Luis Donaldo Colosio Riojas plantea crear servicios postpenales con acceso a documentos, empleo, salud, alojamiento temporal y transporte, además de restringir la exigencia de cartas de no antecedentes penales.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Facilitar el acceso al empleo de las personas que salen de prisión y reducir las barreras que dificultan su reinserción social es el objetivo de una iniciativa presentada por el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas. La propuesta busca garantizar apoyo después de la liberación y limitar los casos en que los empleadores pueden exigir una constancia de no antecedentes penales.
El proyecto plantea crear una unidad obligatoria de servicios postpenales que elabore un plan de egreso para cada persona. Entre las medidas previstas están facilitar documentos de identidad, vincular a los liberados con el Servicio Nacional de Empleo, canalizarlos a servicios de salud y ofrecer alojamiento temporal y transporte a quienes carezcan de redes de apoyo.
La iniciativa parte del problema que enfrentan quienes recuperan su libertad sin identificación oficial, vivienda, ingresos o posibilidades inmediatas de conseguir trabajo. Según Colosio Riojas, estas condiciones pueden dificultar la reintegración a la comunidad y aumentar los factores asociados con la reincidencia.
Proponen apoyo obligatorio después de salir de prisión
En la exposición de motivos, el senador sostuvo que la falta de empleo, documentos, vivienda y redes de apoyo constituye una barrera para quienes buscan reconstruir su vida después de cumplir una pena.
Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) establece principios para la reinserción social, el legislador considera necesario garantizar apoyos concretos durante la transición a la libertad.
“Los días posteriores a la liberación son los de mayor riesgo, y ahí la persona suele salir sin identificación, sin dinero, sin empleo y sin continuidad en sus tratamientos de salud”, señaló.
Por ello, el plan de egreso propuesto incluiría la gestión del acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP), además de la vinculación con oportunidades laborales y servicios médicos. También contemplaría alojamiento temporal y transporte para las personas que no cuenten con una red de apoyo.
Certificados laborales sin referencias al centro penitenciario
Otro componente de la iniciativa busca evitar que la documentación académica y laboral obtenida durante el internamiento se convierta en un obstáculo para conseguir empleo.
Para ello, plantea que los certificados, las constancias y los títulos se expidan sin referencias al centro penitenciario ni a la situación jurídica de la persona. Además, propone entregar al momento de la liberación una constancia que acredite la experiencia laboral adquirida durante el internamiento.
La medida busca que las capacidades y los conocimientos de quienes salen de prisión puedan ser considerados por los empleadores sin que los documentos revelen su situación penitenciaria.
Buscan limitar la exigencia de cartas de no antecedentes penales
La propuesta también plantea restringir la exigencia de constancias de no antecedentes penales a puestos cuyas funciones justifiquen ese requisito.
De acuerdo con la iniciativa, el documento únicamente sería exigible para empleos relacionados con seguridad pública o privada, procuración e impartición de justicia, así como para actividades de cuidado de menores de edad, personas mayores o personas con discapacidad.
Con este cambio, el senador busca reducir las barreras de contratación para quienes ya cumplieron una pena y facilitar su incorporación al mercado laboral.
La iniciativa propone modificar las condiciones de acceso al empleo y establecer mecanismos de acompañamiento después de la liberación. Su alcance dependerá del proceso legislativo y de la aprobación de las reformas correspondientes. –sn–
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