Un nuevo video relacionado con el contrato de credenciales del INE exhibe reuniones entre Guadalupe Taddei y proveedores. Grabaciones y documentos difundidos señalan presuntos acuerdos económicos y beneficios familiares.
Por Gustavo García | Reportero
La adjudicación del contrato para producir las credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó nuevamente bajo escrutinio tras la difusión de nuevas imágenes y grabaciones de LatinUs relacionadas con Guadalupe Taddei, quien encabezó el organismo, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, representante de la empresa Cajas Graf.
El material difundido en el noticiario del periodista Carlos Loret de Mola muestra reuniones privadas y celebraciones entre funcionarios electorales y proveedores que participaron en el proyecto de producción de identificaciones electorales, cuyo valor fue reportado en aproximadamente 71 millones de dólares, equivalentes a mil 300 millones de pesos.
Las revelaciones también incluyen conversaciones y señalamientos sobre un presunto reparto de beneficios económicos, porcentajes y compromisos relacionados con negocios realizados mediante contratos vinculados con recursos del organismo electoral.
Contrato millonario bajo escrutinio
Una de las grabaciones difundidas muestra una reunión realizada en diciembre de 2025 en la residencia de Hernández Casillas, donde participaron proveedores y funcionarios relacionados con el proyecto de fabricación de credenciales.
Entre los asistentes identificados aparece Fernando Marón Kahwagi, vinculado con Cosmocolor, además de servidores públicos del INE. Durante el encuentro, el empresario agradeció el respaldo de Taddei para el desarrollo del proyecto.
El contrato contempló la producción de aproximadamente 94 millones de credenciales para votar, con vigencia proyectada hasta 2031, de acuerdo con información difundida sobre la adjudicación.
En el esquema también participó Talleres Gráficos de México, organismo que reconoció haber subcontratado con empresas privadas parte de los trabajos relacionados con la producción de las identificaciones.
La participación de proveedores privados y los vínculos entre sus representantes y funcionarios electorales abrieron cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación, supervisión y posibles conflictos de interés.
Señalamientos sobre reparto de beneficios
Las nuevas revelaciones se sumaron a materiales difundidos por Latinus y La Saga, en los que se presentaron conversaciones atribuidas a Hernández Casillas y referencias a una libreta con porcentajes de distribución entre integrantes de la familia de Taddei.
En otra publicación relacionada con las grabaciones, se expusieron señalamientos sobre presuntos pagos de deudas familiares mediante operaciones vinculadas con contratos electorales.
Sin embargo, las afirmaciones sobre el supuesto reparto de dinero y los porcentajes mencionados corresponden a declaraciones y materiales difundidos por medios de comunicación. Su contenido requiere corroboración documental y pericial para establecer si existieron transferencias, beneficiarios y responsabilidades.
El 29 de octubre también se difundieron tres grabaciones en las que Hernández Casillas conversa sobre la incorporación de personas a distintas áreas del INE y reclama que algunos funcionarios dejaron de atenderlo.
Durante una de esas conversaciones aparecen referencias a Jesús Octavio García González, quien anteriormente se desempeñó como representante legal de Cajas Graf y posteriormente ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración del organismo electoral.
En otra grabación, el empresario aseguró que los hijos de Taddei habrían recibido propiedades y beneficios relacionados con negocios realizados con recursos del instituto. También mencionó facturas por seis millones de pesos, sin que esas declaraciones constituyan por sí mismas pruebas de una operación irregular.
Investigaciones y salidas en el INE
La controversia provocó movimientos dentro del organismo electoral. El director de Recursos Materiales, Mario Burciaga, dejó su cargo después de la difusión de imágenes relacionadas con el festejo por la adjudicación del contrato.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en contrataciones del INE y otros organismos electorales, incluidos posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
El 27 de octubre, la consejera Blanca Yassahara Cruz García informó que el Consejo General acordó promover una revisión exhaustiva, independiente y transparente de las actuaciones institucionales, mediante el Órgano Interno de Control y en coordinación con la ASF.
Posteriormente, información difundida por Aristegui Noticias señaló que el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, reportó ante la Cámara de Diputados la existencia de 18 expedientes de investigación y cinco funcionarios imputados por presuntas irregularidades.
La revisión deberá determinar si existieron responsabilidades administrativas o posibles conductas ilícitas en los procedimientos de contratación y en las relaciones entre servidores públicos y proveedores. –sn–
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