La Universidad Nacional Rosario Castellanos enfrenta denuncias de despidos, presunto hostigamiento laboral, problemas salariales y obstáculos sindicales. El conflicto involucra a docentes, autoridades universitarias y organizaciones que exigen reinstalaciones y libertad sindical.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) enfrenta un conflicto laboral que combina denuncias de presunto hostigamiento, despidos de dirigentes docentes, reclamos por pagos salariales y una disputa por el reconocimiento de una organización sindical. El caso coloca bajo escrutinio las condiciones laborales de una institución creada para ampliar el acceso a la educación superior pública.
En 2026, Samantha Fouilloux Alfaro y Javier Gámez Chávez, integrantes de la Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (ASUTEUNRC), denunciaron que fueron separados de sus puestos en julio y agosto, respectivamente, después de participar en la organización sindical y reclamar mejores condiciones laborales. La universidad rechazó que las decisiones respondieran a represalias y sostuvo que obedecieron a cuestiones relacionadas con obligaciones y desempeño profesional.
El conflicto no comenzó este año. En 2023 y 2024, docentes de la entonces Universidad Rosario Castellanos, institución de educación superior de la ciudad de México antes de convertirse en organismo federal, denunciaron retrasos e irregularidades en el pago de salarios, incertidumbre sobre sus contrataciones y despidos posteriores a las protestas. Estos antecedentes muestran que las diferencias sobre pagos, estabilidad laboral y representación colectiva anteceden a la actual disputa sindical.
De los pagos pendientes al conflicto sindical
Uno de los antecedentes documentados se remonta a septiembre de 2023, cuando profesores de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación denunciaron que no habían recibido íntegramente sus salarios. De acuerdo con información publicada entonces, los docentes señalaron que se trataba de un problema recurrente y que, en algunos casos, habían recibido abonos de apenas 250 pesos.
El 9 de octubre de 2023, el diario La Jornada informó que los profesores habían decidido iniciar un paro indefinido para exigir el pago completo, transparencia en la integración de sus percepciones y mayor certidumbre laboral.
Las demandas no se limitaban a la entrega de dinero. Los académicos también reclamaban contratos permanentes y mecanismos administrativos que evitaran la repetición de los retrasos.
Durante los primeros meses de 2024, nuevas denuncias señalaron que algunos pagos se habían regularizado de manera escalonada, mientras persistían dudas sobre la continuidad laboral de profesores que habían participado en las protestas. Publicaciones de ese periodo documentaron que algunos docentes dejaron de recibir carga horaria o fueron excluidos de grupos de comunicación institucionales.
Esas denuncias fueron difundidas principalmente por medios y espacios vinculados con las propias organizaciones docentes. Para establecer responsabilidades individuales sería necesario revisar los expedientes laborales, los registros de nómina y las resoluciones administrativas correspondientes.
La secuencia, sin embargo, permite identificar un antecedente central: las diferencias sobre salarios y estabilidad laboral ya habían generado movilizaciones antes de la creación formal de la universidad federal.
¿Quiénes son los profesores afectados?
El episodio más reciente involucra a dos dirigentes de la ASUTEUNRC.
Samantha Fouilloux Alfaro, profesora de tiempo completo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y secretaria general de la organización, denunció que fue separada de su puesto el 17 de julio de 2026. De acuerdo con su testimonio, la decisión ocurrió después de que planteó señalamientos de presunto hostigamiento laboral y de género, además de participar en la organización sindical.
Fouilloux sostuvo que la notificación de su cese incluyó cuestionamientos relacionados con expresiones dirigidas a funcionarios universitarios y con su actuación frente a autoridades externas. La universidad, por su parte, defendió la decisión bajo argumentos relacionados con obligaciones laborales y pérdida de confianza.
Javier Gámez Chávez, profesor de tiempo completo de la licenciatura en Relaciones Internacionales y secretario de Finanzas de la ASUTEUNRC, fue separado de su puesto el 18 de agosto, según los reportes periodísticos sobre el caso.
Gámez también denunció presuntas represalias vinculadas con la formación sindical. Entre los problemas señalados por los docentes aparecen restricciones para desarrollar actividades académicas, evaluaciones que consideraron injustificadamente bajas y obstáculos para consolidar su organización.
Estas afirmaciones constituyen denuncias de los afectados y no deben confundirse con hechos acreditados mediante una resolución judicial o laboral definitiva.
La controversia también afecta a los profesores que buscan conocer las condiciones bajo las cuales pueden organizarse, defender sus derechos y participar en la vida institucional sin poner en riesgo su empleo.
La versión de la Rectoría
La rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, rechazó que exista una política institucional de persecución contra docentes o una confrontación generalizada con el personal académico.
En una respuesta difundida el 26 de agosto de 2026, la universidad sostuvo que las discrepancias se atienden mediante su Estatuto de Gobierno, las Normas de Convivencia y el Código de Conducta.
La institución también afirmó que la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Subdirección de Cultura de Paz y el Comité de Ética no tenían registros de denuncias presentadas por Fouilloux y Gámez relacionadas con presuntos actos de acoso laboral, académico, psicológico o de género.
La rectoría argumentó, además, que las relaciones laborales de su personal se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional y las disposiciones aplicables a los servidores públicos federales. Sostuvo que las medidas administrativas cuestionadas respondieron al cumplimiento de obligaciones institucionales, no a la actividad sindical.
Respecto de la organización gremial, la universidad indicó que había facilitado espacios y condiciones logísticas para el ejercicio de la libre asociación durante 2024. También señaló que no le corresponde otorgar el reconocimiento formal a un sindicato, facultad que compete a las autoridades laborales.
La diferencia entre ambas versiones permanece en el centro del conflicto: los docentes interpretan los ceses como represalias contra su organización, mientras la universidad los presenta como decisiones administrativas justificadas.
Para esclarecer el caso será determinante conocer las resoluciones de las autoridades laborales, los expedientes de separación y la documentación que permita establecer si existió una relación entre la actividad sindical y las decisiones de la institución.
La disputa por el registro sindical
La ASUTEUNRC busca obtener el reconocimiento formal que le permita actuar como organización sindical dentro de la universidad y defender colectivamente los intereses de sus integrantes.
El procedimiento se encuentra en el ámbito del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), de acuerdo con la información publicada sobre el caso.
El registro sindical es relevante porque permite dar certeza jurídica a la representación de los trabajadores, delimitar la integración de la organización y establecer los mecanismos de interlocución con la institución.
En octubre de 2026, organizaciones sindicales nacionales reiteraron su exigencia de que se resuelva el procedimiento y se reinstale a los dos docentes separados de sus puestos.
La universidad, sin embargo, ha sostenido que no tiene constancia de una resolución que acredite formalmente a la agrupación. Esa postura no equivale, por sí misma, a una determinación definitiva sobre la procedencia de la solicitud sindical.
La resolución del tribunal permitirá conocer el estado jurídico de la organización y las obligaciones que correspondan a las partes.
El respaldo de otros sindicatos y la intervención política
El conflicto dejó de ser una disputa circunscrita a la comunidad universitaria cuando organizaciones gremiales externas se sumaron a las exigencias de reinstalación y reconocimiento sindical.
El 28 de septiembre de 2026, representantes sindicales se concentraron frente al plantel Santo Tomás de la UNRC para expresar su respaldo a Fouilloux y Gámez. Entre las organizaciones participantes se reportó la presencia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
También se registró la participación del diputado local de la ciudad de México Juan Estuardo Rubio Gualito, quien respaldó las exigencias de reinstalación.
El 19 de octubre, nuevas movilizaciones encabezadas por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Nueva Central de Trabajadores (NCT) insistieron en que los docentes deben recuperar sus puestos y que las autoridades laborales resuelvan la solicitud de registro sindical.
Estas intervenciones ampliaron el alcance político del caso. Las organizaciones participantes han presentado el conflicto como un asunto de libertad sindical y derechos laborales; la universidad, por su parte, ha defendido la legalidad de sus decisiones administrativas.
La presencia de dirigentes gremiales y representantes políticos no demuestra por sí sola que exista una estrategia partidista detrás de los despidos. Sí muestra que la disputa se convirtió en un tema de presión pública sobre las autoridades universitarias y laborales.
AMLO y Sheinbaum: el contraste entre el proyecto educativo y el conflicto laboral
La Universidad Rosario Castellanos se desarrolló inicialmente como un proyecto educativo de la ciudad de México y posteriormente fue incorporada al ámbito federal. El 2 de diciembre de 2024 se publicó el decreto de creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.
La expansión de esta institución se relaciona con la política de ampliar el acceso a la educación superior pública, una prioridad de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la administración de López Obrador, la educación superior y la ampliación de oportunidades educativas formaron parte de los objetivos de la política social. Sin embargo, el antecedente de los retrasos salariales y las protestas de 2023 y 2024 muestra que la expansión educativa no eliminó automáticamente las dificultades administrativas y laborales de la institución.
Con Sheinbaum, la universidad adquirió una nueva dimensión federal. La creación del organismo en diciembre de 2024 consolidó el proyecto como parte de la oferta nacional de educación superior pública.
La presidenta también ha defendido públicamente la libertad sindical y las reformas laborales que establecieron mecanismos de elección democrática de dirigencias gremiales. En junio de 2026, durante una conferencia de prensa, se refirió a la atención de demandas laborales de docentes y a la necesidad de resolver casos pendientes.
No obstante, esas posiciones generales no equivalen a una resolución sobre el caso de la UNRC. Los reportes periodísticos señalaron que Fouilloux había comunicado el conflicto a la Presidencia, pero no se ha acreditado públicamente, con la información disponible, una intervención presidencial que haya resuelto los despidos o el registro sindical.
El punto de contraste es institucional: un proyecto que busca ampliar derechos educativos enfrenta cuestionamientos sobre las condiciones de quienes imparten clases y sobre las garantías para organizarse laboralmente.
¿Se utiliza políticamente el conflicto?
La disputa tiene una dimensión política porque involucra a una universidad federal asociada con un proyecto educativo de los gobiernos de Morena, a funcionarios públicos, dirigentes sindicales y representantes legislativos.
Los docentes y sus aliados han recurrido a movilizaciones, pronunciamientos públicos y solicitudes ante autoridades para exigir reinstalaciones y reconocimiento sindical. La universidad ha respondido mediante comunicados y argumentos administrativos para defender las separaciones.
Sin embargo, afirmar que los despidos obedecen a una orden política o que existe una operación partidista requiere pruebas específicas. Las denuncias de los profesores deben investigarse, pero no bastan por sí solas para demostrar una instrucción de la Presidencia o de la rectoría.
Tampoco puede asumirse que las decisiones de la universidad fueron correctas únicamente porque la institución las justifique como medidas de desempeño laboral. La existencia de evaluaciones, informes administrativos o señalamientos contra trabajadores debe revisarse con criterios de legalidad, debido proceso y libertad sindical.
La cuestión de fondo es si las decisiones laborales se adoptaron con independencia de la actividad gremial y si los mecanismos de denuncia y resolución de conflictos funcionaron de manera efectiva.
Fechas fundamentales del conflicto
- Septiembre de 2023: docentes de la entonces Universidad Rosario Castellanos denunciaron retrasos e irregularidades en el pago de salarios.
- 9 de octubre de 2023: se reportó un paro de profesores que exigían pagos completos, transparencia salarial y mayor estabilidad laboral.
- Marzo de 2024: nuevas denuncias señalaron incertidumbre sobre la continuidad laboral de docentes que habían participado en reclamos salariales.
- 2 de diciembre de 2024: se publicó el decreto de creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos como organismo federal.
- 17 de julio de 2026: Samantha Fouilloux Alfaro fue separada de su puesto, según los reportes del caso.
- 18 de agosto de 2026: Javier Gámez Chávez fue separado de su puesto, de acuerdo con la información publicada.
- 21 y 26 de agosto de 2026: se difundieron las denuncias de los docentes y la respuesta institucional de la universidad.
- 28 y 29 de septiembre de 2026: sindicatos y representantes políticos expresaron su respaldo a los docentes y exigieron su reinstalación.
- 19 de octubre de 2026: la UNT y la NCT reiteraron sus demandas y solicitaron una resolución sobre el registro sindical.
- 23 de octubre de 2026: se reportó una reunión prevista entre representantes de la organización y el presidente del TFCA para abordar el trámite sindical. A la fecha de esta nota, la reunión es un hecho futuro y no debe presentarse como realizada ni como una resolución consumada.
Lo que falta por esclarecer
El conflicto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos no puede reducirse a una disputa personal entre profesores y funcionarios. Los antecedentes de pagos pendientes, la incertidumbre laboral y las denuncias recientes plantean preguntas sobre la administración de una institución pública en expansión.
Entre los puntos pendientes se encuentran la resolución del registro sindical, la revisión de los despidos, la documentación de las denuncias de hostigamiento y la aclaración de las condiciones laborales de los docentes.
También falta determinar si los problemas salariales de 2023 y 2024 fueron corregidos de manera definitiva y qué mecanismos se establecieron para evitar que se repitan.
La solución exige que las autoridades laborales actúen con independencia, que la universidad documente sus decisiones y que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin que las diferencias se resuelvan mediante acusaciones públicas o decisiones administrativas opacas.
La ampliación de la matrícula y la creación de nuevas oportunidades educativas son objetivos relevantes, pero la solidez de una universidad pública también depende de la estabilidad de su personal, la transparencia en el uso de recursos y el respeto a la libertad de asociación.
El desenlace de este caso permitirá conocer si las instituciones involucradas pueden resolver la controversia mediante procedimientos verificables o si el conflicto continuará trasladándose a las calles, los tribunales y el debate político. –sn–
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