Verónica Martínez García propone un programa nacional con subsidios, herramientas de rastreo, atención médica y protección para madres buscadoras y colectivos de personas desaparecidas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La creación de un programa nacional con financiamiento, herramientas de búsqueda, atención integral y protección policial para madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas fue propuesta por la diputada federal Verónica Martínez García, mediante un punto de acuerdo presentado ante la Cámara de Diputados.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representante de Coahuila, planteó exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob), al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a diseñar, implementar y operar un mecanismo emergente que respalde las labores de localización en todo el país.
La iniciativa busca que las familias cuenten con recursos materiales y económicos para realizar rastreos, además de medidas de seguridad que reduzcan los riesgos que enfrentan durante las jornadas en campo.
Subsidios para financiar las búsquedas
La propuesta contempla entregar apoyos económicos directos a los colectivos civiles para adquirir herramientas de excavación, tecnología de geolocalización y cubrir gastos de transporte y viáticos.
Martínez García sostuvo que la participación de las familias debe abarcar el diseño, la ejecución y la evaluación de las acciones de búsqueda, con acceso a los insumos necesarios para desarrollar estas actividades.
Como fundamento, invocó las fracciones I, II, IV y VI del artículo 137 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que contempla derechos relacionados con la participación de familiares en los procesos de búsqueda.
También señaló el artículo 49 de esa legislación, relativo a los recursos humanos, materiales y financieros que requieren las instancias nacionales para cumplir sus funciones.
Protección durante los rastreos
Uno de los componentes centrales del planteamiento es la seguridad de quienes buscan a sus familiares, ante las amenazas y los riesgos que pueden enfrentar durante las jornadas de campo.
La diputada propuso aplicar las disposiciones del artículo 138 de la ley para proteger la vida y la integridad física de las personas buscadoras. Entre las medidas planteadas figura el despliegue obligatorio y permanente de la Guardia Nacional y de corporaciones policiales estatales durante los rastreos en zonas consideradas de alto riesgo.
La propuesta busca que las labores de localización cuenten con acompañamiento de seguridad, en lugar de dejar a los colectivos expuestos a posibles agresiones mientras realizan recorridos y exploraciones.
Atención médica y coordinación forense
El programa también incluiría atención a la salud y apoyo para el sustento familiar de quienes participan en las búsquedas, con el propósito de atender parte de las necesidades que enfrentan durante estos procesos.
Además, Martínez García propuso establecer mesas técnicas regionales coordinadas por la Segob y la Fiscalía General de la República (FGR), para articular estrategias de identificación humana y análisis de los hallazgos.
Entre las acciones planteadas se encuentran la coordinación de muestreos genéticos y el cruce de información con la Base Nacional de Datos Forenses y la Plataforma Única de Identidad.
La intención es facilitar la colaboración entre las autoridades responsables de la búsqueda y las familias, así como aprovechar la información disponible para avanzar en la identificación de personas desaparecidas. –sn–
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