Expertos de la ONU alertan sobre detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y restricciones a las protestas juveniles en India; exigen investigaciones independientes y garantías para los derechos humanos.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Las detenciones masivas, las denuncias de violencia policial y las restricciones a las manifestaciones juveniles en India encendieron las alertas de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes exigieron al gobierno que garantice el derecho a la protesta pacífica e investigue posibles violaciones de derechos humanos.
Las movilizaciones se han extendido durante los últimos meses por Nueva Delhi y otras regiones del país, impulsadas por estudiantes y simpatizantes que rechazan decisiones relacionadas con el sistema educativo y la eliminación de nombres de los registros electorales. Según los informes recibidos por los expertos, más de siete mil personas fueron detenidas recientemente en la capital india.
La controversia electoral se relaciona con la revisión de las listas de votantes, un proceso que habría eliminado alrededor de 130 millones de registros. La medida ha generado preocupación por el posible impacto sobre sectores vulnerables, entre ellos integrantes de la minoría musulmana y comunidades históricamente marginadas. Las autoridades electorales sostienen que la revisión busca depurar registros duplicados o correspondientes a personas que ya no cumplen los requisitos para votar.
ONU alerta sobre detenciones y abusos policiales
Los expertos de Naciones Unidas advirtieron que las denuncias no constituyen hechos aislados, sino que podrían reflejar un patrón de restricciones al derecho de reunión, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y persecución de activistas estudiantiles.
Entre los antecedentes mencionados figura la presunta detención de diez activistas estudiantiles y laborales en Nueva Delhi durante marzo. De acuerdo con la información recibida, policías vestidos de civil los habrían mantenido incomunicados durante más de 24 horas y sometido a malos tratos, amenazas y coacción antes de su liberación mediante un procedimiento judicial de hábeas corpus.
Los informes también señalan que las fuerzas de seguridad utilizaron porras contra manifestantes desarmados e impidieron que miles de personas llegaran a los puntos de concentración. Además, más de siete mil jóvenes, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y militantes políticos habrían sido detenidos durante los operativos recientes.
Según las denuncias, algunos arrestados fueron trasladados a centros de detención alejados de la capital. También se reportó la confiscación de teléfonos y la eliminación de materiales relacionados con las protestas. La información disponible incluye señalamientos de lesiones y malos tratos, así como denuncias de violencia sexual y otras agresiones por motivos de género.
Restricciones a las reuniones e interrupciones de internet
Los especialistas expresaron preocupación por el uso del artículo 163 de la Ley de Seguridad Nacional y Procedimiento Penal de India, conocida como Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), para imponer prohibiciones generales a las reuniones públicas.
Las medidas denunciadas también incluyen interrupciones del transporte público y cortes de internet, acciones que pueden dificultar la organización de manifestaciones, la comunicación entre familiares y abogados, y la documentación de posibles abusos.
Los expertos recordaron que las restricciones a las reuniones pacíficas deben contar con fundamento legal, perseguir un objetivo legítimo y ser necesarias y proporcionales. La invocación del orden público, señalaron, no elimina las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Exigen investigaciones independientes y reparación a las víctimas
Ante la gravedad de las denuncias, los expertos solicitaron el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza, la revisión de las prohibiciones generales de reunión y el fin del uso indebido de herramientas de vigilancia digital, incluidos los datos biométricos.
También reclamaron una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre la actuación de los cuerpos policiales y de las fuerzas que participaron en los operativos, con el propósito de determinar responsabilidades y garantizar justicia y reparación para las víctimas. –sn–
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