcial de recursos públicos y dispone que la propaganda gubernamental tenga fines informativos, educativos o de orientación social, sin incluir elementos que impliquen promoción personalizada.
IEQROO emitió opinión favorable
En junio, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) emitió una opinión técnica favorable sobre la propuesta, al considerar que es compatible con principios constitucionales relacionados con la equidad, neutralidad e imparcialidad en la actuación pública.
La opinión del organismo electoral tiene carácter orientador y no es vinculante para el Congreso de Quintana Roo, por lo que la iniciativa aún debe continuar su trámite legislativo antes de una eventual discusión y votación en el Pleno.
La discusión legislativa ocurre en un contexto de revisión de los límites entre comunicación gubernamental, rendición de cuentas y promoción personalizada, particularmente cuando la difusión de programas sociales incluye elementos que permiten asociarlos con una persona servidora pública. –sn–
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