Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, buscados desde 2021. La medida entró en vigor el 25 de septiembre de 2026, mientras México mantiene acciones para conocer los motivos y avanzar en los procedimientos judiciales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló las notificaciones rojas de localización internacional contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes eran buscados desde 2021 por requerimientos de autoridades mexicanas.

La decisión surtió efecto el 25 de septiembre de 2026 y fue reportada por medios mexicanos el 22 de octubre. El retiro de las alertas no implica, por sí mismo, que hayan desaparecido las órdenes de aprehensión ni los procedimientos judiciales en México.

El caso volvió al debate público después de que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo informara el 30 de septiembre que su gobierno solicitaría explicaciones sobre la decisión y buscaría restablecer las notificaciones internacionales.

El retiro de las alertas internacionales

Las notificaciones rojas son solicitudes de cooperación policial para localizar y detener provisionalmente a personas buscadas, con miras a una extradición u otro procedimiento judicial. Interpol no emite órdenes internacionales de aprehensión, por lo que la cancelación de una alerta no elimina automáticamente una orden judicial nacional.

El 9 de octubre, el gobierno mexicano todavía esperaba una explicación oficial sobre el retiro de las notificaciones. La presidente Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado que solicitaría conocer los motivos de la decisión y que las autoridades revisarían las acciones para mantener la búsqueda de ambos.

Hasta la información pública disponible, no se habían precisado oficialmente las razones que llevaron a Interpol a cancelar las alertas.

Antecedentes fiscales y judiciales

Los antecedentes del caso se remontan a varios años antes de que se emitieran las notificaciones internacionales. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaron actuaciones relacionadas con el despacho Álvarez Puga y Asociados.

De acuerdo con señalamientos atribuidos al SAT, el despacho habría ofrecido esquemas para registrar trabajadores como socios o cooperativistas, con el propósito de reducir obligaciones relacionadas con el reparto de utilidades, los impuestos y las aportaciones de seguridad social.

En 2012, el diario The New York Times publicó información sobre una empresa vinculada con el empresario y su presunta relación con una estructura de compañías utilizadas para operaciones fiscales irregulares. Estos señalamientos forman parte de los antecedentes periodísticos del caso y no deben confundirse con una sentencia judicial.

En 2016, Inés Gómez Mont enfrentó señalamientos fiscales por ingresos que, según las autoridades, superaban los declarados. La información difundida entonces indicó que pagó más de 2.6 millones de pesos para regularizar su situación fiscal. –sn–

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