Grupo Pryse acumuló 246 contratos por 12 mil 900 millones de pesos con 28 instituciones públicas entre 2019 y 2026, según una investigación periodística que cuestiona la concentración de servicios de seguridad privada.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Grupo Pryse acumuló contratos públicos por 12 mil 900 millones de pesos entre 2019 y 2026, de acuerdo con una investigación del periodista Víctor Hugo Arteaga.
La empresa obtuvo 246 adjudicaciones de 28 instituciones gubernamentales, principalmente para servicios de seguridad privada subrogada, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Al incorporar el impuesto al valor agregado (IVA), los recursos comprometidos rondarían los 15 mil millones de pesos, según los datos presentados por el periodista en una entrevista con Aristegui en Vivo.
La investigación también documentó la concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores, el crecimiento de las adjudicaciones durante 2025 y las inhabilitaciones administrativas que enfrentó la compañía.
IMSS concentra contratos millonarios
Entre las instituciones que contrataron a Grupo Pryse figuran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar, Caminos y Puentes Federales (Capufe), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Tren Maya y la Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con las cifras expuestas por Arteaga, el IMSS concentra 39.5 por ciento de las contrataciones, mientras que IMSS-Bienestar representa 24.1 por ciento, con tres mil 107 millones de pesos.
Capufe aparece con dos mil 98 millones de pesos, equivalentes a 16.3 por ciento, y el AICM con 925 millones, que representan 7.2 por ciento del monto analizado.
El Tren Maya también figura entre los clientes gubernamentales, con contratos por 185 millones de pesos.
El periodista señaló que en México existen cinco mil 124 empresas que podrían proporcionar servicios de seguridad subrogada, pero cuestionó que las contrataciones públicas se concentren en apenas tres o cuatro proveedores.
Adjudicaciones crecieron durante 2025
El crecimiento de Grupo Pryse se aceleró durante 2025. En ese ejercicio recibió 70 contratos por cinco mil 552.9 millones de pesos, cantidad equivalente a 43 por ciento del monto acumulado durante el periodo investigado.
Para 2026, las adjudicaciones registradas sumaban mil 525.7 millones de pesos.
Además, la compañía figuraba entre las participantes de una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, por 646 millones de pesos, cuyo procedimiento estaba previsto para el miércoles 11 de noviembre.
De obtener ese contrato, la empresa superaría los dos mil millones de pesos en adjudicaciones durante 2026.
Cuestionan participación de accionista mayoritaria
Otro aspecto de la investigación se relaciona con Silvia Muciño Negrete, identificada por Arteaga como accionista mayoritaria de Grupo Pryse, con una participación de 51 por ciento.
El periodista explicó que el equipo de investigación verificó el domicilio registrado por la empresaria, de 90 años, así como las instalaciones corporativas de la compañía en Jiutepec, Morelos.
Según su relato, el domicilio que aparece en la documentación de identificación de Muciño Negrete corresponde a un departamento ubicado encima de una tienda de abarrotes y un depósito de cerveza.
La investigación busca establecer cuál es su participación efectiva en la administración de la compañía y si ejerce las facultades correspondientes a su posición como accionista mayoritaria.
Arteaga también informó que un especialista en grafoscopía forense revisó firmas atribuidas a Muciño Negrete en documentos relacionados con contratos gubernamentales y las comparó con la rúbrica de su credencial para votar.
El especialista manifestó dudas sobre la correspondencia entre algunas de esas firmas. Sin embargo, el periodista reconoció que la edad de la accionista podría influir en la manera de realizar su rúbrica.
Hasta el momento de la entrevista, el equipo periodístico buscaba establecer contacto con Muciño Negrete para conocer su versión.
La investigación también identificó que no todos los contratos llevan su firma. En el instrumento 014-5/2023, celebrado con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aparecen como firmantes Salvador Tapia Damián, representante legal de la empresa, y Edgar Daniel Islas Rodríguez y Amanda Viridiana Mata Almanza, en calidad de apoderados. –sn–
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