La Corte Interamericana mantiene bajo supervisión el caso de Jorge y Gerardo Tzompaxtle y Gustavo Robles. México tiene pendientes cinco medidas de reparación por detención arbitraria, arraigo y prisión preventiva.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Estado mexicano mantiene pendientes cinco de las ocho medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, detenidos arbitrariamente en enero de 2006 y sometidos a arraigo y prisión preventiva durante más de dos años.
Entre las obligaciones incumplidas se encuentran eliminar el arraigo de naturaleza preprocesal, adecuar la legislación sobre prisión preventiva, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y garantizar atención médica y psicológica a las víctimas.
La situación fue revisada por el tribunal internacional en una resolución de supervisión del 15 de octubre de 2026, en la que mantuvo abierto el procedimiento de cumplimiento de la sentencia. México deberá presentar un informe actualizado sobre las medidas adoptadas a más tardar el 1 de marzo de 2027.
Corte IDH mantiene cinco reparaciones pendientes
El caso se remonta al 12 de enero de 2006, cuando Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, junto con Gustavo Robles López, fueron detenidos por agentes policiales en la carretera México-Veracruz.
Durante el proceso penal fueron privados de su libertad, permanecieron incomunicados y estuvieron sujetos a la figura del arraigo por más de tres meses, además de enfrentar prisión preventiva durante más de dos años.
En su sentencia del 7 de noviembre de 2022, notificada al Estado mexicano en enero de 2023, la Corte IDH determinó que se violaron sus derechos a la libertad e integridad personales, las garantías judiciales y la protección judicial.
Por ello, ordenó medidas de reparación integral para las víctimas y modificaciones al marco jurídico mexicano, con el propósito de evitar que otras personas enfrenten situaciones similares.
Entre las cinco obligaciones que continúan pendientes se encuentran:
- Eliminar las disposiciones sobre arraigo de naturaleza preprocesal.
- Adecuar el ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Proporcionar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico gratuito a las víctimas que lo requieran.
- Publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Arraigo y prisión preventiva, en el centro del incumplimiento
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización civil que representa y acompaña a las víctimas, cuestionó que el Estado mexicano mantenga figuras jurídicas que la Corte IDH ordenó adecuar a los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización señaló que el arraigo continúa contemplado en el artículo 16 de la Constitución para casos de delincuencia organizada, pese a la obligación de eliminar las disposiciones relativas a su aplicación preprocesal.
También cuestionó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, mediante la reforma al artículo 19 constitucional publicada el 31 de diciembre de 2024.
La modificación incorporó nuevos delitos a los supuestos de aplicación automática de esta medida cautelar, lo que, de acuerdo con la organización, profundizó el problema que la Corte Interamericana ya había identificado en el caso.
Cada reforma que amplía esta figura, sostuvo la Red Solidaria, no solamente incumple la sentencia, sino que profundiza las violaciones declaradas por el tribunal internacional.
La organización advirtió que actualmente más personas están expuestas a permanecer privadas de la libertad sin que un juez valore individualmente la necesidad de imponer esa medida, como ocurrió con Jorge Marcial, Gerardo y Gustavo. –sn–
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