Una iniciativa en el Congreso de la ciudad de México plantea crear un Instituto de Defensoría Pública autónomo, con servicios jurídicos gratuitos, seguimiento de casos y atención especializada para personas en situación vulnerable.
Por Gustavo García | Reportero
El acceso gratuito a la representación legal para personas sin recursos económicos es uno de los objetivos de una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México para expedir la Ley del Instituto de Defensoría Pública, con la que se busca establecer un organismo constitucional autónomo encargado de prestar estos servicios.
La propuesta, impulsada por el diputado Mario Enrique Sánchez Flores, del Partido Acción Nacional (PAN), contempla otorgar autonomía técnica, de gestión, funcional, presupuestal y financiera a la institución, además de personalidad jurídica y patrimonio propios. Su aprobación permitiría avanzar en la creación del organismo previsto en la Constitución local.
El proyecto también plantea establecer mecanismos de seguimiento individualizado de los asuntos, procedimientos para presentar quejas por deficiencias en la atención y un Servicio Profesional de Carrera que impulse la capacitación continua y la evaluación del desempeño de los defensores públicos.
¿Qué cambiaría con la nueva Ley de Defensoría Pública?
La iniciativa busca establecer un marco jurídico específico para organizar y regular los servicios de defensa pública, con la finalidad de garantizar que las personas puedan recibir orientación, asesoría y representación legal sin que su situación económica sea un obstáculo.
Entre los cambios propuestos figura un procedimiento público, con participación ciudadana, para seleccionar a la persona titular del Instituto. El objetivo es establecer condiciones de transparencia en la designación de quien encabezaría el organismo.
El proyecto también incorpora mecanismos para dar seguimiento a cada caso y recibir inconformidades cuando el servicio presente deficiencias. Estas herramientas permitirían establecer vías formales para evaluar la atención y revisar el desempeño de quienes presten los servicios jurídicos.
En materia laboral, el Servicio Profesional de Carrera previsto en la propuesta busca fortalecer la preparación de los defensores públicos, establecer evaluaciones de desempeño y mejorar sus condiciones de trabajo.
Atención especializada para grupos vulnerables
La iniciativa contempla incorporar la perspectiva de género, el enfoque interseccional y el interés superior de la niñez en la prestación de los servicios jurídicos.
También propone atención especializada para pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes, menores, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia, además de otros grupos en situación de vulnerabilidad.
El planteamiento parte de que las barreras económicas y sociales pueden dificultar el acceso a la justicia. Por ello, propone que la defensa pública opere con criterios de especialización e imparcialidad, de acuerdo con las necesidades de cada persona y asunto. –sn–
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