Reporteros Sin Fronteras advierte que 18 periodistas han sido asesinados durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum y señala rezagos en protección, prevención e investigaciones contra la impunidad.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Dieciocho periodistas han sido asesinados durante los dos primeros años del gobierno federal encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, mientras persisten los rezagos en las políticas de prevención, protección y procuración de justicia, de acuerdo con el balance presentado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) a las autoridades mexicanas.
La organización internacional informó que, de los 22 compromisos asumidos por Sheinbaum en 2024 para fortalecer la libertad de prensa, solo uno registró una evolución positiva. Otros cinco presentaron avances insuficientes, diez no mostraron progresos sustanciales verificables, dos experimentaron retrocesos institucionales y cuatro no pudieron evaluarse por falta de información.
Durante una reunión celebrada el 21 de octubre con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el director general de RSF, Thibaut Bruttin, expuso la necesidad de convertir los compromisos gubernamentales en medidas verificables para proteger a los periodistas y esclarecer los crímenes cometidos contra la prensa.
Gobierno reconoce retrasos y promete acelerar compromisos
Rodríguez reconoció los retrasos en la implementación de los acuerdos con RSF y expresó la disposición del gobierno federal para acelerar su cumplimiento.
En el encuentro participaron Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y Tobyanne Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La secretaria planteó dos líneas de acción: revisar individualmente los expedientes de periodistas asesinados para identificar los obstáculos que impiden esclarecer los casos y acelerar la descentralización de las políticas de protección, con mayores capacidades de respuesta para las entidades federativas.
La organización considera que la coordinación entre las autoridades federales y estatales es indispensable para prevenir agresiones, atender amenazas oportunamente y evitar que los crímenes contra periodistas permanezcan sin esclarecer.
Fiscalía General asume compromisos contra la impunidad
En otra reunión, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, asumió dos compromisos ante RSF relacionados con la capacitación de los agentes del Ministerio Público y el fortalecimiento de la atención institucional a los delitos contra la libertad de prensa.
El primero consiste en reforzar la formación de los integrantes del Ministerio Público en materia de libertad de prensa, particularmente en las fiscalías estatales.
El segundo contempla incorporar este asunto en la agenda de una próxima sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, prevista para 2027, organismo que reúne a los titulares de las fiscalías de las 32 entidades federativas.
Los compromisos buscan mejorar las capacidades de investigación y colocar la violencia contra periodistas entre los asuntos que requieren coordinación nacional. Sin embargo, su cumplimiento dependerá de que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas y resultados comprobables.
Solo uno de 22 compromisos presenta avances positivos
El balance de RSF identifica un avance limitado en las acciones emprendidas desde el inicio del mandato federal, en octubre de 2024.
Entre los resultados favorables, la organización señaló la capacitación de 386 servidores públicos de las entidades federativas en medidas preventivas de protección. También reconoció la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, aprobada el 16 de septiembre de 2026.
No obstante, la evaluación advierte que las iniciativas de coordinación entre autoridades federales y estatales no han producido cambios estructurales suficientes para garantizar la seguridad de los periodistas.
Los encuentros nacionales de autoridades responsables de la protección, celebrados en agosto de 2025 y septiembre de 2026, fueron considerados pasos positivos, aunque RSF señaló que todavía no se traducen en una respuesta preventiva eficaz frente a las amenazas y agresiones.
La organización también reportó un incremento nominal aproximado de 6.7 por ciento en el presupuesto del Mecanismo Federal de Protección entre 2025 y 2026, sin identificar mejoras sustanciales que permitan considerar resuelto el problema de la protección institucional.
Menos del 1% de los asesinatos de periodistas se esclarece por completo
La impunidad constituye uno de los principales obstáculos para el ejercicio seguro del periodismo en México.
De acuerdo con las cifras presentadas por RSF, entre julio de 2010 y junio de 2026 la FEADLE abrió 1,909 investigaciones por delitos contra periodistas, de las cuales 53 derivaron en sentencias condenatorias. De ese total, únicamente 11 correspondieron a asesinatos de periodistas.
La organización señaló que 168 de los 169 asesinatos de periodistas registrados en su balance de los últimos 20 años no han sido esclarecidos por completo, debido a que no se ha identificado al autor intelectual ni determinado el móvil del crimen.
Estos datos reflejan las dificultades para establecer responsabilidades más allá de los autores materiales y avanzar en investigaciones que permitan conocer quién ordenó los ataques y por qué fueron cometidos.
RSF también alertó sobre la reducción de fiscales y funcionarios especializados en delitos contra la libertad de prensa, así como sobre cambios en la estructura organizativa encargada de atender estos casos.
RSF advierte riesgos para la libertad de prensa
El informe también cuestiona la falta de una estrategia duradera para promover el respeto al periodismo y advierte sobre declaraciones públicas denigrantes contra medios de comunicación y profesionales críticos.
En materia de acceso a la información, la organización señaló que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en diciembre de 2024, y el traslado de sus funciones a una institución vinculada al Poder Ejecutivo modificaron las garantías institucionales de independencia en esta materia.
En el ámbito legislativo, RSF no identificó reformas federales sustanciales para eliminar disposiciones penales que puedan utilizarse para restringir la libertad de prensa o propiciar la autocensura.
La derogación del delito de calumnia en Zacatecas representa uno de los avances concretos, pero la organización considera pendiente una revisión más amplia de las normas que pueden emplearse contra periodistas.
Bruttin exige resultados verificables
El director general de RSF sostuvo que el reconocimiento de los retrasos por parte de las autoridades representa una señal relevante, pero advirtió que los compromisos deben traducirse en resultados concretos.
La organización insistió en fortalecer las políticas de prevención, mejorar los mecanismos de protección y avanzar en las investigaciones para combatir la impunidad.
El desafío para el gobierno federal consiste en demostrar que los acuerdos institucionales producen mejoras medibles en la seguridad de quienes ejercen el periodismo, especialmente en las regiones donde las amenazas y los asesinatos limitan la cobertura de asuntos de interés público.
Para RSF, el seguimiento de los compromisos deberá centrarse en avances verificables que permitan a los periodistas trabajar de manera segura y garanticen a la sociedad su derecho a recibir información. –sn–
| @SociedadN_
¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.
