*Royfid Torres González, de MC, llamó a reforzar la infraestructura y el presupuesto de la defensoría pública

Por Luis Muñoz | Reportero

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México resaltaron el fortalecimiento de la defensoría pública durante la comparecencia de la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas, como parte de la Glosa del 2° Informe de la jefe de gobierno, Clara Brugada Molina.

En el auditorio "Benito Juárez", las fuerzas políticas representadas en el Congreso local resaltaron el fortalecimiento de la defensoría pública, pues parte de la visión de que la justicia sea un derecho de todos los habitantes de esta metrópoli.

Ante las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; de Administración y Procuración de Justicia, y de Justicia Cívica y Defensoría Pública, la diputada María del Rosario Morales Ramos dio la bienvenida a la servidora pública, en su calidad de Presidenta de la primera instancia.

Aseveró que la coordinación institucional está encaminada al fortalecimiento del marco normativo y para que las acciones se traduzcan en beneficios reales para la población.

Integrantes de las asociaciones y grupos parlamentarios dieron un posicionamiento sobre el informe presentado con anterioridad por Cruzvillegas Fuentes, en el que también externaron la importancia de proteger el patrimonio familiar, solucionar problemas comunitarios e impulsar el acceso a la justicia.

En representación de Morena, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez afirmó que los resultados de la Consejería Jurídica se deben a la visión de que la justicia tiene que ser una realidad para todas las personas.

En ese contexto, destacó que la labor de la Defensoría Social Ponciano Arriaga contribuye a ello al identificar las necesidades de los capitalinos y establecer rutas de atención, entre otros aspectos.

A nombre del PAN, el legislador Mario Enrique Sánchez Flores reconoció el trabajo de esa institución a favor de quienes no pueden pagar un abogado. Pero también pidió mayor claridad sobre las responsabilidades de la defensoría pública y atender las preocupaciones de vecinos sobre la construcción de la Línea 5 del Cablebús.

La congresista Yolanda García Ortega, del PVEM, consideró fundamental consolidar una defensa institucional sólida y accesible, que permita proteger el patrimonio familiar y reducir las desigualdades sociales.

Además externó que el reforzamiento de la justicia cívica preventiva y de proximidad es clave para solucionar conflictos comunitarios y garantizar el pleno ejercicio de los derechos.

Por parte del PT, la legisladora Jannete Guerrero Maya expresó que el acceso a la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos deben traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía.

Asimismo, resaltó la importancia de garantizar la identidad jurídica, certeza patrimonial y la atención sin discriminación, ya que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho de todas las personas.

El diputado Royfid Torres González, de MC, llamó a reforzar la infraestructura y el presupuesto de la defensoría pública, descentralizar los programas de atención ciudadana y modernizar el Registro Público de la Propiedad, para prevenir el despojo y facilitar la regularización patrimonial.

De igual manera pidió información sobre los avances del Reglamento del Sistema de Cuidados y la reforma de justicia cívica.

La congresista Nora Arias Contreras, del PRD, señaló que el acceso efectivo a la justicia es indispensable para combatir la desigualdad y cerrar la brecha entre tener un derecho reconocido y ejercerlo.

Planteó fortalecer la defensoría pública, acercar la orientación jurídica a barrios, pueblos y colonias, y agilizar trámites que brinden certeza al patrimonio familiar.

De la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), el diputado Alejandro Carbajal González externó la necesidad de consolidar una justicia cívica cercana y preventiva que resuelva conflictos vecinales a tiempo. Subrayó que fortalecer los servicios públicos y la defensa jurídica es clave para garantizar derechos y construir la paz en las comunidades.

La diputada Diana Sánchez Barrios reconoció los avances en materia de certeza patrimonial, identidad de género y atención ciudadana. No obstante, la Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI) insistió en fortalecer la defensoría pública; garantizar el acceso efectivo a la justicia, y mejorar la atención a mujeres y los sectores vulnerables.

En su intervención, la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas, aseveró que esa instancia no sólo atiende acciones del ámbito jurídico y legal, en la cual se han tenido avances significativos, sino también acciones de civismo, convivencia y prevención.

En el rubro de acceso a la justicia, resaltó que se cuenta con 642 personas defensoras públicas que prestan asistencia social, y que entre octubre de 2025 y 2026 se brindaron más de 89 mil asesorías jurídicas en materia penal y se aceptaron más de 39 mil defensas, así como cerca de 30 mil asesorías en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario.

Adelantó que próximamente se llevarán jornadas de defensoría a las alcaldías, las cuales iniciarán en Miguel Hidalgo, como parte de una política de descentralizar la atención a la ciudadanía. “Se tiene que reforzar aún más la defensoría pública por las necesidades de la gente (…). Es una tarea fundamental de la Consejería Jurídica que hacemos con una visión feminista, incluyente y diversa”, puntualizó.

Se refirió al trabajo realizado conjuntamente con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México para dar certeza jurídica al patrimonio de las familias y a la tenencia de la tierra. Como parte del protocolo, las fuerzas políticas plantearon diversas preguntas a la servidora pública, quien después dio respuesta a cada una. –sn–