La Ley de Economía Digital ya entró en vigor en México. Conoce qué establecimientos podrían dejar de aceptar efectivo, qué decidirá Hacienda y cuándo comenzarán los cambios en gasolineras y casetas.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entró en vigor este 5 de noviembre y abre la posibilidad de que algunos establecimientos en México dejen de aceptar dinero en efectivo, para operar exclusivamente con tarjetas, transferencias bancarias y otros medios electrónicos.
La medida no significa que desaparecerán los billetes y monedas ni que todos los comercios deban rechazar el efectivo de inmediato. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores económicos y actividades en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de cobro.
Entre las actividades que el gobierno federal ha planteado incorporar inicialmente se encuentran las gasolinerías y las casetas de peaje. Sin embargo, su inclusión y los plazos para abandonar gradualmente el efectivo dependerán de las disposiciones que emitan las autoridades.
¿Qué cambia con la Ley de Economía Digital?
El decreto publicado el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un marco legal para impulsar el uso de medios de pago digitales y electrónicos en operaciones comerciales y trámites gubernamentales.
La legislación contempla diferentes mecanismos para realizar transacciones sin utilizar dinero físico, entre ellos:
- Tarjetas de débito y crédito.
- Transferencias bancarias.
- Códigos QR.
- Dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC).
- Domiciliaciones bancarias.
- Otros mecanismos electrónicos que reconozcan las autoridades.
El artículo 13 establece que Hacienda tendrá la facultad de determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que estos instrumentos podrán convertirse en la única forma de pago.
Por tanto, la aplicación de la ley dependerá de las decisiones posteriores de la dependencia y de las disposiciones administrativas que regulen cada actividad económica.
¿Dejarán de aceptar efectivo en gasolinerías y casetas?
Las estaciones de servicio y las casetas de peaje figuran entre los primeros sectores señalados por el gobierno federal para impulsar la transición hacia los pagos electrónicos.
En el caso de las gasolinerías, los consumidores podrían necesitar tarjetas bancarias, transferencias o mecanismos digitales para cubrir el combustible, mientras que en las carreteras el pago de peaje también podría realizarse exclusivamente mediante estos instrumentos.
No obstante, el decreto no establece directamente que todas las gasolinerías y casetas deban rechazar el efectivo desde su entrada en vigor.
La decisión corresponde a Hacienda, que deberá publicar la relación de sectores y actividades sujetos a esta modalidad. Posteriormente, las autoridades competentes establecerán las condiciones de operación y los periodos para realizar la transición.
La posibilidad de incorporar otras actividades económicas también está contemplada en la legislación.
¿Cuándo comenzarán a aplicarse los cambios?
La nueva legislación establece dos plazos de 15 días hábiles para poner en marcha las disposiciones.
El primero corresponde a Hacienda, que deberá determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán ser el único medio aceptado.
El segundo comenzará después de que se publique esa determinación. Las autoridades responsables de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas correspondientes.
Estas reglas deberán precisar:
- Las condiciones para recibir pagos electrónicos.
- Los requisitos que deberán cumplir los establecimientos.
- Las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios.
- Los mecanismos de operación.
- Los plazos para sustituir gradualmente el efectivo.
Por ello, aunque la ley ya está vigente, la eliminación del efectivo en determinadas actividades dependerá de la publicación de las reglas específicas.
¿Qué pasará si falla el sistema de pago electrónico?
La legislación contempla una excepción para evitar que los consumidores queden imposibilitados para realizar operaciones cuando existan problemas técnicos.
El artículo 15 establece que, cuando una contingencia impida recibir pagos digitales o electrónicos, se permitirá utilizar efectivo o cheque.
Esta disposición contempla circunstancias extraordinarias que afecten temporalmente la infraestructura, los sistemas o los servicios necesarios para procesar las transacciones.
Sin embargo, el artículo 16 establece que las fallas no podrán utilizarse de manera permanente o recurrente para incumplir las obligaciones de aceptación de pagos digitales.
Es decir, los establecimientos que queden sujetos al esquema de pago exclusivamente electrónico deberán contar con infraestructura funcional y mecanismos para atender las contingencias.
¿Los comercios y pequeños negocios también tendrán que dejar el efectivo?
La ley no establece que todas las tiendas, mercados, restaurantes o establecimientos comerciales deban abandonar inmediatamente el dinero físico.
El artículo 11 señala que los proveedores de bienes y servicios podrán implementar medios de pago digitales y electrónicos, mientras que el artículo 13 faculta a Hacienda para determinar las actividades en las que estos instrumentos podrán ser obligatorios como única forma de cobro.
Esto significa que los pequeños negocios no quedan automáticamente sujetos a una prohibición general del efectivo.
Sin embargo, aquellos que sean incorporados posteriormente a los sectores estratégicos deberán ajustarse a las disposiciones correspondientes.
¿Qué cambia para los pagos de trámites gubernamentales?
Otro de los cambios importantes involucra a las dependencias y organismos de los tres órdenes de gobierno.
El artículo 10 establece que las autoridades federales, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para aceptar pagos digitales y electrónicos en la atención de trámites y servicios.
La disposición también contempla habilitar infraestructura, informar a los usuarios sobre los mecanismos disponibles y atender las contingencias que impidan procesar las operaciones.
Con ello, la legislación busca ampliar las alternativas para cubrir contribuciones, derechos y servicios públicos mediante herramientas electrónicas. –sn–


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