Rosario Piedra Ibarra plantea integrar los derechos humanos a la formación militar y reporta que la CNDH acreditó violaciones en 38 de 2 mil 612 quejas contra la Defensa entre 2019 y 2025.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La formación en derechos humanos debe integrarse a la profesionalización de las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad nacional, prevenir abusos y proteger a la población, sostuvo Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante una ponencia ante integrantes de El Colegio de la Defensa Nacional.
La titular del organismo afirmó que las instituciones militares enfrentan operaciones bajo presión, con información incompleta y riesgos reales, por lo que la capacitación en derechos humanos debe formar parte de su preparación profesional y no considerarse un elemento ajeno a sus funciones.
Durante la exposición Los derechos humanos en México y su impacto en la seguridad nacional. Seguridad Nacional y derechos humanos, una relación necesaria, señaló que el respeto a la dignidad humana, la legalidad y la proporcionalidad debe acompañar las acciones destinadas a preservar la soberanía y proteger a la población.
CNDH reporta 2 mil 612 quejas contra la Defensa
Entre noviembre de 2019 y diciembre de 2025, la CNDH recibió 2 mil 612 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de las cuales en 38 acreditó violaciones a derechos humanos, equivalentes a 1.4% del total, de acuerdo con las cifras presentadas por Piedra Ibarra.
La funcionaria también indicó que, con corte a octubre de 2025, la dependencia militar se ubicó entre las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones concluidas con cumplimiento total.
A partir de estos datos, sostuvo que no todos los señalamientos presentados ante el organismo acreditan una vulneración de derechos; sin embargo, cuando se comprueba una violación, las instituciones deben trabajar para reparar el daño y evitar que los hechos se repitan.
En febrero de 2025, la CNDH y la Defensa refrendaron un convenio general de colaboración para impulsar acciones de promoción, investigación académica, capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos.
Piedra Ibarra afirmó que este trabajo conjunto no implica renunciar a la autonomía del organismo, que conserva sus atribuciones para investigar presuntas violaciones y emitir recomendaciones cuando existan elementos para acreditarlas.
Derechos humanos, legalidad y seguridad nacional
Durante su intervención, la titular de la CNDH explicó que los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad permiten determinar si una intervención de las autoridades está justificada y cuáles son sus límites.
Añadió que la protección de víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad resulta necesaria para evitar daños prevenibles durante operaciones que persiguen objetivos legítimos.
La funcionaria también abordó la transformación del paradigma de los derechos humanos en México, la reforma constitucional de 2011 y el alcance del artículo primero de la Constitución, particularmente los principios pro persona y de progresividad.
Este marco constitucional establece obligaciones para todas las autoridades en materia de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Piedra Ibarra consideró que la seguridad nacional no debe entenderse únicamente como la protección del territorio, las instituciones y la infraestructura, sino también como la defensa de las personas que integran el país.
En ese sentido, afirmó que una política de seguridad que excluye a la población pierde de vista su finalidad, mientras que una política de derechos humanos que ignora las condiciones operativas de las instituciones corre el riesgo de quedarse en planteamientos teóricos.
Piedra Ibarra cuestiona el carácter no vinculante de las recomendaciones
La presidente de la CNDH señaló que la legislación que rige al organismo no refleja plenamente el paradigma constitucional de protección de los derechos humanos, debido a que las recomendaciones no son obligatorias para las autoridades destinatarias.
Explicó que, cuando una institución rechaza una recomendación, el procedimiento contempla que el Senado de la República la convoque para explicar las razones de su decisión, sin que ello implique la obligación de aceptarla o cumplirla.
Ante esta situación, consideró necesario revisar el modelo institucional para fortalecer los mecanismos de protección, reparación y prevención de violaciones a derechos fundamentales.
También sostuvo que la confianza ciudadana constituye un componente de la seguridad nacional, pues la legitimidad de las instituciones depende, entre otros factores, de su capacidad para responder a las necesidades de la población.
Advirtió que la ausencia institucional, la debilidad de los servicios públicos y la desatención social pueden generar condiciones de descontento aprovechables por organizaciones criminales. Aclaró que la pobreza, por sí sola, no explica automáticamente la violencia.
Por ello, planteó que una estrategia de seguridad requiere capacidades coercitivas cuando sean necesarias, pero también presencia territorial, justicia, servicios públicos y oportunidades para la población. –sn–
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