La Suprema Corte ordenó revisar la reclamación de indemnización de una mujer chinanteca que permaneció 78 días en prisión y cuya condición indígena, edad y barreras lingüísticas no fueron valoradas adecuadamente.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar el reclamo de responsabilidad patrimonial del Estado presentada por Carmen, una mujer indígena chinanteca que permaneció 78 días en prisión preventiva por una acusación de peculado y posteriormente obtuvo su libertad por falta de elementos para procesarla.
El máximo tribunal determinó que el caso debe analizarse con perspectiva intercultural, de género e interseccional, debido a que la afectada es adulta mayor, pertenece a una comunidad indígena y únicamente habla su lengua materna.
La resolución obliga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a emitir una nueva sentencia y valorar integralmente las pruebas, así como las condiciones culturales y lingüísticas que enfrentó Carmen durante su participación en un programa social y los procedimientos posteriores.
El origen de la acusación
El caso comenzó en 2012, cuando Carmen se incorporó a un grupo comunitario que participó en el Programa Opciones Productivas, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, para desarrollar un proyecto de reproducción y crianza de cerdos.
Los recursos económicos fueron entregados al representante del grupo. Después de una auditoría y ante la falta de comprobación del proyecto, la dependencia presentó una denuncia penal contra sus integrantes por el presunto delito de peculado.
La orden de aprehensión contra Carmen se ejecutó en junio de 2019. La mujer permaneció 78 días en prisión preventiva, hasta que el 11 de noviembre de ese año un juzgado de Distrito en Oaxaca dictó un auto de libertad por falta de elementos para procesarla.
De acuerdo con los antecedentes presentados por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Carmen no recibió explicaciones en su lengua materna sobre la naturaleza del programa, las obligaciones que asumía ni los posibles riesgos derivados de su participación.
Reclamó reparación por los daños
Después de recuperar su libertad, Carmen promovió una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado contra la Secretaría de Bienestar, con el propósito de obtener una indemnización por los daños ocasionados por su privación de la libertad y las actuaciones de las autoridades.
El 28 de mayo de 2024, la dependencia declaró infundada la reclamación. Posteriormente, la Décimo Primera Sala Regional del TFJA confirmó esa determinación mediante una sentencia del 10 de septiembre de 2025.
Entre los elementos que no fueron valorados adecuadamente estuvo un dictamen en materia de etnología que documentaba las condiciones culturales y de vulnerabilidad de la mujer.
La Sala consideró que el documento no reunía las formalidades necesarias para ser valorado como prueba pericial, pese a reconocer su importancia para comprender las circunstancias particulares de la reclamante.
Corte exige valoración con enfoque interseccional
Al resolver el amparo directo 44/2026, el Pleno de la SCJN determinó que el tribunal administrativo debía analizar las condiciones particulares de Carmen y evitar que las exigencias procesales se convirtieran en obstáculos para su acceso efectivo a la justicia.
La resolución también cuestionó que se trasladara a la mujer la obligación de demostrar la irregularidad de la actuación gubernamental, sin examinar adecuadamente las pruebas relacionadas con la responsabilidad de las autoridades.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la persona reclamante debe acreditar el daño sufrido y su relación con la actividad administrativa, mientras que corresponde al Estado demostrar, en los términos legales, que los daños no fueron consecuencia de una actuación administrativa irregular.
Por ello, la nueva resolución deberá considerar si las autoridades adoptaron medidas suficientes para garantizar que Carmen comprendiera, en su propia lengua y conforme a su contexto cultural, las condiciones del programa social y las responsabilidades relacionadas con su participación.
La SCJN concedió el amparo para dejar sin efectos la sentencia impugnada y ordenar una nueva valoración de las pruebas, incluida la relacionada con el contexto etnológico de la mujer.
La decisión no representa todavía una condena al Estado ni garantiza automáticamente el pago de una indemnización. El TFJA deberá resolver nuevamente la reclamación y determinar si existen elementos para reconocer la responsabilidad patrimonial y reparar los daños reclamados. –sn–
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