La presidente Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la CNDH investigar las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos durante la protesta por agua contaminada en Guadalajara. Pablo Lemus reconoció uso excesivo de la fuerza y anunció investigaciones contra policías.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar a fondo las denuncias de tortura y abusos policiales contra jóvenes detenidos durante la protesta por agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, y determinar quién ordenó el operativo y quiénes son responsables de las agresiones.
La mandataria también planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en las indagatorias para esclarecer los hechos ocurridos el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. La exigencia de investigación se produce después de que el mandatario estatal reconociera el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas durante la movilización.
Las 39 personas detenidas durante la protesta recuperaron su libertad, según informó Lemus el martes 13 de octubre. Sin embargo, las denuncias sobre golpes, posibles actos de tortura y presuntas irregularidades durante las detenciones mantienen abierta la exigencia de esclarecer la actuación de los cuerpos policiales.
Sheinbaum exige identificar quién ordenó los abusos
Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum pidió que la CNDH entreviste directamente a las víctimas y reconstruya cómo se desarrolló el operativo policial.
“Tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿quién dio la orden? ¿por qué? Que se entreviste a las víctimas y que haya responsables, ¡cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura!”, expresó.
La mandataria insistió en que ninguna detención justifica la tortura y sostuvo que deben identificarse las responsabilidades de quienes participaron en los hechos, incluidos los mandos que hayan ordenado o permitido posibles abusos.
“No podemos permitir nosotros que venimos de luchar contra la represión, no podemos permitir que en México haya fuerzas que repriman”, señaló.
La solicitud de intervención de la CNDH busca esclarecer las denuncias y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos. Las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Denuncian golpes y posibles actos de tortura en Casa Jalisco
La protesta del domingo 11 de octubre reunió a manifestantes que exigían soluciones a los problemas de calidad del agua que afectan a colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Durante el operativo frente a Casa Jalisco, policías antimotines utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron golpes, detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura contra personas que participaron en la movilización.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) denunció que algunos detenidos fueron trasladados al interior de Casa Jalisco, donde presuntamente sufrieron agresiones antes de ser llevados ante la Fiscalía estatal.
Estas acusaciones requieren esclarecer las circunstancias de las detenciones, los lugares en los que permanecieron las personas arrestadas, el trato que recibieron y la participación de los agentes involucrados.
El caso también generó movilizaciones de estudiantes y organizaciones civiles que exigieron la liberación de los detenidos y el respeto al derecho a la protesta.
Pablo Lemus reconoce uso excesivo de la fuerza
El gobernador de Jalisco reconoció el martes que el operativo policial presentó graves deficiencias y que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas.
Después de revisar grabaciones de la movilización, Lemus anunció investigaciones internas para determinar las responsabilidades de los policías involucrados. También informó que las 39 personas detenidas habían recuperado su libertad.
El mandatario estatal señaló que la investigación contará con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el propósito de dar seguimiento a las posibles sanciones y a las medidas de reparación del daño.
El reconocimiento de excesos policiales constituye un antecedente para las investigaciones, pero no sustituye el esclarecimiento individual de las conductas denunciadas ni determina por sí mismo la responsabilidad penal de los agentes. –sn–
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