El incremento de renuncias y ceses en la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado marca un récord en los últimos seis años.

Por Enoc Gutiérrez | Corresponsal

En el periodo comprendido entre 2019 y noviembre de 2024, Tabasco ha registrado la baja de mil 540 elementos en sus corporaciones policiales, de los cuales mil 403 correspondieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y 137 a la Fiscalía General del Estado (FGE). Este fenómeno ha alcanzado su punto más crítico en 2024, año que suma el mayor número de bajas desde el inicio del primer gobierno de Morena en la entidad.

Según datos oficiales proporcionados por la SSPC, el registro de bajas ha ido en aumento desde 2019. En aquel año, se reportaron 169 bajas, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 282. Hasta noviembre de 2024, el número de elementos dados de baja ya alcanzó los 284, marcando un máximo histórico en la corporación.

Entre las principales causas identificadas por la SSPC destacan las renuncias, los ceses, las defunciones y los dictámenes médicos que incapacitan a los elementos para continuar con sus funciones. Las renuncias lideran la lista con 628 casos durante todo el sexenio, seguidas por 281 ceses y un número menor de defunciones y jubilaciones.

Menor incidencia en la Fiscalía General del Estado

En contraste, la FGE reportó un total de 137 bajas en el mismo periodo. Al igual que en la SSPC, las renuncias ocupan el primer lugar con 72 casos, mientras que las defunciones suman 33 y las destituciones 31.

Pese a que la cifra es menor en comparación con la SSPC, el impacto acumulado en ambas instituciones refleja un déficit alarmante en las corporaciones encargadas de la seguridad y justicia en Tabasco.

Un fenómeno vinculado al aumento de la violencia

La suma de bajas entre ambas dependencias alcanzó su punto más alto en 2024, con 308 elementos dados de baja hasta noviembre. Este año también coincide con un repunte en los índices de violencia en el estado, incluyendo homicidios dolosos y desapariciones.

A pesar de la presencia de fuerzas federales en Tabasco, el incremento de actividades de grupos criminales ha afectado directamente a las instituciones encargadas de combatir el delito. Las renuncias masivas en ambas corporaciones reflejan un panorama complejo que incluye altos niveles de presión, riesgos laborales y carencias estructurales en las condiciones de trabajo.

Contexto histórico de las bajas

En el acumulado de seis años, las bajas en la SSPC y la FGE ascienden a mil 540, un fenómeno sin precedentes que no se había observado en administraciones previas. En 2019, el total de bajas en ambas instituciones fue de 195, cifra que contrasta significativamente con los números actuales.

La situación en Tabasco pone en evidencia los retos que enfrentan las autoridades locales para garantizar la estabilidad y operatividad de las corporaciones policiales. Según explicó Víctor Hugo Chávez Martínez, titular de la SSPC, la institución trabaja en medidas para mitigar este problema, aunque no se han detallado estrategias específicas.

El incremento sostenido en el número de bajas refleja no solo un desafío institucional, sino también el impacto de la violencia en la región. Expertos en seguridad coinciden en que es fundamental reforzar los recursos humanos y materiales de estas dependencias para enfrentar de manera efectiva el panorama actual.

Crisis de seguridad y proyecciones

El creciente número de bajas en las fuerzas policiales coincide con un aumento en las tasas de homicidios y desapariciones, lo que agudiza la percepción de inseguridad en la población. Analistas sugieren que la recuperación del tejido institucional será un proceso lento que requerirá coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Las autoridades de Tabasco han señalado la necesidad de implementar políticas públicas que reduzcan la carga de trabajo de los elementos policiales, mejoren sus condiciones laborales y refuercen la capacitación en un contexto de alta inseguridad.

Sin embargo, la falta de resultados inmediatos podría exacerbar la crisis de bajas, dejando a las corporaciones estatales en una situación de vulnerabilidad frente al avance del crimen organizado. –sn–