La CIDH advierte que los encarcelamientos masivos, el uso letal de la fuerza y los estados de excepción prolongados vulneran derechos humanos y exige políticas de seguridad con garantías judiciales.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que algunos gobiernos de América han recurrido a encarcelamientos masivos, operaciones policiales de alta letalidad y estados de excepción prolongados para combatir el crimen organizado, medidas que pueden contravenir los estándares interamericanos de derechos humanos.
El organismo sostuvo que la seguridad pública debe garantizar la protección de la población sin vulnerar la dignidad humana. Por ello, llamó a los Estados a revisar sus estrategias contra la criminalidad, investigar las muertes causadas por agentes estatales y asegurar que las detenciones, los procesos penales y las condiciones penitenciarias respeten las garantías fundamentales.
La advertencia está contenida en un pronunciamiento difundido el 5 de octubre de 2026, en el que la Comisión retoma los criterios de su Resolución 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas, presentada en marzo pasado. El documento plantea que combatir a los grupos criminales requiere políticas integrales, prevención social y sistemas de justicia eficaces, no únicamente medidas coercitivas.
CIDH cuestiona la eficacia de las estrategias basadas en la represión
La Comisión señaló que, en distintos países de la región, las respuestas frente al crimen organizado se han apoyado principalmente en el endurecimiento penal, el aumento de la población carcelaria y la aplicación recurrente de regímenes de excepción.
También advirtió que algunas operaciones policiales de gran escala han registrado elevados niveles de letalidad sin demostrar que constituyan una respuesta eficaz y sostenible. En ese contexto, alertó sobre el riesgo de normalizar las muertes como un indicador de resultados en materia de seguridad.
El organismo recordó que la violencia criminal tiene consecuencias que van más allá de los delitos y las pérdidas humanas. Las extorsiones afectan a comerciantes y transportistas; el reclutamiento de menores compromete el futuro de comunidades enteras, mientras que los asesinatos, las desapariciones y el desplazamiento forzado agravan la situación de miles de familias.
Las afectaciones son particularmente graves para grupos expuestos a discriminación histórica y estructural, entre ellos mujeres víctimas de trata, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Ante este escenario, la CIDH insistió en que la obligación estatal de proteger a las víctimas del crimen no justifica la creación de nuevas víctimas mediante actuaciones ilegales o desproporcionadas de las autoridades.
Uso de la fuerza, detenciones y juicios deben respetar garantías
La Comisión recordó que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ajustarse a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. La privación arbitraria de la vida, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, está prohibida en toda circunstancia.
Asimismo, sostuvo que los estados de excepción deben tener carácter temporal y no convertirse en una respuesta permanente a problemas estructurales de seguridad. Las autoridades deben garantizar el control judicial de las detenciones y determinar la responsabilidad penal mediante procedimientos con debido proceso, ante tribunales independientes e imparciales.
La prisión preventiva, añadió, debe conservar su naturaleza cautelar y no utilizarse como una pena anticipada.
En el ámbito penitenciario, las personas privadas de libertad permanecen bajo la custodia del Estado, que tiene la obligación de proteger su vida e integridad. Por ello, el hacinamiento, la falta de servicios básicos y la violencia dentro de los centros de detención son incompatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
En la justicia juvenil, la privación de libertad debe reservarse como último recurso.
CIDH pide no criminalizar la migración irregular
La Comisión también advirtió sobre los riesgos de equiparar la situación migratoria irregular con actos terroristas o utilizar mecanismos de detención migratoria con fines punitivos.
Según los criterios interamericanos, la detención de personas en movilidad debe responder a circunstancias excepcionales, sustentarse en una evaluación individual y llevarse a cabo en establecimientos especializados, distintos de los centros penitenciarios.
Además, el organismo recordó que las expulsiones colectivas y las devoluciones que vulneran el principio de no devolución están prohibidas por el derecho internacional.
Estas garantías buscan impedir que las políticas de control migratorio expongan a las personas a persecución, violencia u otros riesgos graves en los territorios a los que podrían ser enviadas.
Los Estados deben investigar muertes y transparentar resultados
Entre sus recomendaciones, la CIDH instó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a investigar de manera pronta, independiente e imparcial todas las muertes derivadas del uso de la fuerza.
También pidió establecer reglas para las intervenciones policiales acordes con los estándares internacionales, garantizar la supervisión judicial de las detenciones, mejorar las condiciones penitenciarias, reducir el hacinamiento y evitar la prolongación de los estados de excepción.
El organismo consideró necesario que los gobiernos publiquen periódicamente información sobre los resultados de sus políticas de seguridad, incluidos los hechos de violencia en los que participen agentes encargados de hacer cumplir la ley.
La transparencia permitiría evaluar las consecuencias de las medidas adoptadas y determinar si contribuyen efectivamente a proteger a la población sin generar nuevas vulneraciones. –sn–
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