La ONU advirtió que el crimen organizado provoca cierres escolares, deserción, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores en México.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La violencia del crimen organizado está vulnerando de manera sistemática el derecho a la educación, la salud y la seguridad de miles de familias en México, mediante el cierre de escuelas, el abandono escolar, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, advirtió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, aprobadas el 13 de noviembre de 2026, el organismo recomendó al Estado mexicano adoptar una política nacional para prevenir el reclutamiento de menores por grupos delictivos, fortalecer la protección de la infancia y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en las comunidades afectadas por la violencia.
El documento, identificado como E/C.12/MEX/CO/7, también advierte sobre la interrupción de servicios médicos, las amenazas, las extorsiones y la pérdida de empleos y medios de subsistencia, situaciones que profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, particularmente en zonas rurales e indígenas.
Reclutamiento de menores y violencia contra la infancia
El Comité manifestó preocupación por el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales, así como por las desapariciones, la explotación sexual y la trata de personas, sin que quienes sufren estas agresiones sean reconocidos plenamente como víctimas.

Ante este escenario, recomendó establecer una política nacional de prevención que incluya estrategias comunitarias, con participación de organizaciones de la sociedad civil y de agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia.
También pidió priorizar las investigaciones y sanciones por desapariciones, feminicidios y otros delitos contra menores, además de establecer mecanismos de protección coordinados entre las autoridades federales, estatales y municipales.
El organismo señaló que la respuesta institucional debe considerar las condiciones de vulnerabilidad relacionadas con la edad, el género, el origen indígena o afromexicano, la discapacidad y la residencia en comunidades rurales o alejadas.
Violencia criminal interrumpe clases y servicios de salud
La inseguridad también afecta directamente el funcionamiento de las escuelas y los servicios médicos. El Comité advirtió que los bloqueos y las restricciones de movilidad impiden que el personal sanitario llegue a determinadas comunidades, lo que interrumpe campañas de vacunación y tratamientos especializados.
Por ello, recomendó garantizar la continuidad de los servicios esenciales en todo el territorio nacional mediante la presencia de autoridades civiles, así como establecer medidas de protección individual y colectiva para el personal encargado de proporcionarlos.

Asimismo, solicitó evaluar, por entidad federativa y municipio, los efectos de la violencia sobre los derechos económicos, sociales y culturales, con participación de las comunidades afectadas y organizaciones civiles.
Otro señalamiento se refiere a la posible complicidad de servidores públicos con organizaciones delictivas. El Comité expresó preocupación por la falta de información sobre investigaciones y condenas relacionadas con esa presunta colusión.
Ante ello, pidió investigar con prontitud las denuncias, llevar ante la justicia a los responsables y garantizar la reparación integral de las víctimas.
Desapariciones provocan abandono escolar y pérdida de ingresos
Las consecuencias de la violencia también alcanzan a las familias de personas desaparecidas. El organismo internacional advirtió que las mujeres que buscan a sus familiares pueden perder sus empleos, ingresos, vivienda y afiliación a la seguridad social.
La situación repercute directamente en sus hijos, quienes enfrentan abandono escolar, pérdida de redes de apoyo y oportunidades de desarrollo, además de quedar expuestos al acoso y a distintas formas de violencia desde edades tempranas.
Para atender esta problemática, el Comité recomendó garantizar a las familias, independientemente de la entidad federativa donde residan, apoyos económicos, vivienda, atención médica y psicológica, protección laboral y continuidad educativa para los menores.
También solicitó restablecer por ley un presupuesto mínimo irreductible para la atención integral de víctimas y asegurar que todas las entidades federativas dispongan de comisiones y fondos suficientes para brindar asistencia. –sn–


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