Human Rights Watch pide al Senado corregir el aplazamiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Senado de la República tiene la posibilidad de evitar un vacío jurídico que podría afectar los derechos de las personas con discapacidad, luego de que la Cámara de Diputados aprobó aplazar hasta 2031 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), informó Human Rights Watch (HRW) este 23 de octubre.
La organización internacional pidió modificar la legislación para mantener el 1 de abril de 2027 como fecha límite para poner en marcha el procedimiento extraordinario de designación de apoyos, un mecanismo judicial que permite facilitar decisiones con efectos jurídicos cuando no es posible conocer la voluntad de una persona, pese a realizar esfuerzos considerables.
El retraso podría dejar a personas que necesitan estos apoyos sin una vía judicial específica para proteger su patrimonio, atender asuntos familiares o resolver decisiones urgentes relacionadas con su salud. La reforma aprobada por los diputados fue turnada al Senado, que todavía puede introducir modificaciones.
Un retraso con consecuencias jurídicas
Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de HRW, advirtió que el aplazamiento podría generar una contradicción: los jueces ya no pueden recurrir a la interdicción para privar a una persona de su capacidad jurídica, pero el procedimiento alternativo de apoyos extraordinarios podría no estar vigente en todo el país.
La interdicción era un mecanismo judicial que permitía someter a una persona adulta a un régimen de tutela y transferir a otra persona decisiones sobre su patrimonio, finanzas y asuntos personales. Según HRW, ese sistema podía ignorar la voluntad y las preferencias de quienes quedaban sujetos a él.
El CNPCF, aprobado en junio de 2023, eliminó esa figura y estableció mecanismos orientados a respetar la capacidad jurídica de las personas adultas con discapacidad. Sin embargo, la implementación gradual del nuevo ordenamiento ha retrasado la aplicación de los procedimientos previstos.
Cómo funcionan los apoyos extraordinarios
El Código contempla que un juez designe apoyos de manera excepcional cuando no sea posible conocer la voluntad y las preferencias de una persona por ningún medio, después de realizar esfuerzos pertinentes y proporcionar ajustes razonables y medidas de accesibilidad.
El mecanismo busca facilitar el ejercicio de derechos, no declarar jurídicamente incapaz a la persona ni entregar a otra el poder general de sustituir sus decisiones. La designación debe sujetarse a salvaguardias para prevenir abusos y procurar la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias de la persona apoyada.
Un caso ilustrativo sería el de una persona que entra en coma sin haber establecido instrucciones anticipadas sobre sus bienes o atención médica. Si se requieren decisiones urgentes, la falta de un procedimiento judicial aplicable podría complicar la protección de su patrimonio y otros derechos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido, de acuerdo con los antecedentes citados por HRW, que la interdicción es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y que su eliminación no depende de la entrada en vigor gradual del nuevo Código. –sn–
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