La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a los Estados de América a reconocer el derecho al cuidado y crear sistemas integrales que protejan la autonomía, dignidad e independencia de las personas mayores.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El derecho a recibir cuidados dignos, decidir sobre la propia atención y conservar la independencia debe quedar garantizado en las leyes y políticas públicas de América, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el organismo llamó a los Estados de la región a establecer sistemas integrales que atiendan las necesidades de las personas mayores, respalden a sus familias y regulen los servicios de asistencia.
La exigencia busca combatir la discriminación por edad, evitar la institucionalización forzada y garantizar que quienes necesitan cuidados reciban atención de calidad sin perder su autonomía ni su capacidad de tomar decisiones.
El cuidado como derecho humano
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo en su Opinión Consultiva OC-31/25, que comprende tres dimensiones: recibir cuidados, cuidar a otras personas y ejercer el autocuidado.
Este reconocimiento implica obligaciones para los Estados, entre ellas garantizar servicios accesibles y de calidad, condiciones dignas para quienes realizan labores de cuidado y recursos para que puedan atender su propio bienestar.
El derecho también involucra a las familias, las instituciones públicas y los prestadores de servicios sociosanitarios, por lo que requiere políticas que articulen distintas modalidades de atención, desde cuidados temporales hasta permanentes.
La CIDH ha señalado que las necesidades de las personas mayores no pueden atenderse mediante respuestas aisladas, sino con sistemas que integren servicios sociales, sanitarios y mecanismos de protección.
Combatir la discriminación por edad
Uno de los principales obstáculos para garantizar estos derechos son los prejuicios que consideran a las personas mayores incapaces de decidir o una carga para sus familias y comunidades.
Estas percepciones pueden propiciar prácticas discriminatorias, entre ellas la institucionalización forzada por motivos de edad, que limita la libertad y desconoce la voluntad de quienes requieren asistencia. –sn–
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