ONU reporta liberaciones de detenidos y persistente crisis de derechos humanos. Informe ante Consejo de Derechos Humanos.

Por Martín García | Reportero                                      

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó este lunes una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra. El informe incluyó el impacto político y social posterior a la intervención militar estadounidense ocurrida el 3 de enero de 2026. El funcionario internacional señaló que ese episodio marcó un nuevo escenario de tensiones y decisiones extraordinarias en el país sudamericano.

Tras esos hechos, las autoridades venezolanas declararon un estado de emergencia que modificó el entorno político y social del país. Informes recibidos por la oficina del alto comisionado indicaron que fuerzas de seguridad y grupos civiles armados realizaron acciones intrusivas bajo ese marco excepcional. Ese contexto generó un clima de temor entre sectores de la población venezolana.

El representante de la ONU solicitó a las autoridades revisar el decreto de emergencia con base en criterios de necesidad y proporcionalidad. La recomendación incluyó garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población. La exposición se realizó ante delegaciones internacionales reunidas en el órgano multilateral de derechos humanos.

Liberaciones y nueva ley

Durante su intervención, Volker Türk informó que el 19 de febrero se aprobó una nueva Ley de Amnistía en Venezuela. El funcionario lamentó que el documento legislativo se elaborara sin consulta amplia con todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, reconoció que la norma permitió la liberación de miles de personas detenidas.

Las autoridades venezolanas informaron que aproximadamente siete mil setecientas personas obtuvieron su liberación incondicional bajo esa ley. La oficina del alto comisionado solicitó acceso a la lista oficial de los beneficiarios y a varios centros de detención del país. Esa petición no obtuvo respuesta favorable hasta el momento de la presentación del informe.

El organismo confirmó la liberación de cerca de 950 personas que permanecían detenidas arbitrariamente. Entre los liberados se encontraron defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas. En ese grupo figuraron Javier Tarrazona, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel. –sn–

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