La ONU reconoció la decisión de Gavin Newsom de sustituir las penas capitales por prisión perpetua, pero advirtió que el encarcelamiento sin posibilidad de libertad condicional también plantea problemas frente a las normas internacionales de derechos humanos.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, reconoció la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de iniciar la conmutación de las 548 condenas a muerte vigentes en ese estado de Estados Unidos.
El experto consideró que la medida representa un avance en materia de derechos humanos, al eliminar la amenaza de ejecución y el sufrimiento psicológico que enfrentan las personas condenadas y sus familias.
«Celebro esta decisión, que elimina la amenaza de ejecución y el sufrimiento que inflige a las personas condenadas a muerte y a sus familias», expresó Tidball-Binz.
El pronunciamiento se produjo después de que Newsom anunciara, el 5 de noviembre, que utilizaría sus facultades constitucionales de clemencia para sustituir todas las sentencias de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Revisión de las condenas
El proceso comprende a 548 personas condenadas a muerte. Sin embargo, la medida todavía requiere completar los procedimientos legales correspondientes para entrar plenamente en vigor.
De acuerdo con la información del gobierno de California, 382 casos necesitan una recomendación previa de la Corte Suprema estatal, debido a que las personas sentenciadas tienen más de una condena por delitos graves.
El gobernador solicitó al máximo tribunal que emitiera sus recomendaciones antes de finalizar 2026, con el propósito de completar las conmutaciones antes de concluir su mandato.
California no ha ejecutado a ninguna persona desde 2006 y mantiene una moratoria sobre la aplicación de la pena capital desde 2019, cuando Newsom asumió el gobierno estatal.
Cuestionan prisión perpetua
Aunque reconoció el alcance de la decisión, Tidball-Binz advirtió que sustituir la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional no representa una solución definitiva desde la perspectiva del derecho internacional.
El relator sostuvo que mantener a una persona encarcelada de por vida sin mecanismos para revisar su sentencia también puede contravenir las normas internacionales de derechos humanos.
Recordó que su informe sobre la pena capital concluyó que la permanencia prolongada e indeterminada en el corredor de la muerte, sin alternativas reales de revisión o liberación, vulnera los artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A su juicio, el mismo criterio debe aplicarse a las condenas que sustituyan las sentencias capitales. –sn–
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