Una investigación del Human Rights Center de UC Berkeley cuestiona la actuación de la CNDH durante el gobierno de López Obrador y examina antecedentes de Rosario Piedra Ibarra, así como denuncias de impunidad contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Por Martín García | Reportero
La actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador forma parte de los cuestionamientos incluidos en una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley, que documenta agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en México entre 2018 y 2024.
El estudio Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico identifica a Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la CNDH, como integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) antes de su llegada al organismo y examina las controversias que rodearon su elección en noviembre de 2019.
La investigación sitúa estos antecedentes en un análisis más amplio sobre las fallas institucionales que, de acuerdo con sus autores, contribuyeron a mantener la impunidad frente a ataques contra personas dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos.
Berkeley documenta agresiones e impunidad en México
El proyecto del Human Rights Center reconstruye distintas formas de persecución contra periodistas y defensores durante el sexenio de López Obrador, incluidos señalamientos desde la tribuna presidencial, hostigamiento digital, vigilancia ilegal atribuida a integrantes de las Fuerzas Armadas, procesos judiciales abusivos y agresiones físicas.
De acuerdo con los resultados publicados por el centro de investigación, durante ese periodo fueron asesinados 337 periodistas y defensores de derechos humanos: 78 periodistas y 259 personas defensoras.
El estudio también estima que la impunidad por delitos cometidos contra estos grupos se mantuvo aproximadamente entre 93 y 99 por ciento durante el sexenio.
Estas cifras forman parte de la investigación del centro universitario y corresponden al periodo presidencial de 2018 a 2024; no representan un balance de la situación actual ni deben interpretarse como cifras exclusivas de casos relacionados con la CNDH.
La elección de Rosario Piedra en 2019
La designación de Piedra Ibarra al frente de la CNDH estuvo acompañada de controversias en el Senado de la República.
El 7 de noviembre de 2019, Piedra fue elegida en una tercera votación, con 76 votos a favor de un total de 114 registrados oficialmente. La decisión provocó cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes sostuvieron que no se había alcanzado la mayoría calificada requerida y denunciaron inconsistencias en el procedimiento.
Por su parte, la Mesa Directiva del Senado defendió la legalidad del proceso y rechazó los argumentos para reponer la elección. La bancada de Morena también sostuvo que la votación se había realizado conforme a las reglas parlamentarias.
La investigación de Berkeley incorpora esta controversia como parte del contexto institucional para analizar la independencia de los organismos responsables de proteger los derechos humanos.
Cuestionamientos sobre las Fuerzas Armadas y la CNDH
Otro de los aspectos señalados en el material de investigación se relaciona con el crecimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y con el tratamiento de quejas en las que estaba involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El tema resulta relevante porque la CNDH tiene entre sus atribuciones investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades administrativas federales, emitir recomendaciones y promover la reparación del daño cuando corresponde.
La discusión sobre la autonomía del organismo adquiere especial importancia cuando las denuncias involucran a instituciones del Estado con responsabilidades de seguridad pública y defensa nacional.
No obstante, los cuestionamientos recogidos en la investigación deben distinguirse de las determinaciones jurídicas sobre casos particulares. La existencia de una denuncia, una crítica institucional o una conclusión de investigación no equivale, por sí misma, a una resolución judicial que establezca responsabilidades individuales. –sn–
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