La Fiscalía de Justicia investiga a funcionarios y empresarios por corrupción inmobiliaria. Clara Brugada llama a colaboración legislativa.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene activas 55 líneas de investigación relacionadas con el llamado Cártel Inmobiliario, según confirmó la titular Bertha Alcalde Luján. Los expedientes abiertos incluyen delitos atribuidos a funcionarios públicos y empresarios.

La fiscal informó que existen actualmente 22 carpetas individuales y 33 bloques de casos que configuran una red de actos delictivos, no como hechos aislados sino como parte de un patrón estructurado de corrupción.

“Tenemos ya cuatro sentencias condenatorias y 16 investigaciones en proceso”, detalló Bertha Alcalde, quien afirmó que las pesquisas no se limitan a un solo periodo gubernamental ni a una alcaldía específica.

Las investigaciones abarcan desde directores generales de obras hasta accionistas y representantes de firmas inmobiliarias que habrían participado en construcciones irregulares.

Corrupción estructural

La funcionaria subrayó que la Fiscalía continuará actualizando la información conforme los casos avancen en sede judicial. Mencionó que los delitos investigados reflejan un “modus operandi estructural” con participación tanto pública como privada.

La mayoría de los hechos corresponde al periodo 2015-2018, aunque se revisan también etapas anteriores y posteriores, lo que evidencia la amplitud del entramado inmobiliario.

Los implicados enfrentan procesos por autorizar obras fuera de norma, alterar usos de suelo y manipular permisos con apoyo de figuras del sector privado.

Entre las prioridades de la Fiscalía se encuentra el análisis de zonas donde se ha detectado presión inmobiliaria y alteraciones sistemáticas del tejido urbano.

Puertas abiertas al Congreso

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital mantiene apertura para colaborar con diputadas y diputados federales interesados en conocer detalles del caso.

“Esta ciudad tiene las puertas abiertas a cualquier información sobre el Cártel Inmobiliario”, afirmó la mandataria capitalina, quien convocó a fortalecer la coordinación con el Congreso local.

Llamó a los legisladores a articular esfuerzos para revisar casos concretos y trazar acciones conjuntas frente al fenómeno de gentrificación y corrupción inmobiliaria.

Consideró esencial que la lucha institucional contra estas prácticas se nutra también con participación ciudadana.

Reformas contra la corrupción

Clara Brugada recordó que ya existe en la capital una legislación específica para frenar abusos del mercado inmobiliario. Esa norma, dijo, nació tras la revelación de las prácticas del citado cártel.

Invitó a diputadas y diputados a presentar propuestas que fortalezcan el marco legal existente y cierren espacios a la especulación urbana.

“Bienvenidas todas las propuestas que nos ayuden a mejorar nuestra lucha contra el Cártel Inmobiliario”, expresó.

Indicó que se dará atención prioritaria a edificios que operan con usos de suelo distintos a los permitidos, especialmente en zonas de alta densidad.

Zonas de conflicto urbano

El gobierno capitalino ha identificado diversas áreas donde los traspasos irregulares y la gentrificación han encarecido el costo de vida.

Estos movimientos han generado conflictos vecinales, desplazamientos forzados y pérdida de identidad comunitaria, denunció la mandataria.

Se revisarán los inmuebles intervenidos sin autorización y los permisos expedidos durante administraciones anteriores que avalaron usos no permitidos.

De acuerdo con datos oficiales, algunas de estas propiedades son operadas por consorcios que ocultaron información para obtener licencias.

Compromiso institucional

Bertha Alcalde Luján reiteró que la Fiscalía está comprometida con el combate a la corrupción inmobiliaria y seguirá documentando cada caso con base en pruebas sólidas.

Confirmó que varias de las investigaciones han derivado ya en imputaciones formales y vinculación a proceso de los implicados.

La Fiscalía continuará compartiendo datos públicos sobre estos procesos conforme lo permitan las etapas judiciales. El trabajo se coordina también con dependencias locales para garantizar la legalidad en futuras construcciones. –sn–

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