El gasto promedio por delitos en la entidad superó los 68 mil pesos por unidad económica en 2023, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE).

Por Tomás Enríquez | Corresponsal

En Querétaro, el impacto de la inseguridad sobre las empresas creció de manera significativa en los últimos dos años. Durante 2023, el costo promedio por delitos alcanzó los 68 mil 919 pesos por unidad económica, un incremento del 6.7% respecto a 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La percepción de inseguridad también se incrementó en la entidad, al pasar del 41% en 2021 al 44.3% en 2023. Aunque este indicador se mantiene por debajo del promedio nacional del 69.4%, muestra un deterioro en la confianza de los empresarios queretanos.

Los delitos más frecuentes que afectaron a las empresas fueron la extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes. Estas cifras coinciden con las tendencias nacionales, donde estos ilícitos también lideraron la lista de incidencias.

La tasa de prevalencia delictiva en Querétaro fue la tercera más alta del país, con 3 mil 462 empresas afectadas por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa un aumento del 7.5% respecto a los 3 mil 220 reportados en 2021.

Querétaro supera la media nacional en costos por delitos

A nivel nacional, el costo promedio de los delitos para las empresas se situó en 54 mil 451 pesos, significativamente menor al gasto registrado en Querétaro. Este dato posiciona a la entidad entre las más afectadas económicamente por la inseguridad.

Los sectores más vulnerables fueron el comercio, con un 31.5% de las unidades económicas afectadas, seguido de la industria manufacturera con un 21.6%, y el sector servicios con un 24.2%. Las empresas manufactureras, en particular, destinaron 98 mil 654 pesos en promedio a medidas de protección y pérdidas relacionadas con el delito.

El transporte de productos en carretera o autopista fue identificado como la actividad más insegura para las empresas, con un 52.2% de percepción de riesgo. A esta le siguieron el traslado en corredores industriales con el 43.2%, y las operaciones de compra-venta en centrales de abasto con un 41.3%.

Comparativa nacional y percepción de corrupción

Entre los estados con mayores índices de percepción de inseguridad empresarial, Guanajuato lideró con el 78.2%, seguido de Tabasco con el 73.7% y Morelos con el 72.5%. En contraste, Querétaro se posicionó como uno de los estados con menor afectación por el comercio informal, con solo un 12.3% de incidencia, mientras que el Estado de México encabezó este rubro con un 26%.

Las empresas señalaron a la policía de tránsito como la autoridad más corrupta, con un 69.9% de percepción negativa. Los jueces y ministerios públicos también fueron catalogados como instituciones con altos niveles de corrupción, con el 62.3% y 59.5%, respectivamente.

Por el contrario, los empresarios mostraron mayor confianza en la Marina, con un 87.6%, seguida del Ejército con un 85.5%, y la Guardia Nacional con un 76.5% de aprobación.

Impacto económico y social en Querétaro

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas reveló que el gasto en medidas de protección y los costos derivados de los delitos siguen siendo una carga significativa para las empresas queretanas. Este panorama afecta no solo la economía local, sino también la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo.

El incremento en la percepción de inseguridad y el aumento de los costos por delitos reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad. Los sectores más afectados demandan medidas concretas que permitan reducir las incidencias y proteger las actividades económicas.

Hacia una solución integral

La ENVE 2023 evidenció que Querétaro enfrenta retos importantes en materia de seguridad empresarial. Aunque la confianza en instituciones como la Marina y el Ejército es alta, persisten áreas de oportunidad en las corporaciones locales y el sistema judicial.

Para revertir esta tendencia, expertos sugieren reforzar los mecanismos de prevención del delito, incrementar la inversión en tecnología de seguridad y promover la colaboración entre los sectores público y privado. Estas acciones podrían reducir los índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad en el estado. –sn–